Morelia, Michoacán.- Ante la falta de sanciones para quienes cometen violencia política en razón de género, la consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Carol Berenice Arellano Rangel, pidió la conformación de una Defensoría para atender este tipo de casos previo a las elecciones y después de los comicios una vez que se convierten en mujeres electas a un cargo público.
En lo que va de este año, el Instituto ha sumado un total de 34 quejas por violencia política y durante el proceso electoral fueron contabilizadas ocho denuncias, sin embargo, la consejera electoral reprochó que ante la falta de una legislación local en la que se sancione a quienes cometen este flagelo, muchas de las víctimas deciden no presentar ninguna queja.
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Una vez que concluyó la elección del pasado 2 de junio, la consejera del IEM reiteró el llamado a los diputados del estado para que se analice y se discuta una posible reforma electoral para Michoacán en la que también se integren las sanciones en cuanto a la la violencia política, que no sólo se presenta en procesos electorales, sino después cuando ya están en funciones como regidores, síndicas, presidentas municipales o como diputadas.
En este contexto, Arellano Rangel se pronunció para que dentro del IEM exista al menos una Defensoría encargada de generar un verdadero acompañamiento puntual y hasta las últimas instancias a todas las mujeres como candidatas o ya electas que son violentadas políticamente, pues reconoció que actualmente no hay un seguimiento a todas esas quejas que se presentan en el Instituto.
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Requerimos que en el IEM haya una Defensoría para el acompañamiento integral, porque solo acompañamos a la víctima; somos el primer contacto para ellas y les decimos cómo llenar el formato, pero no hay seguimiento a las quejas. Debemos transitar a una defensoría para las mujeres electas, porque se les obstaculiza su trabajo, mencionó la consejera electoral.
El objetivo de dicha Defensoría dentro del IEM, según la consejera Arellano es para que las investigaciones no solamente se queden ahí archivadas en las dependencias, sino que en realidad haya una sanción contra las personas que violentan a las mujeres por participar en la vida política y democrática del estado.