Pueblos originarios y comunidades indígenas deben tener acceso a la justicia, y urge acabar con el rezago en la materia, advirtió el ombudsman de Jalisco Alfonso Hernández Barrón.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo lo anterior al encabezar el inicio del curso actualización en el sistema acusatorio adversarial para intérpretes-traductores en lenguas indígenas.

“Es un rezago histórico que hemos documentado desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos en varias recomendaciones; la última de ellas, la 40 de 2015, en donde de forma puntual seguimos señalando la carencia de peritos traductores en lengua y cultura indígenas que permitan no solo el dominio del tema del debido proceso y las garantías judiciales en general, sino también hacer efectivo el acceso a la justicia desde la perspectiva de los presuntos o las presuntas responsables, sino particularmente desde la perspectiva de la mayor protección a las víctimas”.

Hernández Barrón reconoció el esfuerzo y compromiso del delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Rogelio Azuara Echavarría, en favor de la atención a las personas que integran los pueblos originarios y comunidades indígenas, particularmente en el tema del acceso a la justicia. Indicó también que la asistencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y de diferentes dependencias a este curso de actualización, refleja el nivel de compromiso de las instituciones. “Este curso, sin duda, nos permitirá ir avanzando en este pago de una deuda histórica que tenemos con este sector tan vulnerable”.

El delegado de la CDI explicó que el curso actualización en el sistema acusatorio adversarial para intérpretes-traductores en lenguas indígenas tiene como objetivo dar a conocer las nuevas prácticas jurídicas y dotar de herramientas actualizadas a los intérpretes integrantes de los pueblos originarios, “a fin de garantizar el debido proceso al indiciado, imputado, víctima u ofendido en los procesos, de acuerdo con la normativa penal, así como garantizar los derechos fundamentales enmarcados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Azuara Echavarría destacó que el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos son una demanda y un reclamo generalizado de los pueblos indígenas. Y para apoyar a este sector de la población en el ejercicio de sus derechos y de acceso a la justicia, mediante el Programa de Derechos Indígenas, la CDI contribuye a que la población indígena sujeta a un proceso legal tenga acceso a la jurisdicción del estado conforme a derecho, apoyando la formación de intérpretes-traductores en lenguas indígenas para auxiliar a las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran a disposición de alguna autoridad judicial.