* En las tierras de Jalisco que colindan con el estado de Colima, la comunidad indígena de Ayotitlán mantiene un antiguo reclamo por el reconocimiento de su territorio ancestral. A partir de 1975, cuando comenzó a funcionar una mina de hierro que hoy es una de las más grandes del país, los pobladores de la región sumaron otro frente a su lucha.
* En esta sierra hay una reserva de la biósfera y, al mismo tiempo, varias concesiones mineras que aún no son explotadas. En estas tierras, en donde los ríos comienzan a ser cosa del pasado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha impuesto su ley. Desde hace más de una década, en Manantlán conviven la minería legal y la ilegal.
* Las amenazas en contra de quienes han levantado la voz para defender el territorio han sido permanentes, sobre todo a partir del 2012. Ese año, Celedonio Monroy Prudencio, uno de los líderes más visibles de la comunidad, fue desaparecido. En abril de 2021, a J. Santos Isaac Chávez se lo llevaron y días después apareció muerto. Lo mismo ha sucedido con otros habitantes de la zona, varios más se han visto obligados a dejar el territorio.
Celedonio Monroy Prudencio nació en territorio nahua, en donde el agua del arroyo de Mameycito era tan cristalina que podía beberse. Apenas tenía cinco años y ya había recorrido buena parte de la Sierra de Manantlán bajo la guía de su abuelo. Así que en su adolescencia ya conocía los caminos, los manantiales, los animales que ahí habitaban y empezaba a sembrar maíz con su padre para la cosecha familiar. La sierra y él se reconocían.
En el mismo año en que Celedonio Monroy nació, 1975, la minería llegó a la Sierra de Manantlán, territorio ubicado en los límites de los estados de Jalisco y Colima, en el occidente de México, en donde se encuentran grandes yacimientos de hierro y una importante zona forestal.
La lucha por defender su territorio siempre estuvo presente en la vida de Celedonio Monroy. Su abuelo Estanislao Prudencio, su tío Juan Monroy y su padre Liberato Monroy participaron en la defensa del bosque que se dio desde la década de los setenta y hasta los ochenta. En esos años, los indígenas nahuas hicieron marchas épicas desde la sierra hasta las oficinas de las autoridades forestales en La Huerta, Jalisco. Con sus movilizaciones lograron que los gobiernos federal y estatal enviaran policías para sacar a los taladores que no dejaban en paz a sus bosques.
Celedonio Monroy siguió los pasos de sus mayores. En su adolescencia, mientras estudiaba la telesecundaria, se unió a la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR). Después, migró a la ciudad de Colima para estudiar Ciencias Políticas y más tarde ingresó a la carrera de Derecho. Desde entonces, se distinguió por ser uno de los miembros de su comunidad mejor preparados, por eso, él era el encargado de escribir oficios y representar a la comunidad indígena de Ayotitlán en su lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral y en sus denuncias en contra de la tala ilegal y las afectaciones provocadas por la minería. Era uno de los líderes más visibles.
La noche del 23 de octubre de 2012, cuando tenía 37 años y después de una serie de amenazas, un grupo de hombres fuertemente armados llegó a su casa y se lo llevó por la fuerza. Desde aquella noche, el indígena nahua está desaparecido.
“El gobierno no hizo nada en busca de él cuando recién sucedió (su desaparición), pedimos garantías a todas las autoridades, pero nunca hubo. Hasta ahorita no hay nada”, dice uno de los familiares de Celedonio Monroy. Ellos no han dejado de buscarlo y reclamar justicia.
La desaparición del líder nahua desató una nueva y larga etapa de agresiones en contra de los habitantes de los pequeños poblados de la Sierra de Manantlán, territorio donde hace años la comunidad indígena de Ayotitlán no sólo reclama el reconocimiento de sus tierras ancestrales, también ha denunciado las afectaciones provocadas por la minería legal e ilegal de hierro. En los últimos años, además, es asediada por grupos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En su lucha por defender los manantiales, los ríos, el bosque, los cerros, sus tierras y la vida como la conocen, en la última década, la comunidad indígena de Ayotitlán ha padecido la desaparición y asesinato de otros de sus líderes e integrantes. Uno de ellos es J. Santos Isaac Chávez. A él lo mataron en abril de 2021. Los poblados de la región, además, llevan años denunciando las amenazas cotidianas y el despojo de tierras.
En esa región donde la presencia de la minería y de los grupos del crimen organizado está por todas partes, los habitantes de pequeñas comunidades se han visto forzados a salir del territorio
Reconocimiento del territorio, una lucha añeja
Para entender las causas detrás de la desaparición de Celedonio Monroy Prudencio y del asesinato de J. Santos Isaac Chávez, hay que conocer primero la historia de la comunidad indígena de Ayotitlán, la cual está conformada por varios poblados unidos por su identidad indígena y dispersos en el amplio territorio que hoy ocupa el ejido Ayotitlán, ubicado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco.
La historia de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán comienza mucho tiempo antes de que se creara el ejido. Académicos como el sociólogo Darcy Tetreault han documentado que, en 1696, la comunidad nahua-otomí recibió de la Corona española alrededor de 460 000 hectáreas que constituían la “República de Ayotitlán”. Durante el siglo XIX, la desamortización de los bienes comunales y la expansión de las haciendas redujo su territorio a menos de 10 000 hectáreas.
En La lucha en torno a la minería en Manantlán, Tetreault documenta que en 1921, los pobladores solicitaron la restitución de su territorio, pero fue hasta 1956 cuando esas tierras pasaron, por disposición de las autoridades agrarias, de régimen comunal a “dotación ejidal”, una de las dos formas de propiedad social que en México se crearon a partir de la reforma agraria.
Tuvieron que pasar casi diez años para que, en agosto de 1963, una resolución presidencial reconociera la creación del ejido y lo dotara con un poco más de 50 000 hectáreas, de acuerdo con los datos públicos disponibles en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.
En los hechos, los indígenas de Ayotitlán sólo recibieron 35 000 hectáreas. Fue por ello que, a partir de 1969, comenzaron una lucha jurídica para obtener el reconocimiento de su territorio. En 1971, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dio la razón y ordenó ejecutar la dotación de tierras que faltaban. Hasta ahora, eso no ha sucedido. Tres años después otra resolución presidencial otorgó al ejido Ayotitlán una ampliación por poco más de 10 000 hectáreas que, hasta ahora, tampoco se les han entregado.
Los ejidatarios de Ayotitlán luchaban por el reconocimiento de su territorio cuando, en 1975, el gobierno mexicano creó el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada. La paraestatal abrió la mina Peña Colorada y con ello inauguró la explotación de hierro en la Sierra de Manantlán, específicamente en terrenos ubicados en municipios que son vecinos, pero pertenecen a dos estados diferentes: Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, y Minatitlán, Colima.
Buena parte de la concesión que permite la explotación de la mina Peña Colorada está en el territorio del ejido Ayotitlán.
Seis años después de que abrió la mina, en 1981, los ejidatarios comenzaron a denunciar que la actividad minera provocaba contaminación del agua de sus ríos y daños al bosque. También exigieron que se les pagara por los minerales que se extraían de las tierras del ejido.
Los ejidatarios tomaron en varias ocasiones las instalaciones de la mina, sin que prosperara ningún acuerdo con la empresa. Desde entonces se notaba que la comunidad de Ayotitlán no estaba dispuesta a retroceder en la defensa de su territorio.
De paraestatal a una empresa privada
Desde 2005, tras la privatización de la paraestatal realizada años atrás por el presidente Carlos Salinas, el consorcio minero pertenece a dos trasnacionales del acero que poseen cada una el 50 % de las acciones: ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica y minera del mundo por producción, y Ternium, parte del grupo italoargentino Techint, que se presenta como la siderúrgica líder en Latinoamérica considerada por la revista Expansión en el lugar 37 de las empresas más importantes de México.
Anualmente, estas empresas extraen de Peña Colorada 4.1 millones de toneladas de pellet o hierro molido, lo que representa el 33 % del consumo anual de la industria en el país, y 0.4 millones de concentrado de hierro.
El presidente de ArcelorMittal es el magnate indio Lakshmi Mittal. En septiembre de 2023, la revista Forbes lo ubicó en el lugar 104 de los hombres más ricos del mundo. El italoargentino Paolo Rocca, dueño de Ternium, posee una de las mayores fortunas de Argentina de acuerdo con Forbes.
Uno de los ejidatarios que ha visto cómo el territorio de Ayotitlán comenzó a cambiar a partir de la llegada de la mina dice: “Operan la mina más grande, la más rica del país, en una de las zonas más pobres de México, con niveles de 90 % de marginación y pobreza extrema”.
En Cuautitlán de García Barragán, en donde se ubica el ejido de Ayotitlán y una parte de la mina Peña Colorada, 11.8 % de la población es analfabeta y el principal grado académico es la primaria. El municipio está clasificado con un alto grado de marginación, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Bienestar.
Convenios que generan división comunitaria
Los reclamos de los pobladores de la región en contra de la minera, que surgieron en la década de los ochenta, continuaron. En 1991, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada comenzó a celebrar diversos convenios con el Ejido Ayotitlán para realizar las actividades mineras en su territorio.
“Por estos convenios vigentes, Peña Colorada paga al ejido Ayotitlán aproximadamente 90 millones de pesos al año (alrededor de cinco millones de dólares, al tipo de cambio de septiembre de 2023), entre pagos directos y planes sociales”, aseguró el equipo de comunicación de la empresa en las respuestas que dio a un cuestionario enviado en junio de 2023.
La firma de estos convenios ha traído consigo la división en el ejido Ayotitlán y también entre las poblaciones de la región.
En esas mismas respuestas, la empresa apunta que los pagos se realizan a “los ejidatarios indicados por su asamblea, según el padrón vigente de aproximadamente 1400 ejidatarios a través de un depósito a las cuentas bancarias individuales”.
Al interior del ejido, varios de sus miembros señalan que el padrón de ejidatarios no se ha actualizado, ya que se sigue considerando a personas que ya están muertas y no se ha reconocido el derecho que tienen sus familiares. Además, denuncian que a partir de 2012, el grupo que controla al ejido toma las decisiones en forma unilateral y ha establecido acuerdos con la empresa minera sin tomar en cuenta a todos los integrantes del ejido.
Al interior de las pequeñas poblaciones de la región también hay molestia, porque el dinero de la mina sólo llega a los ejidatarios de Ayotitlán y el grupo que controla el ejido es el que ha avalado la expansión de la actividad minera. Muchos de los habitantes de esas poblaciones son los que hoy padecen la contaminación de sus ríos y la invasión de las tierras en donde siembran.
“A raíz de los acuerdos se da una división y discordia por la posesión de linderos y terrenos de bienes comunes”, explica Óscar González Garí, consejero jurídico de la Red Jalisciense de Derechos Humanos y quien por más de dos décadas ha acompañado como asesor a varias de las pequeñas poblaciones que forman la comunidad indígena de Ayotitlán.
La tierra del teocintle y de Celedonio
En 1979, científicos descubrieron que en la Sierra de Manantlán aún era posible hallar al teocintle (Zea diploperennis), especie identificada como el ancestro vivo más antiguo del maíz. Ese hallazgo impulsó que en 1987 el gobierno federal creara la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán en 139 577 hectáreas.
En la declaratoria también se exponen otras de las razones que se tomaron en cuenta para crear el área natural protegida, una de ellas fue que en esta sierra nace buena parte del agua que abastece a los habitantes de ocho municipios de la región. No en vano, a la sierra se le bautizó con el vocablo nahua Manantlán que significa “lugar de manantiales” o “lloraderos de agua”.
Pese a ser un área natural protegida, al menos 54.3 % de las 41 901 hectáreas que forman parte de la zona núcleo de la reserva están concesionadas para su explotación minera, de acuerdo con datos analizados por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
La declaratoria del área natural protegida tampoco ha logrado detener la tala ilegal, dice González Garí, de la Red Jalisciense de Derechos. Las zonas núcleo de la reserva se encuentran entre las más afectadas, pese a estar destinadas a la conservación del maíz ancestral. Integrantes del CJNG han deforestado estás zonas, aseguran fuentes consultadas.
Celedonio Monroy, al igual que sus ancestros, fue uno de los habitantes de la zona que siempre denunció a quienes entraban con camiones y se llevaban los troncos de árboles como cedro blanco, primavera, granadillo y rosa-morada. “Él se empecinó en la lucha por la preservación de los recursos naturales de la reserva y es el que se enfrenta al cacicazgo, los talamontes y la mina”, dice González Garí.
De 2009 a 2012, Celedonio Monroy ocupó el cargo de director de asuntos indígenas del ayuntamiento de Cuautitlán, desde donde impulsó la defensa de la Reserva de la Biósfera de Manantlán y la promoción de la Ley Estatal Indígena. En este proceso, participó como miembro del consejo consultivo de la Comisión Estatal Indígena (CEI), desde ahí también denunció la tala ilegal y las afectaciones provocadas por la actividad minera.
Veinticuatro días después de dejar el cargo en el CEI, lo desaparecieron.
El 23 de octubre de 2012, ocho hombres con el rostro cubierto y portando ropa militar ingresaron por la fuerza a la casa de Celedonio Monroy en Loma Colorada. Después de golpear y encañonar a su esposa, Blanca Esthela González Larios, se llevaron al defensor del territorio. Uno de los testigos fue asesinado pocos meses después, su cuerpo quedó tendido sobre el río Ayotitlán.
La desaparición de Celedonio Monroy, coinciden varios ejidatarios, fue un punto de quiebre para la comunidad indígena de Ayotitlán. Aquellos que se atrevían a denunciar la presencia de grupos criminales, la tala, las afectaciones de la minería fueron amenazados, hostigados y acechados. Muchos salieron desplazados de la región para salvar sus vidas, otros se replegaron.
“Que se lo llevaran infundió miedo; la lucha se paró porque se llevaron a nuestro compañero, era muy de lucha y no lo regresaron nunca. Fue como ir corriendo y de repente no poder ni caminar”, dice uno de los ejidatarios entrevistados para este reportaje.
Durante cerca de 18 meses, los integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán suspendieron los procesos legales que había en curso para echar atrás los convenios que el entonces comisariado ejidal había firmado con la empresa minera y que algunos ejidatarios consideraban fraudulentos.
La comunidad retoma sus exigencias
Meses antes de su desaparición, Celedonio Monroy informó a integrantes de su familia que estaba recibiendo amenazas. Un día de junio de 2012, por ejemplo, un grupo armado lo interceptó cuando viajaba de la comunidad de Telcruz a Ayotitlán; fue golpeado y amenazado de muerte. Por estos hechos presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Cuautitlán.
Esta alianza periodística tiene copia de esa denuncia, en ella se lee que Celedonio Monroy señaló a Faustino Cobián de los Santos y a Ernestino Ciprián Ocaranza entre los líderes del grupo responsable de la agresión. Estos dos hombres están entre los integrantes de la Comisión Ejidal Plural de Ayotitlán que, en julio de 2012, firmaron con la minera Peña Colorada un convenio de ocupación temporal en poco más de 801 hectáreas del ejido.
En 2013, la comunidad indígena de Ayotitlán presentó un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones mineras, autorizaciones ambientales, licencias de operación, usos de suelo, extracción de mineral y uso de agua, convenios de ocupación y la privación de posesión de bienes agrarios, construcción y operación en 1200 hectáreas.
El abogado Eduardo Mosqueda, quien acompaña legalmente a la comunidad, explica que en 2014, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo de Guadalajara otorgó una suspensión de pleno de los actos reclamados, es decir, la minera debía parar sus actividades. Eso no sucedió.
Un año más tarde, en julio de 2015, un grupo de unos 600 ejidatarios intentó hacer efectivo el cumplimiento del amparo, por lo que se plantaron en la entrada de la mina. Esa protesta terminó cuando el gobierno del estado de Colima envió a la policía estatal; 34 ejidatarios y el abogado Mosqueda fueron encarcelados acusados de secuestro, despojo y daños a propiedad ajena. Los ejidatarios salieron libres días después, cuando la minera les otorgó “el perdón”. El abogado permaneció durante nueve meses en un penal de máxima seguridad de Colima.
Desaparición y asesinato de otro líder
J. Santos Isaac Chávez fue uno de los pobladores de Manantlán que retomó la batalla legal para que el amparo ganado por la comunidad en 2014 se hiciera efectivo y, sobre todo, se empeñó en que el ejido de Ayotitlán tuviera una adecuada representación. Por eso, decidió postularse como presidente del comisariado ejidal, el órgano encargado de garantizar que se cumplan los acuerdos tomados en asamblea, representar al núcleo ejidal y administrar los bienes comunes del ejido.
Días antes de las elecciones, el 1 de abril de 2021, diez hombres vestidos de civil y que dijeron ser “del gobierno” llegaron a su casa en Telcruz. Él se escondió. Sus agresores amenazaron y golpearon a su esposa y a uno de sus hijos, por lo que Isaac Chávez salió del lugar donde se encontraba. Lo esposaron y se lo llevaron en su propio vehículo. Tres días después, encontraron la camioneta desbarrancada. Al interior estaba el cuerpo de quien era el candidato más fuerte para ser el presidente del comisariado ejidal de Ayotitlán.
“Fue el único candidato que se opuso abiertamente a la mina Peña Colorada y sus operaciones”, señaló la organización no gubernamental Global Witness en su informe Una década de resistencia, publicado en 2022.
Isaac Chávez había prometido que, de ganar la presidencia del comisariado para el periodo 2021-2023, iniciaría una lucha para actualizar el padrón del ejido y revisar los acuerdos que se tenían con la minera.
Roberto Cobián Gutiérrez ganó las elecciones para la presidencia del comisariado ejidal de Ayotitlán, miembros de la comunidad no estuvieron de acuerdo con el procedimiento ante las autoridades agrarias, explica el abogado Mosqueda. Hasta ahora, el ejido no tiene una representación formal.
Tras la desaparición y posterior asesinato de Isaac Chávez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la comunidad indígena de Ayotitlán ante “actos de violencia perpetrados por el crimen organizado”. Además, la comunidad ingresó como beneficiaria al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.
Cada seis meses, este mecanismo debe realizar una evaluación del riesgo en la región, según los acuerdos establecidos. Desde noviembre ha pospuesto la visita a la comunidad, asegura el abogado Mosqueda. La última fecha programada para la evaluación era la primera semana de febrero de 2023, pero se canceló por “falta de recursos”.
Esta alianza periodística solicitó desde mediados de agosto una entrevista con Enrique Irazoque, titular del Mecanismo de Protección. No se tuvo respuesta.
Los defensores del territorio víctimas de desaparición y asesinato en la Sierra de Manantlán son varios.
En 2017, el Congreso Nacional Indígena documentó los homicidios de Aristeo Flores Rolón y Nazario Aldama Villa, miembros del Consejo de Mayores de la comunidad indígena y que fueron asesinados en 2001 y 2003. También menciona el asesinato de Juan Monroy y José Luis Rosales Conteras de Ayotitlán.
En octubre de 2020, Rogelio Rosales Ramos fue asesinado. Era hijo único de Santos Rosales Contreras, un activo defensor de la región.
Cuatro meses después de la muerte de Isaac Chávez, se registró otro asesinato, el de Javier González Contreras. Él estaba organizando a más personas de la comunidad indígena de Ayotitlán para presentar denuncias sobre lo que se vive en la región. Era músico de profesión y apoyó en la campaña a Isaac Chávez.
En Sierra de Manantlán también se han presentado desapariciones temporales.
A mediados de 2022, hombres armados llegaron a la casa de un defensor, del cual se omite su nombre por seguridad. Ingresaron por la fuerza, lo golpearon y subieron a una camioneta. Diez minutos después repitieron la acción en el domicilio de otro de sus compañeros. Con los ojos vendados y las manos esposadas, fueron llevados a un lugar en donde el grupo esperó instrucciones vía telefónica. Horas más tarde los trasladaron “con el jefe”, un hombre de voz grave los interrogó sobre sus acciones en defensa del territorio y les reclamó su postura contra la mina. Después de día y medio, fueron liberados por sus captores.
Para tratar de entender estas olas de violencia hay que volver al territorio y a los intereses económicos que ahí se están moviendo.
Una sierra con minería legal e ilegal
Para este trabajo periodístico, GeoComunes —colectivo que acompaña a pueblos, comunidades, barrios, colonias u organizaciones de base que requieran de la producción de mapas para la defensa del territorio— realizó mapas que muestran las concesiones mineras que el Estado mexicano ha entregado en la región. Ahí es posible observar que casi todas las tierras del ejido Ayotitlán han sido concesionadas para la minería.
Las trasnacionales accionistas del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada han manifestado su interés por ampliar las operaciones de la mina Peña Colorada.
En junio y septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en distintas fechas con los propietarios de ArcelorMittal y Ternium. En octubre de ese mismo año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en 133 hectáreas donde había especies arbóreas de selva baja caducifolia y bosque de encino. El documento de la autorización, del cual se tiene una copia, señala que en esa zona el consorcio construirá el “Nuevo taller y terrero oriente” destinado a depósito de desechos minerales.
Un año después, la Semarnat entregó al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada dos autorizaciones más para cambio de uso de suelo en terrenos forestales en el municipio de Minatitlán, Colima, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información realizada por este equipo periodístico. En la información entregada por la dependencia no es posible conocer cuántas hectáreas forestales incluyen estas autorizaciones.
En el camino Ramal Cerro de Los Juanes, que conduce a unas oficinas del consorcio minero, y a Las Astillas, un pueblo casi vacío a consecuencia del desplazamiento forzado, hay un punto que funciona como mirador. Desde ahí, en medio de la brecha sin cobertura telefónica, se alcanza a ver el Cerro Los Juanes cercenado por la actividad minera.
La mina Peña Colorada no es la única en la Sierra de Manantlán.
Hace una década, la periodista Alejandra Guillén documentó que en la región, así como en el estado de Michoacán, el crimen organizado realiza minería ilegal de hierro.
Pobladores señalan que la minería ilegal se realiza en, por lo menos, diez lugares de la sierra: Roble Ancho, Cañada Verde, Las Pesadas, La Astilla, La Mochuta, Piedra Imán, Las Marías, Champerico, Los Juanes, Llano Grande, Las Palmas, Chanquiáhuilt y Las Parejitas. Durante una visita a la zona realizada en septiembre de 2022, este equipo periodístico corroboró la existencia de una de esas minas.
“Son varias minas las que están operando. Antes, cuando se metía una mina así, Peña Colorada luego luego los sacaba y reportaba, ahora no hace nada”, dice uno de los pobladores entrevistados.
En su informe de 2022, la organización Global Witness advierte que en la Sierra de Manantlán “el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha establecido un interés en la minería ilegal. El grupo ilícito impone sus condiciones y violencia contra la comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada del Estado mexicano”.
Los pobladores lo viven así: “Cualquier cosa que hagamos se sabe, anda gente armada en camionetas, cada rato van pa’rriba, y nomás andan viendo y preguntando qué hace uno, nos señalan”. También hay quienes mencionan las restricciones de movilidad: “Antes podías pasear, caminabas en la noche, a la hora que fuera y andabas a gusto. Y ahorita ya no, ha cambiado mucho. Antes estaba tranquilo y ahorita no. Ahorita ya no, la gente tiene prohibido salir después de las nueve de la noche”.
Comunidades dejadas a su suerte
El día 22 de septiembre de 2022, en un punto de la Sierra de Manantlán, alrededor de 50 pobladores de al menos cinco comunidades vecinas a la mina Peña Colorada recibieron a representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organizaciones no gubernamentales.
Los representantes de la CNDH escucharon los testimonios de los pobladores que denunciaron la invasión de sus tierras, la tala los árboles para ampliar las actividades mineras; señalaron que policía privada los intimida con perros de ataque, que el agua de sus ríos está contaminada, que también los amenazan la gente de la “maña”, como llaman en esta región a quienes forman parte de los grupos del crimen organizado.
En un escrito que entregaron a los representantes de la CNDH, los pobladores señalaron que se les está presionando “para que nos vayamos y dejemos nuestras casas y tierras. Padecemos también la contaminación del río Marabasco, porque ahí van las aguas residuales de la planta minera, las aguas negras de las viviendas de los trabajadores…”
Hasta septiembre de 2023, la CNDH no se había pronunciado sobre lo que denunciaron los pobladores de las comunidades de Manantlán. Esta alianza periodística solicitó una entrevista a la CNDH sin que se tuviera una respuesta.
Los pobladores también denunciaron que “el grupo que controla al ejido Ayotitlán ha firmado contratos con la mina Peña Colorada para que extraiga mineral, destruyendo nuestras tierras”.
En las respuestas al cuestionario que se le envió en junio, la oficina de comunicación de la empresa Peña Colorada asegura que en la zona se mantienen “relaciones cordiales, transparentes, con respeto a los derechos humanos y de beneficio mutuo”. Derivado de estas relaciones, agrega, “en algunos casos, la empresa ha firmado convenios de ‘ocupación temporal’ (arrendamiento de tierras) con ciertos ejidos. Dichos convenios sin excepción han sido autorizados por la Asamblea Ejidal e inscritos en las instituciones gubernamentales competentes para su reconocimiento y validación”.
En su informe publicado en 2022, la organización no gubernamental Global Witness señaló: “Las operaciones mineras han impulsado la deforestación, la pérdida de vida silvestre, el cambio climático y la contaminación tóxica… ha sido imposible cuantificar los daños a una verdadera escala, ya que la empresa minera mantiene un estricto control sobre el área de la Sierra de Manantlán”.
A finales de septiembre de 2023, esta alianza periodística solicitó a la empresa Ternium su postura sobre las denuncias realizadas por las comunidades y lo señalado en el informe de Global Witness, sin que se tuviera una respuesta sobre esos temas.
Un territorio que se queda sin manantiales
Celedonio Monroy nació, creció y lo desaparecieron en una sierra que fue bautizada como Manantlán por ser “lugar de manantiales”. Hoy en ese territorio el agua comienza a faltar.
“En (la comunidad de) Telcruz todo se secó. Había como ocho arroyos y pozos, la gente iba con su vasija y agarraba agua. Hoy ya no, no hay nada; no hay agua y quedó todo talado”, dice un habitante de la región.
En 2009, el área de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, registró que parte del arroyo El Mamey fue cubierto con material de desecho de la minería y se tapó un manantial. “El patrón hidrológico se modificó por el corte de los cerros, lo que afecta al afluente del río Marabasco”.
Un ejidatario menciona que en los ríos Chanquiáhuilt y el San Antonio “el agua se ve como con aceite, antes uno tomaba agua de ahí, ahora no”.
Otro más hace una síntesis de lo que se vive en la Sierra de Manantlán: “Aquí hay asesinatos, secuestros, desaparecidos, mataron a un candidato [al comisariado ejidal], a Santos, pero ¿qué hicieron las autoridades? Nos piden que denunciemos, pero denunciamos y al siguiente día ya tenemos ahí afuera al crimen”.
*En la reportería de este texto también participó Thelma Gómez Durán. Se realizaron, al menos, 15 entrevistas con ejidatarios de Ayotiltán y habitantes de las comunidades que se encuentran en los alrededores de la mina Peña Colorada. Sus nombres no se publican para resguardar su seguridad.
* Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.
* Ilustración: Tobías Arboleda