Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- Un estado polarizado, al borde de una crisis social, producto de la inseguridad, la falta de recursos para pagar los salarios de los trabajadores y una abierta confrontación con el Presidente de la República y el gobernador electo, son parte del saldo que dejará Silvano Aureoles Conejo al concluir su mandato.

El gobernador, que asumió el poder en 2015, en medio de un complejo proceso para contener el movimiento de autodefensas, entregará la estafeta sin haber podido resolver el problema de la inseguridad ni contener el resurgimiento del narcotráfico.

Aquella frase de Salvador Jara Guerrero al final de su efímero mandato –“lo peor ya pasó y Michoacán es un estado más seguro”- sería imposible pronunciarla hoy por Silvano Aureoles, luego del resurgimiento de grupos de “autodefensas” producto de los sangrientos embates de grupos criminales, principalmente en la región de Tierra Caliente, lo que ha generado los índices de homicidios dolosos más altos de los últimos años, así como un mayor número de feminicidios de los que se registraban antes de su gobierno.

Pero la huella más sensible del oriundo de Carácuaro ha sido la relación tan diametralmente opuesta que ha sostenido con los dos presidentes de la República con quienes compartió su periodo: para el priísta Enrique Peña Nieto sólo ha habido halagos y agradecimiento –sin olvidar que en 2018 apoyó abiertamente al candidato del PRI José Antonio Meade, a pesar de que su partido, el PRD, tenía una alianza con el PAN- mientras que para Andrés Manuel López Obrador solo ha tenido reclamaciones e insultos.

El control político que mantuvo en Michoacán, a través de sus alianzas con el PAN y el PRI en la Cámara de Diputados, le permitieron imponer a sus más cercanos allegados en puestos clave -Adrián López Solís en la Fiscalía General del Estado; Miguel Ángel Aguirre Abellaneda en la Auditoría Superior del Estado y en posiciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Tribunal de Justicia Administrativa- así como obtener un nuevo empréstito para el estado.

Hoy resuenan fuerte aquellas palabras que pronunció en su toma de protesta en octubre de 2015 y que lucen tan actuales como entonces: “A Michoacán le hemos fallado una parte importante de la clase política: la inseguridad pública, el imperio de la ilegalidad y la impunidad, la crisis de las finanzas públicas, la ineficacia e inconsistencia gubernamental, y los conflictos sociales, han sumido a Michoacán en una vorágine de desequilibrio e incertidumbre”.

Al inicio de su administración, el propio mandatario refirió que su gobierno giraría sobre cinco ejes fundamentales -Gobernabilidad democrática, Justicia social y paz; Política social incluyente, justa y equitativa; Educación pública de calidad, salud, Cultura y recreación para todas y para todos; Recuperación de la economía para el desarrollo integral y sustentable, y Administración pública moderna y transparente- pero al final centró su atención primordialmente en tres: orden en las finanzas, inseguridad y violencia, y problemas político-educativos.

De éstos, el tema de seguridad fue uno de los que más atención le generó por obvias razones, tanto en materia de inversión como de difusión: entre los logros más importantes destaca la creación de la Policía Michoacán en sustitución de los cinco grupos policiales que existían; el incremento sustancial de elementos en la corporación y el aumento en sus percepciones salariales -en promedio del 90 por ciento-, la adquisición de nuevas patrullas, edificación de cuarteles regionales, la instalación de miles de cámaras y arcos carreteros y la creación del C5i.

El objetivo era convertir a la Policía Michoacán en una de las mejores del país. Y aunque reconocía que el 90 por ciento de los delitos cometidos en Michoacán eran del fuero común, es decir, responsabilidad del gobierno estatal, argumentaba que eran producto de la actividad del crimen organizado, responsabilidad de la federación. Pese a esto, prometió “no ser omiso” en sus obligaciones e hizo el compromiso de que su administración no sería “un gobierno de quejas y lamentos”: “Mi administración no será uno de excusas”, decía.