Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- María de Jesús Vázquez sabe que la paciencia es su principal virtud. Desde aquella noche del 15 de septiembre de 2008, cuando granadas de fragmentación le arrancaron una pierna en el Centro de Morelia, ha esperado a que se le reconozca como víctima en instancias federales, un camino que está a punto de llegar a su fin tras una resolución judicial, por lo que en entrevista no duda en afirmar: “Si ya me aguanté 14 años, que no pueda esperar unos meses más”.
El pasado 2 de septiembre, “Marichuy” fue incluida en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) tras la resolución del expediente CEAV/CIE/0298/2021, donde se ordena que se le brinde una reparación del daño.
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Además de las lesiones físicas, esta mujer tuvo que enfrentar el desaseo de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, pues omitieron su nombre en un primer padrón de perjudicados, comenzando un largo camino que se empantanó en la federación, cuyos organismos se negaban a brindarle lo que por ley le corresponde.
Fue hasta 2018 que un grupo de damnificados se organizaron para que se les reconociera como víctimas mediante procedimientos legales que buscaron la inscripción en el Renavi, pero un juez de procesos penales federales emitió una resolución negativa, anteponiendo la documentación incompleta de la Procuraduría.
En el caso de María de Jesús, a través de su abogada Reyna Velasco, promovió un amparo y obtuvo el apoyo de la actual titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, que se comprometió a revisar todos los expedientes, algo que contribuyó para la resolución que ya es incontrovertible.
El proceso administrativo para que acceda a la reparación del daño no será tan ágil como ella desearía. Deben esperar a que se le asigne su número de Renavi y entonces solicitar el inicio de Procedimiento de Compensación Subsidiaria, con un monto que se calcula con base en circunstancias personales como el ingreso que percibía antes del atentado, qué tipo de trabajos ya no puede realizar, a qué se ha dedicado en este lapso, cómo le ha afectado en su salud mental y cuántos gastos ha tenido para atenderse.
Si bien la CEAV tiene un plazo de cuatro meses para definir la cantidad de dinero que debe otorgar a la víctima, en la realidad se podría extender más, como ha sucedido con otros casos que se retrasan hasta por dos años. “Esperamos que no lleguen a ese extremo, pero si la comisionada cumple con su compromiso, se podría concretar en unos 12 meses”, afirma Velasco.
Acompañada por su esposo, Marichuy atiende una entrevista en su casa ubicada por la salida a Quiroga. De su tema ha hablado en infinitas ocasiones e incluso en 2020 parecía que todo iba a concluir, cuando se le ordenó la revisión del caso a la CEAV, pero se interpuso otra solicitud de revisión.
Recuerda que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (identificada para términos prácticos como la CEAV estatal) le ha escamoteado los apoyos en casi tres lustros, “nos han traído como pelotas, de un lado a otro, porque dicen que es un asunto de la federación; aquí los únicos que nos auxiliaron fueron los diputados y en algún momento el entonces gobernador Silvano Aureoles”.
Apoyos disparejos
En el caso de María de Jesús, la pensión vitalicia aprobada por el Congreso del Estado fue de 57 salarios mínimos a la quincena, la mitad de lo que recibieron otras víctimas que lograron acreditar daños físicos inmediatos, ya que ella perdió la pierna en 2010, otra de las decisiones controvertidas tras el atentado.
“Hay personas que reciben la máxima pensión y están bien, hacen su vida normal, van a los bailes, caminan hasta en tacones”, ironiza, no sin apuntar que su hijo nunca ha recibido apoyo alguno pese a tener daños de por vida en la columna luego de que la muchedumbre corriera sobre su espalda en cuanto cayeron las granadas, a sus 15 años de edad.
Sin pierna y con prótesis que ya no se adaptaron a su cuerpo, la mujer asume los gastos del hogar, pues su esposo debe atenderla en todo momento y su hijo, que ya la hizo abuela, está impedido para realizar trabajos de exigencia física.
Las terapias que le han ofrecido le resultan otro oasis, ya que debe desplazarse desde su casa en La Aldea hasta las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y al Hospital de la Mujer, distancias que le resultan largas y complejas, por lo que renunció a esos servicios médicos.
La larga batalla para acceder a un trato digno la ha sumido en la depresión, acepta Marichuy, con largas jornadas metida en su recámara, sin asomarse a ver la luz del sol.
Y es que la revictimización nunca ha cesado; ni siquiera recientemente cuando autoridades del estado citaron a un grupo de damnificados en la planta alta del Palacio de Gobierno: “¿Se imagina subir esas escaleras cuando no tengo una pierna? Pues así pasó, y mis propios compañeros me tuvieron que apoyar”.
Reparación efectiva
Existe otro grupo de 12 personas agredidas el 15 de septiembre que esperan se concrete una reparación del daño. También representadas por Velasco, presentaron un amparo colectivo porque ya habían sido reconocidos como víctimas en 2020, pero la CEAV federal interpuso un recurso de revisión que le salió desfavorable desde finales de marzo pasado, por lo que ahora también deben de ser pacientes para que la justicia se concrete.
En esa situación se encuentran José García y su esposa Aurora Bravo, quienes se dedican a la venta de repostería en la colonia La Primavera. “Ante el gobierno federal no éramos damnificados, tuvimos que luchar con la ley en la mano para acceder a la justicia, porque en el estado se lavan las manos, solo nos han prometido acompañamiento”, afirman, y detallan que su pensión conjunta no rebasa los 15 mil pesos desde 2010.
En conversaciones con Martha Yuriria Rodríguez, se les dijo que hay trabas en el área jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se niega a proporcionar informes de sus derechohabientes, pero les han prometido desatorar la burocracia y agilizar el tema.
La misma Velasco subrayó que luego de la manifestación que hicieron en febrero pasado en el Centro de Atención Integral (CAI), las familias lograron una primera reunión en julio, donde ya se vieron con la comisionada Janik Erandi Equihua, quien prometió revisar los expedientes para coadyuvar en su resolución.
También han logrado que el sector salud del estado los recibiera el viernes 9 de septiembre en Casa Michoacán, donde se llegaron a acuerdos para que se cumplan con sus necesidades de atención médica.
Para este grupo, la reparación del daño será un pago único que también se habrá de calcular en cada uno de los casos. La abogada precisa que al tener los expedientes integrados y la resolución del Juzgado, el plazo no debería exceder de este año, aunque tampoco le sorprendería que se pueda alargar.
Prometen reabrirán revisión de casos
La administración de Alfredo Ramírez Bedolla ha prometido reabrir la revisión de los casos, en especial de aquellos que no han sido reconocidos como víctimas y que por consecuencia no forman parte del padrón de beneficios y pensiones. Así lo afirmó en entrevista la subsecretaria de Derechos Humanos, Elvia Higuera López.
La funcionaria reconoció que hay personas que en su momento no cumplieron con los lineamientos marcados por la Comisión Nacional de Víctimas pero que merecen ser contempladas en la emisión de apoyos.
Dijo que el padrón disponible al momento incluye a un total de 60 personas que reciben pensión mensual vitalicia, así como consultas y medicamentos gratuitos o a precios preferenciales. Además, señaló que 17 han recibido casas y el resto recursos para remodelación de sus viviendas.
Según sus cuentas, durante los últimos 14 años han erogado 100 millones de pesos en su atención, mientras que las pensiones vitalicias van de los 10 a los 40 mil pesos mensuales.
Los “granadazos” del 15 de septiembre de 2008 mataron a ocho personas y dejaron 130 heridos.
Por dicho atentado se detuvo a cuatro personas que posteriormente fueron liberadas al no encontrarse pruebas suficientes y demostrarse que habían sido torturadas.
Ese escenario de impunidad ha sido el factor clave para que hasta la fecha sigan pendientes diversas reparaciones del daño.
(Con información de Sandra Soraya Castro)
