Morelia, Michoacán.-Como iniciativa ciudadana se presentó una propuesta de ley al Congreso local para la protección de los defensores ambientales en Michoacán y que se garantice en la Constitución que el Estado garantizará el derecho humano al ambiente limpio, saludable y sostenible.
La propuesta de iniciativa fue firmada por el académico nicolaita Damián Arévalo Orozco y Simón Baca Suárez integrantes del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán A.C. y también por Jesús Eduardo Mendoza Gómez como representante legal del Consejo Económico y Social de Michoacán (CESMICH).
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En el documento que fue presentado en sesión extraordinaria del Congreso local, en el que se indicó en la necesidad de que se modifique el artículo segundo ter de la Constitución Política del Estado de Michoacán a fin de que se adicione el reconocimiento al derecho a un medio ambiente sano por el impacto directo que provoca en la población y en la comunidad en que se encuentre.
A decir de los firmantes, no basta sólo con el reconocimiento del derecho, sino que también se establezcan condicionantes para la prevención, investigación y el remedio de las afectaciones ocasionadas a los ecosistemas, por lo cual, se indicó que "el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley".
La iniciativa, menciona la importancia de la incorporación del derecho al medio ambiente sano bajo los parámetros más difundidos y reconocidos por la comunidad internacional, puesto que toda la población en Michoacán conoce y sufre los efectos por el cambio climático, es decir, la escasez de agua potable, al modificación del entorno natural, la degradación y hasta la desaparición de especies, entornos y recursos ocurridos en un breve lapso de tiempo.
Por tanto, los integrantes del CESMICH, refirieron que para mejorar la situación ante la crisis ambiental, es importante que se establezca en la Constitución del Estado los principios rectores del derecho al medio ambiente sano, es decir, el principio precautorio, el cual obliga a las autoridades a tomar determinaciones en favor de la naturaleza en casos donde no exista evidencia sin lugar a dudas sobre la no afectación al entorno con motivo de la actividad humana.
La reforma pretende que se adicione en el artículo Segundo ter de la Constitución estatal, que el gobierno garantizará el derecho humano al ambiente limpio, saludable y sostenible; para el cuidado del ambiente todas las personas tienen el derecho de participación y el deber de corresponsabilidad, y para ello, el Estado dispondrá de la elaboración de instrumentos jurídicos e instituciones que garanticen la justicia socio-ambiental para la protección a los ecosistemas, el acceso a la información en materia ambiental y la protección de los defensores ambientales.
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Sin embargo, la iniciativa llega tarde, ya que este viernes será la última sesión que tendrán los diputados de la 75 Legislatura y será la siguiente que deberá analizar la propuesta para la elaboración del dictamen correspondiente.