Con 22 votos a favor de Morena y sus aliados, y 10 en contra de la oposición, las Comisiones Unidas del Senado aprobaron un dictamen que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa (PPO).
La reforma modifica el artículo 19 de la Constitución para incluir delitos como extorsión, producción y distribución de fentanilo y uso de comprobantes fiscales falsos.
Posturas enfrentadas
Durante el debate, Morena y el Partido Verde defendieron la reforma como una medida esencial contra la inseguridad. El senador morenista aseguró que “la PPO es indispensable para combatir delitos como el narcotráfico y la extorsión”. Por su parte, Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, sostuvo que esta medida tiene un efecto disuasivo frente a la criminalidad organizada.
En contraste, la oposición criticó la iniciativa por violar derechos humanos. Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, argumentó que la PPO elimina la presunción de inocencia y perpetúa un sistema punitivista que afecta principalmente a mujeres y personas en situación de pobreza. Luis Donaldo Colosio advirtió que esta medida convierte la prisión en una pena anticipada y destacó el grave problema de hacinamiento en las cárceles, que ya operan al 105% de su capacidad.
El panista Ricardo Anaya calificó la reforma como un “atropello a los derechos humanos”, mientras que Marko Cortés advirtió sobre el uso político de la PPO para perseguir a opositores, replicando prácticas autoritarias.
Cambios al dictamen
El dictamen original contemplaba incluir el narcomenudeo y la defraudación fiscal, pero estos delitos fueron eliminados tras una reserva presentada en la discusión en San Lázaro, hace unos días, por el diputado Ricardo Monreal, quien argumentó que el narcomenudeo requiere un enfoque social y la defraudación fiscal un tratamiento más responsable.
Críticas internacionales
La reforma ha recibido señalamientos de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que señala que la PPO viola tratados internacionales y principios fundamentales como la presunción de inocencia. No obstante, Morena defiende la medida como necesaria para combatir la delincuencia organizada y proteger a las víctimas.
Próximos pasos
El dictamen será llevado al Pleno para su discusión y votación definitiva, en un debate que promete ser intenso entre quienes respaldan la reforma como una herramienta de seguridad y quienes la consideran un retroceso en materia de derechos humanos.
En México, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar automática aplicada a ciertos delitos graves, que elimina la necesidad de justificar la detención.
Los delitos actuales que ameritan PPO incluyen: homicidio doloso, violación, secuestro y trata de personas, entre otros.
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Con esta reforma, Morena perfila añadir: extorsión, fentanilo y comprobantes fiscales falsos, ampliando las medidas punitivas en un sistema ya cuestionado por su impacto social y jurídico.
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