La justicia francesa debe decidir este miércoles si imputa y decreta eventualmente prisión preventiva para el fundador de Telegram, el franco-ruso Pavel Durov, tras su detención el sábado que generó críticas en el mundo.
Al multimillonario de 39 años, detenido en el aeropuerto de Le Bourget al norte de París, se le acusa de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada.
La compañía, que cuenta con 900 millones de usuarios, aseguró que "cumple las leyes de la Unión Europea" y que "es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables de los abusos".
Telegram se ha posicionado como una alternativa a las plataformas de mensajería estadounidenses, criticadas por su explotación comercial de los datos personales de los usuarios, defendiendo la confidencialidad.
La mensajería cifrada desempeña un papel clave en el contexto de la ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, y es utilizada activamente por políticos y observadores de ambos bandos.
Pero sus detractores acusan a Telegram de albergar contenidos a menudo ilegales, desde imágenes sexuales extremas a desinformación, pasando por servicios de compra de drogas.
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La justicia francesa había abierto una investigación el 8 de julio por complicidad en delitos organizados en la plataforma como narcotráfico, pornografía infantil, fraude y blanqueo en banda organizada, entre otros.
Su guardaespaldas y su asistente, que también fueron detenidos el sábado por la noche a su llegada a Francia junto a Durov, fueron puestos en libertad tras ser interrogados, según una fuente cercana al caso.
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El magnate podría seguir los pasos de sus trabajadores o bien acabar en prisión preventiva o con control judicial, si los jueces de instrucción deciden enviarlo ante el tribunal de París para su imputación.