Morelia, Michoacán.-(OEM-Infomex).- Pasadas las cuatro horas de este domingo, quedaron finalmente dictaminadas las leyes de ingresos, de coordinación fiscal, hacendaria, el código fiscal y el presupuesto de egresos 2020, en donde la contratación de una nueva deuda pública por cuatro mil 90 millones de pesos y la reestructuración de la deuda pública de largo plazo por más de 17.2 mil millones de pesos, fueron validadas.
Lo anterior tras iniciarse la noche del pasado domingo el análisis y discusión por las comisiones unidas de Hacienda y de Presupuesto sobre el paquete económico del próximo año, cuyos dictámenes habrán de ser turnados al Pleno este lunes para su discusión, votación y posible aprobación.
Pese al voto en contra de Morena y abstención PAN, por mayoría de los diputados locales del PRD: Octavio Ocampo Córdova y Antonio Martínez Soto; del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar; las priístas Yarabí Ávila González y Adriana Hernández Íñiguez; y la independiente, Wilma Zavala Ramírez, se dio luz verde a la contratación de un nuevo empréstito, sin embargo y pese a las peticiones de que esto se proyectara en un dictamen aparte, se incluyó en ley de ingresos por un monto de cuatro mil millones de pesos.
Asimismo, al no estar formalizada la federalización de la nómina educativa, pese a los dichos del gobernador Silvano Aureoles Conejo, en el presupuesto de egresos estatal únicamente se contemplaron para educación básica únicamente cerca de tres mil millones de pesos.
Cifra que corresponde a lo que actualmente puede aportar el estado, y que conforme a las proyecciones sólo podría alcanzar hasta un 13 por ciento de los 30 mil millones de pesos que anualmente se requieren para el pago de nómina, prestaciones y bonos magisteriales.
Finalmente, la única propuesta de ajustes a los presupuestos etiquetados fueron para la Fiscalía General del Estado con mil 375 millones de pesos. Aunado a que vía artículos transitorios la Secretaría de Salud de Michoacán tendrá que destinar 15 millones para una segunda etapa de homologación salarial de enfermeras, trabajadores sociales y rehabilitadores físicos. Mientras que del presupuesto asignado al Congreso local deberá destinar 27 millones de pesos para el pago de laudos laborales y la operatividad de la unidad de evaluación.