Para la segunda mitad del año, se vislumbran cambios en la legislación federal que llevarán a la vigilancia y fiscalización de las personas físicas y morales, advirtió el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán.
Es decir, serán mayores los actos de fiscalización permanentes sobre las empresas para incrementar la recaudación de impuestos y evitar la defraudación.
Ante los medios de comunicación, Juan Ignacio Oros Guerrero, presidiente del CCPCM, así como los integrantes de la mesa directiva Rodrigo Servín Meza Ramirez, Alberto Gabriel Guzmán Diaz, Jesús Hernández Ibarra y David Misael Fuerte Garfias, explicaron que se vislumbran cambios en los códigos penales, leyes de procedimientos penales, contra la delincuencia organizada y de extinción de dominio.
En su intervención, el tesorero de este organismo, Alberto Guzmán Díaz, indicó que el Servicio de Administración Tributaria hará uso en mayor escala de las auditorías electrónicas para conocer en tiempo real quién obtiene ingresos, cuánto gasta y cuáles son las utilidades para determinar el pago de impuestos.
De esta manera, se pretende revertir la defraudación fiscal, el tráfico de facturas y las operaciones simuladas; incluso esta última práctica será considerada un acto de delincuencia organizada.
Este primer trimestre 2019, el SAT informó que recaudó un 30 por ciento más respecto al mismo periodo de 2018
A consideración del especialista, esto significa que la autoridad está actuando en dos vertientes: la utilización de estas herramientas electrónicas para hacer una determinación de un impuesto omitido o de errores que el contribuyente haya aplicado al momento de pagar sus impuestos.
Sobre el procedimiento, anotó que una vez detectados estos errores, la autoridad fiscal envía cartas invitación a los contribuyentes para hacer de su conocimiento las discrepancias en información detectadas y establecer un plazo para su corrección.
Dichas invitaciones, durante el primer trimestre del 2019 le dieron a la autoridad fiscal 10 mil millones de pesos. Prácticamente un 25 por ciento de los actos formales de auditoría, mediante visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete y las auditorías electrónicas.
