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Aunque los atlas de riesgos son instrumentos que permiten identificar zonas y regiones que se encuentran en peligro potencial y vulnerabilidad ante desastres naturales, sólo 493 de los dos mil 469 municipios de México cuentan con este instrumento, es decir, 20 por ciento.
“Su ausencia dificulta que las autoridades puedan implementar medidas preventivas ante los desastres y las limita a ejecutar acciones correctivas, una vez que ya sucedieron los eventos, con un mayor número de pérdidas sociales y económicas”, revela un estudio elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y publicado en febrero de este año.
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El documento añade que no contar con los atlas también “podría significar autorizar la edificación de asentamientos en lugares no propicios y expondría a la población y al patrimonio, público y privado, a potenciales situaciones de riesgo”.
Sin embargo, al cierre del año 2020 ocho de cada 10 municipios en el país seguían sin contar con un atlas de riesgos.
De los 493 que sí tenían, 456 lo presentaron a partir del año 2011.
Todos los municipios del Estado de México cuentan con un instrumento de este tipo. Le siguen la Ciudad de México (con 81.3 por ciento de sus alcaldías con atlas de riesgos) y Baja California Sur y Colima, ambos con coberturas de 80 por ciento.
En el otro extremo, menos de cuatro por ciento de los municipios de San Luis Potosí y Guerrero contaban con este instrumento. En Guanajuato y Oaxaca la cobertura era de 6.5 por ciento; en Zacatecas, de 6.9 por ciento, y en Jalisco, de 8.8 por ciento.
Los atlas de riesgos constan de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Los instrumentos deben mantenerse por ley constantemente actualizados debido a la naturaleza dinámica del riesgo.
De acuerdo con el artículo 86 de la Ley General de Protección Civil, “en el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas de las entidades federativas y Municipales de Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas”.
Dichos instrumentos, agrega la legislación, “deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos”.
MÁS DESASTRES EN REGIONES SIN ATLAS
El estudio de la ASF número 1522-GB –que evalúa la agenda internacional y las acciones de México ante el cambio climático– agrega que en las últimas dos décadas (2000 a 2021) se emitieron dos mil 227 declaratorias de emergencia y 739 de desastre naturales en todo el país.
Las entidades federativas que registraron el mayor número de declaratorias fueron Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Chihuahua, las cuales presentan los mayores niveles de pobreza y de rezago social (con excepción de Chihuahua) y cuentan con asentamientos en lugares de riesgo, los que las hace vulnerables ante la posibilidad de desastres naturales.
El órgano fiscalizador añade que estos estados también “registran una baja cobertura de atlas municipales de riesgos, inferior a 20 por ciento”.
Los gobiernos estatales solicitan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal la emisión de una declaratoria de desastre cuando los daños por estos fenómenos rebasan la capacidad financiera y operativa de los municipios y las entidades federativas.
La emisión de la declaratoria por desastre natural permite a estas regiones acceder a recursos financieros, humanos e insumos por parte de la Federación para atender las consecuencias de los eventos climatológicos.
Por su parte, la declaratoria de emergencia se emite cuando la SSPC, por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), reconoce que uno o varios municipios, de una o varias entidades federativas, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una amenaza natural, por lo que se requiere prestar auxilio inmediato a la población en riesgo, indica la ASF.
Adicionalmente, se han emitido 413 declaratorias de contingencia climatológica o de desastre en el sector agropecuario. Éstas tienen como objeto apoyar a los trabajadores del campo, pesqueros y acuícolas de bajos ingresos para reincorporarlos a sus actividades en el menor tiempo posible tras ser afectados por un evento climático.
El estudio de la Auditoría añade que los fenómenos asociados con estas declaratorias de emergencia, desastre y contingencia climatológica se dividieron en dos mil 191 de carácter hidrometeorológico (92.1 por ciento), 148 geológicos (6.2 por ciento), 36 químicos (1.5 por ciento) y cuatro sanitarios (0.2 por ciento).
Los eventos hidrometeorológicos de mayor ocurrencia fueron lluvias, heladas, ciclones tropicales, granizadas, nevadas e inundaciones, que en su mayoría propiciaron declaraciones de emergencia, seguidas por declaraciones de desastre.
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