Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- La Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto está registrada ante la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) como una institución privada, con la clave 16PES0081X, pero desde hace 45 años opera en un edificio perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con profesores recién egresados que dan clases como parte de su servicio social y otros que supuestamente no cobran.
Hace un par de días se dio a conocer que la universidad nicolaita estableció una demanda para recuperar el edificio ubicado en la calle Melchor Ocampo 351, mismo que reclaman para darle un uso académico acorde a sus facultades de educación media superior y superior. En su defensa, los administradores de la secundaria argumentan que cuentan con un convenio que se firmó en 1977, pero la universidad afirma que tal documento no existe.
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Actualmente, la escuela Carrillo Puerto cuenta con ocho grupos distribuidos en cuatro aulas; dos para primer grado, una para segundo y otra para tercero en dos turnos, con una matrícula de 140 estudiantes, quienes trabajan con el programa educativo de la SEE. A los estudiantes se les cobra una cuota de 70 pesos por inscripción anual, sin que paguen más en el resto de cada ciclo escolar.
El secretario académico de la universidad, Orépani García Rodríguez, dijo en entrevista que a la institución le corresponde brindar el servicio de bachillerato, licenciatura y posgrado, por lo que requieren de espacios para adaptarlos a las necesidades de los programas que tiene aprobados, los cuales no incluyen el grado de secundaria.
Reiteró que el espacio que ocupa la secundaria le pertenece a la universidad, por lo que está siendo usado en funciones que no son permitidas por su Ley Orgánica, la cual especifica que si un inmueble deja de ser utilizado por la institución, el Consejo Universitario debe aprobar el trámite legal para su enajenación.
Cuestionado al respecto, el profesor de la secundaria Juan Manuel Mateo dijo que por ahora siguen dando clases de forma ordinaria y esperan una audiencia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para encontrar una solución a la problemática.
