Morelia, Michoacán.- La nueva reforma que se pretende aprobar en la Cámara de Diputados federal y en el Senado para el Poder Judicial privilegiará la popularidad de los servidores a la capacidad o preparación profesional de los mismos, consideró el presidente de este Poder en el estado, Jorge Reséndiz.
Según el presidente del Poder Judicial, ante las reformas que se plantean al Poder Judicial desde el gobierno de la República y el partido Morena, se realizarán diálogos para concientizar la postura porque dijo que también hay órganos internos como el pleno del Supremo Tribunal y al pleno del Consejo que deben ser considerados.
“Tendríamos que consensarlo entre esos dos organismos, y en base en ello podremos dar una postura más clara, pero de entrada se estaría generando la preferencia de la popularidad de los servidores a la capacidad profesional que tendrán los magistrados”, expresó.
Cuestionado sobre si esta nueva reforma pondría en riesgo su autonomía o incluso el equilibrio entre los Poderes, el presidente del Poder Judicial de Michoacán respondió que podría ser una consecuencia, pero que aún no podría manifestarse sobre este tema debido a que se tiene que iniciar el consenso.
Reséndiz García comentó que ya se trabaja para que desde el Poder Judicial del estado se pueda definir una postura más clara que será expuesta en diferentes foros que se llevarán a cabo en el estado con diferentes universidades y organismos como colegios de abogados.
En este sentido, recordar que a nivel nacional la reforma al Poder Judicial plantea para que en junio de 2025 se realice una elección extraordinaria con la intención de que se renueven a través del voto a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a los magistrados de Circuito, a los jueces de Distritos y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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Se pretende, que los ministros y magistrados se elijan a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de treinta candidaturas paritarias, que serán propuestas por los tres Poderes de la Unión. También, en la reducción del número de magistrados y en la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros.
