Eran los años 90 en Medellín, Colombia, la ciudad de Pablo Escobar, el narcotraficante más buscado del mundo. Y se respiraba miedo. Las calles después de las ocho de la noche yacían sin vida, fúnebres. El ambiente sutilmente mandaba un mensaje entre líneas que precisaba no salir, quedarse en casa en un toque de queda autoimpuesto. Era Medellín, la capital del departamento de Antioquia en Colombia. La segunda ciudad más importante del país y, en ese entonces, 1991, también la más violenta del mundo.
Medellín fue la ciudad del narcotráfico, la casa de Escobar, un verdugo con piel de oveja que puso en la cúspide de la violencia a Colombia por el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos. La ciudad padecía de todos los males relacionados con el negocio ilícito de las drogas: pandilleros, gatilleros o sicarios que se paseaban en motocicletas disparando sin cesar, bandas, delincuencia organizada, proveedores y adictos a la cocaína.
CIUDAD SIN LEY
En los núcleos urbanos de Medallo, como se le conoce coloquialmente a la ciudad, existían todos los agentes primarios del conflicto: los combos o las bandas, delincuencia común y organizada a disposición del mejor postor y en ese tiempo, el mejor postor eran las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que iniciaron como un grupo de ganaderos o hacendarios luchando por sus tierras contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Medellín fue un caldo de cultivo para crear una vorágine dantesca. Se asomaban las bandas u organizaciones herencia del narcotráfico y especialistas en robos de auto, de banco, sicariato. Se disputaban zonas del tráfico de droga y armas con varios combos y grupos de delincuencia organizada con control territorial y organización militar. Esto ocurre a finales de los 90.
En el 2005, la ciudad era habitada por casi dos millones y medio de ciudadanos, de los cuales dos mil 600, eran jóvenes que pertenecían a las filas del narcotráfico, la guerrilla de las FARC o las Autodefensas Unidas de Colombia. No había orden. Imperaba el caos, parecía absolutamente inmanejable lo que ocurría en la ciudad colombiana que llegó a registrar 381 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifras comparables con ciudades como Bagdad y Afganistán.
Medellín figuró en los principales medios de comunicación a nivel internacional como un foco rojo. Durante cinco años consecutivos se advirtió que los extranjeros deberían abstenerse de visitar la ciudad.
Para 1999, Pablo Escobar había sido abatido en un operativo entre agentes de la DEA y el Ejército colombiano. Antes, derribó un avión repleto de pasajeros, puso bombas en centros comerciales, mandó asesinar a Guillermo Cano, director del Espectador, hizo construir una cárcel a modo y se escapó, asesinó a una decena de fiscales que llevaron su caso, asesinó a un secretario de Justicia. Así durante dos décadas: asesinó y suministró el 80% de la cocaína a nivel mundial.
DESIGUALDAD SOCIAL
A cuatro años de su muerte, un grupo de académicos encabezados por Sergio Fajardo Valderrama, un matemático que entendió que para poder transformar a la ciudad que lo vio nacer, tenía que participar en la política, tomó la decisión de presentarse como candidato independiente a la alcaldía que muy pocos querían tomar. Con una votación altísima para el padrón electoral de la ciudad, Fajardo se convirtió en alcalde de Medellín con 208 mil 541 votos a su favor.
Su meta era hacer un diagnóstico de lo que pasaba en una de las ciudades más violentas del mundo, para poder combatir sus principales desgracias. Identificó dos líneas negativas de lo que ocurría: una sociedad profundamente desigual y una violencia arraigada, con raíces muy hondas. El primero es el mal de la sociedad colombiana, de la sociedad latinoamericana, así como de muchos países en el mundo: la desigualdad social, narra el entonces alcalde en su libro Del Miedo a la Esperanza, que cuenta el proceso de transformación más grande que ha tenido una ciudad violenta en
Colombia.
Ante este escenario, realizó una encuesta para determinar el nivel educativo de las personas más pobres de Medellín. El primer indicador señaló que el 80% de la educación en la ciudad era de carácter público y el 20% privada, sin embargo la calidad educativa de la privada era sustancialmente mayor a la de la educación pública. Primer inconveniente a la hora de hablar de desigualdades sociales.
De igual forma, los resultados sobre las personas que gozan del privilegio de tener educación, también arrojó porcentajes alarmantes en las comunidades marginadas de la capital antioqueña.
En el 90% de las 20 mil familias más pobres, la educación de los jefes cabeza de hogar no pasó de quinto de primaria. Ahí estaba latente el primer problema ligado a la desigualdad, la falta de educación y los privilegios que tenían los que podían pagar por estudiar en colegios
privados.
El segundo diagnóstico, tuvo que ver con la violencia, una tragedia particular y exclusiva de Medellín por más de un cuarto de siglo.
“Todos nosotros lo conocemos. Entró de la mano del narcotráfico, a comienzos de los años ochenta. Si algo vivimos en esta ciudad en los últimos tiempos es una violencia dolorosa, desgarradora. Eso no les pasa a todas las ciudades, porque la violencia de nosotros ya tiene décadas, tomó diferentes formas e hizo un daño muy profundo”, narra Fajardo en México, en un evento organizado por la Procuraduría General de la República.
EMPEZAR POR LOS JÓVENES
El gobierno encabezado por Fajardo, inició en 2004 con la construcción de un modelo de intervención que se denomina: Regreso a la legalidad. Un modelo de atención a jóvenes que actuaban como ilegales en Medellín.
“Los persuadíamos para que dejaran las armas, había que educarlos y reinsertarlos a la vida pública”, señala Gustavo Villegas, exsecretario de Gobierno de la administración de
Fajardo.
En 2003, cerca de dos mil 600 jóvenes estaban controlados por grupos ilegales, llámese guerrilla, autodefensas o narcotráfico. Es decir, un porcentaje bastante amplio de los jóvenes entre los 14 y 25 años de Medellín, se habían sumergido en el mundo de la delincuencia organizada. En suma: había una deslegitimación de las autoridades del Estado.
“Nos encontramos con una desinstitucionalización total: de la policía, del Ejercito, de los organismos de investigación y de justicia, no había presencia de Estado por ninguna parte, el control, la autoridad y las condiciones, la imponían estos dos mil 600 muchachos que se desmovilizaron en la ciudad de Medellín”, cuenta Villegas.
Con el programa Regreso a la legalidad, el gobierno local entendió las principales causas de ingreso de la juventud en las filas de los grupos armados. Pensaron que la violencia iba de la mano de la pobreza, sin embargo, solo el 23% de estos jóvenes ingresaron a los grupos armados por razones económicas, un 25% por venganzas personales, el mismo porcentaje ingresó por amenazas contra su vida y un 7% por conflictos con familia y amigos. Esto quiere decir, que un 57% de estos jóvenes decidió tomar la justicia por su propia mano, ante la ausencia del Estado.
Las características principales de esta generación de jóvenes involucrados en la delincuencia organizada era que el 52% estaba entre los 18 y 16 años, 36% entre los 27 y 36, el 98% eran hombres, el 50% estaban casados, solteros el 37% y el 83% no tenían el bachillerato terminado. Con esta caracterización, la alcaldía de Medellín conoció el tipo de personas a las que quería reinsertar a la sociedad.
Se construyó entonces el modelo de intervención basado en la educación, la igualdad de condiciones y la reinserción social. Los jóvenes querían que la alcaldía les garantizara estar en igualdad de condiciones para competir en el mercado laboral. Fue así como la administración local contrató a más de 200 personas entre médicos, sicólogos, maestros, sociólogos y demás especialistas en diversas áreas.
El programa no solo fue diseñado para ellos sino que también incluía a sus familias. Varios análisis sicológicos, informaron que para estos jóvenes su mamá y sus hijos era lo más importante, de ahí la necesidad de involucrarlos para servirles de acompañamiento en el proceso de reinserción.
DINERO POR DEJAR LAS ARMAS
Otra característica, es que entraron a los grupos delictivos por reconocimiento entre iguales, ser mejor matón era la meta de sus vidas. Así que para el gobierno local de Medellín, era una tarea diaria tratarlos como iguales dentro de su núcleo familiar, hacerles ver que eran reconocidos por otras razones y circunstancias distintas al delinquir.
La visión fue entonces transformar los valores, el comportamiento y las destrezas de quienes por muchos años no sabían más que asesinar, traficar, robar, consumir. Se inició un proceso de reconciliación social entre víctimas, atendiéndolas para buscar una personal, para sanar sus heridas, educándolos y enseñándoles actividades prácticas para subsistir.
Además, el programa otorgó a los jóvenes 200 dólares mientras asistían a la formación académica y a los talleres psicosociales. Una cifra poco representativa si se tiene en cuenta el nivel de ingresos que tienen dentro de los grupos delictivos, sin embargo, ellos comprenden que tienen un ingreso para comer, ayudar a su familia y que siempre es mejor recibir ese dinero y estar vivo que terminar en un zaguán.
“Nosotros entendimos que para combatir a la delincuencia organizada, teníamos que pensar como ellos. ¿Cómo se corrompe el Estado? Con dinero. ¿Cómo compra el narcotraficante a sus víctimas? Con dinero. Entonces nosotros como gobierno local, también ofrecíamos dinero a estos muchachos pero ya no por tener las armas, al contrario, por dejarlas y hacerse gente de bien”, señala Gustavo
Villegas.
De igual forma, la policía jugó un papel preponderante en la reconstrucción de la ciudad. Cada jefe de policía tenía que comprometerse a cumplir con la desarticulación de más de mil 400 lugares donde se tenía identificada la venta de estupefacientes. El gobierno de Fajardo exigía a los agentes resultados concretos en cuanto al desmantelamiento de grupos delictivos y si no cumplían con la meta, la alcaldía no los apoyaba con patrullas, motocicletas, capacitación o aumentos salariales.
En el 2005, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, tomó la decisión de iniciar un proceso de inversión social en las favelas de Rio de Janeiro similar a lo que estaba ocurriendo en Medellín. Para ello enviaron a la capital antioqueña a un grupo de expertos para analizar el proyecto de reconstrucción. Sin embargo, el resultado no tuvo el mismo efecto en Brasil que en Colombia porque olvidaron que estos procesos tienen que nacer de la motivación de la comunidad y de la confianza que se tiene que tener en las instituciones.
Hoy en día, Medellín tiene ciudadanos jóvenes y comprometidos. “Viven en sus comunidades y esa localidad es el soporte que necesitan. Antes los veían armados, en una esquina, fumando marihuana. Ahora los ven participando en su entorno, estudiando y en la construcción social”, narra con entusiasmo Villegas frente a un auditorio de la Procuraduría General de la República en el 2006.
Terminó el horror y volvió la vida
Una vez concluido el programa Regreso a la legalidad, a todos los jóvenes se les preguntó si volverían a tomar las armas, la respuesta fue contundente: ninguno cambiaría una tarde con sus hijos en el parque por regresar a las filas de los grupos delictivos.
Finalmente el gobierno de Medellín hizo un perfil de actitudes y destrezas de estos jóvenes para ser comparado con la demanda laboral de la ciudad. El alcalde Fajardo contactó a los principales empresarios con el mensaje de que en el momento de presentarse una vacante laboral, dejaran que estos jóvenes participaran en el proceso de selección como cualquier otro aspirante. Hasta finales del 2007, el 41% de los jóvenes reinsertados estaba trabajando.
José de 17 años, perdió su pierna izquierda en un enfrentamiento con la guerrilla cuando él pertenecía al bando de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), diez años después, ingresó al programa de la alcaldía para reinsertarse a la sociedad. Ahora es corredor de motocicletas y tiene un taller de reparación.
LOS FRUTOS
El propósito se cumplía pero todavía faltaba convencer. ¿Cómo hacer para que la sociedad aceptara de vuelta a un joven que años atrás era un pandillero, drogadicto o asesino? Se hicieron tres encuestas anuales para conocer los prejuicios de la gente ante la posibilidad de recibir en sus fábricas o empresas a éstos jóvenes reinsertados.
El nivel de desconfianza era alto. En la primera encuesta realizada en el 2004 el 45% de la gente en Medellín pensaba que estos muchachos pese a cursar el programa, no eran confiables en un puesto de trabajo. La desconfianza fue bajando paulatinamente en los dos años siguientes con un 29% y un 18%, prueba de que la sociedad comprendía lo que había pasado en su ciudad y estaban dispuestos a dar una segunda oportunidad.
En la encuesta final, el reporte arrojó que solo un 2% de la población no creía en el programa Regreso a la legalidad y la aceptación de Sergio Fajardo Valderrama en la alcaldía de Medellín era de un 85%, en un país donde la mayoría no cree ya en los políticos y sus políticas.
Salieron los primeros jóvenes reinsertados y los resultados saltaban a la vista: descendieron rápidamente los índices de homicidio. De los 381 decesos por cada 100 mil habitantes, se pasó a 26, es decir 1.5 muertos diarios en una ciudad que tenía antes treinta. Medellín estaba cambiando y las cifras estaban por primera vez a su favor. Ciudades como Caracas, Río de Janeiro y Ciudad de México, comenzaron a estar arriba en el número de homicidios. La capital antioqueña ya no era la más violenta, el 54% de las colonias ya no registraban una sola muerte violenta.
El número de visitantes de extranjeros a Medellín también fue otro indicador positivo. En el 2003, visitaron la ciudad 31 personas de distintos países del mundo, en el 2007 ya eran 95 mil. Hoy día Medellín está vinculado con más de 12 países y más de 200 personalidades a nivel mundial.
Según la revista América Económica en su edición de mayo de 2008, la ciudad de Medellín ocupa ahora la casilla 22 entre los mejores destinos para hacer negocios e invertir en Latinoamérica. Esta posición se logró gracias a la confiabilidad entre los inversionistas y las personas que acostumbran viajar para hacer negocios, debido en parte a los aciertos político–administrativos que ha logrado la ciudad durante el último lustro, especialmente en asuntos como inclusión, salud, seguridad e internacionalización.
No solo los homicidios disminuyeron, delitos como hurto, extorsión y lesiones personales también bajaron; la reincidencia en centros penitenciarios pasó de 33% en 2003 a 9,5% en el 2007, y la percepción de seguridad mejoró considerablemente.
Terminó el horror de miles de familias. Los medios informaron el renacer de la que fue la ciudad más violenta del mundo.
Fue el inicio de un proyecto de transformación de ciudad que le volvió a dar vida a la capital antioqueña. La gente se apropia día a día de sus parques, sus calles y comunas. El miedo ya no ronda con tanta fuerza, fue reemplazado por la sonrisa de víctimas de la delincuencia organizada y el narcotráfico que ahora son empresarios de pequeñas y medianas empresas.
Sergio Fajardo Valderrama terminó su periodo como alcalde de Medellín en el 2007. Después ganó la gubernativa de Antioquia y quiere ser presidente de Colombia.
