Chihuahua.- Las comunidades de la zona serrana en el estado de Chihuahua son las principales afectadas por el recorte del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, ya que se ha convertido en una de las principales fuentes de atracción de recursos que se refleja en infraestructura pública y proyectos para el beneficio de las comunidades.
De los 28 municipios involucrados o contemplados en este fondo, siete de ellos son los más afectados, según lo explicado por los propios alcaldes de las cabeceras municipales que informan que estos recursos son el principal sustento para generar obra pública o proyectos de inversión.
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Lugares como Ocampo, Guadalupe y Calvo, Cusihuiriachi, Chínipas, Madera, Urique y Santa Bárbara son los ayuntamientos que reciben de entre 10 y hasta 80 millones de pesos de este fondo federal de manera anual y que fue creado en 2014 con la entrada de la Reforma Energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Estos siete municipios recibieron sólo en 2017 la cantidad de 228 millones 580 mil pesos, que fueron aplicados en diferentes rubros para el beneficio de diferentes comunidades, con algunos trabajos de agua potable, pavimentación, techumbres, red eléctrica y otras obras que lograron realizar a través de los recursos de este fondo.
Aunque 28 municipios del estado de Chihuahua recibieron diferentes cifras por el apoyo del Fondo Minero, existen varias comunidades en el estado como el municipio de Ocampo, que cuentan con tres minas operando activamente y porque requieren de esta partida federal para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Este presupuesto desde 2014 al 2017 tuvo un incremento importante, pues de 242 millones 413 mil 629 pesos pasó a 452 millones 686 mil 369 pesos sólo para el estado de Chihuahua, que dentro de este mismo periodo recibió mil 278 millones 84 mil 501 pesos en tres años del programa.
Del total del recurso aplicado dentro de ese periodo, se aplicó 55 por ciento a obras de pavimentación de los 28 municipios involucrados con este fondo, mientras que un 19 por ciento de los ayuntamientos invirtieron los recursos a proyectos de red de agua potable y drenaje, principalmente en comunidades de la Sierra Tarahumara.
De igual forma se realizaron 330 obras en las que se contemplaron espacios públicos, red eléctrica, infraestructura ejecutiva y caminos y puentes, que fueron elaborados a través de los recursos otorgados por el fondo federal que entró en polémica hace unos días cuando el gobernador del estado Javier Corral Jurado se reunió con los alcaldes para analizar esta situación.
Según lo dicho por el gobernador, los más de 413 millones de pesos se destinarán a través de la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien determinará los montos y los estados y municipios que podrán ser los beneficiados de este programa a partir de 2019 en delante.
Parte de este dinero será utilizado para que el Gobierno Federal entregue lo que denominó “microcréditos”, en los que se prestará a la sociedad en general la cifra de 6 mil pesos por persona, para emprender proyectos productivos, y que deberán pagar de 500 pesos mensuales a lo que han denominado como “tandas”.
Aunque el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE), Luis Francisco Quiroga Fernández, dijo que los recursos del fondo minero se canalizarán de forma directa, sin intermediarios, y que el gobierno federal decidirá qué proyectos productivos se apoyarán.
"Detectamos una mejor manera para que los recursos llegaran más directamente a las comunidades, no venimos a confrontar visiones sino a sumar voluntades", enfatizó dijo el funcionario federal, quien adelantó que aún no se han publicado las nuevas reglas de operación, pero se busca que los recursos lleguen de una más rápida a los beneficiarios, además dejó en claro que sí encontraron inexactitudes en los reportes de producción para la asignación de los recursos.
Aclaró que respetará el enfoque que tiene el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sus 20 alcaldes, así como el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cisterna, quienes prefieren que el fondo se ejerza a través de los gobierno estatales y municipales, pero la óptica del gobierno federal es ejercer de manera directa enfocados a proyectos productivos que eleven las capacidades de las comunidades y les permita elevar su potencial educativo y financiero con la finalidad de que subsistan cuando el proyecto extractivo haya culminado su vida útil.
“Queremos hacer cambios al modelo, creemos que si queremos que las cosas cambien no podemos seguir haciendo lo mismo”, afirmó Luis Francisco Quiroga Fernández, quien agregó que muchos de los municipios integraban los recursos del fondo a sus presupuestos, usándolos más con fines políticos que sociales, por ello ahora se privilegiarán las acciones que les permita crecer a las comunidades.
El subsecretario reconoció que el sector está estancado porque han bajado los índices de la exploración, de atracción de inversión e incluso de exportación, por lo que dijo que el tema del fondo minero es sólo uno de los temas que se están trabajando tanto en el contexto federal y estatal como municipal.
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El Fondo Minero, creado con la reforma fiscal de 2013, cobra un impuesto especial a las mineras de 7.5% sobre sus utilidades más 0.5% de la venta de oro y plata, para destinarlo al desarrollo de comunidades cercanas a la extracción de minerales, “tiene que ir a las comunidades en específico”.
El funcionario mencionó que el fondo se asignaba de acuerdo con la producción reportada a la Dirección General de Minas, donde encontraron unas inexactitudes en los reportes, se ha depurado la información y los criterios con los que se pretende asignar el fondo tienen que ver con las comunidades que efectivamente viven la actividad minera, no sólo extracción, sino beneficio, procesamiento, transporte, empresas de jales y entorno donde viven.
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