Morelia, Mich. (OEM-Infomex) .- Mediante una plataforma digital, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) pretenden mitigar los actos de corrupción en el gasto público y detectar acciones indebidas por parte del gobierno estatal.
Este miércoles, el CPC y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) firmaron un convenio para que la institución educativa comparta la plataforma elaborada por investigadores y con el cual miden, vigila y monitorea el gasto público asignado a los gobiernos y su adecuada ejecución.
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“Monitor Karewa Michoacán” es el instrumento elaborado por investigadores del ITESM y al cual podrán acceder a los integrantes del MAR para “detectar áreas donde las cosas no se están haciendo conforme a la normatividad vigente y así generar las recomendaciones que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción", refirió la presidenta del CPC, Rosmy Bonilla Ureña, en el evento protocolario donde estaban las autoridades del SEA y del ITESM ", refirió para la mejora de procesos de contratación.
Por su parte, el representante del ITESM describe que la plataforma creada ya se aplica en otros estados del país como en Chihuahua desde 2017 y obtuvo que en el primer año, la autoridad subiera a su portal de transparencia más del 80 por ciento de los contratos de licitación de obras y además, se presentó 350 denuncias por presuntos actos de corrupción.
Explicó que la plataforma sirve para que los ciudadanos mediante el acceso de información pública puedan ver los "riesgos de la corrupción", es decir, se realiza un cruce con la información publicada en los portales de Acceso a la Información sobre los contratos o licitaciones de los gobiernos y los nuevos niveles que van desde el más alto, al más bajo y así se crea el llamado “Índice de Riesgo de Corrupción (IRC)” de la plataforma.
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Así, refirió, los ciudadanos y el SEA podrán medir qué nivel de riesgo en corrupción tiene determinado contrato o licitación de obra pública dentro de la administración estatal.
A decir de Bonilla Ureña, la plataforma iniciará midiendo los riesgos de corrupción en los contratos y licitaciones del gobierno del estado, pero lo ideal es que se extienda al resto de los gobiernos municipales.
“Por el momento será sólo en el gobierno del estado, con la información que ya tienen pública y eso nos servirá para verificar la competencia económica que permite ver si existen prácticas monopólicas o empresas favoritas del gobierno”.
