MORELIA, Mich.- (OEM-Infomex).- Dispuesto a una auditoría y rechazando que exista un desaseo administrativo al interior del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes reconoció que tras hacer pública su separación del cargo como consejero presidente del órgano electoral, buscará participar en la convocatoria para la elección de una de las dos magistraturas que para finales de año quedarán acéfalas en el Tribunal Electoral local.
Luego de hacerse de conocimiento público, vía comunicado, su intención de renunciar al cargo, Hernández Reyes informó en entrevista que en sesión ordinaria de consejo general, a realizarse el próximo viernes, formalizará su separación de la presidencia del IEM a partir del próximo 1 de octubre, argumentando que al haber sido dicho órgano colegiado, quien lo eligió para desempeñar dicha función en marzo de 2013 y después en septiembre de 2014, allí ratificará su salida de la institución tras 18 años de laborar en la misma.
“Ahorita no estamos en proceso electoral, estamos en un tiempo que permite realizar el ejercicio (…) son 18 años de trabajo que los he hecho con la mejor intención y deseo de servir al estado, es una etapa y ahora se cierra”, dijo el doctor en Derecho, luego de mencionar que dentro de su trayectoria están 10 procesos electorales locales, seis elecciones de autoridades tradicionales (a través del sistema de usos y costumbres) y otras seis consultas para la asignación directa de presupuesto público a comunidades indígenas.
En ese tenor, el todavía consejero presidente del IEM aclaró que su abdicación en el cargo no se debe a ninguna presión política por parte del Instituto Nacional Electoral, pues tiene una excelente relación con los consejeros nacionales del INE; ni tampoco por una crisis administrativa al interior del organismo público, diciéndose dispuesto a ser auditado pues “se va tranquilo y con la frente en alto”.
Agregó que luego de su salida será el mismo INE, quien deberá elegir de manera interina a uno de los seis consejeros electorales, mientras inicia el proceso formal para la designación de un nuevo integrante del consejo general; sin embargo, resaltó es una decisión única y exclusiva de la institución nacional, desconociendo si hubiera la posibilidad de que esta decisión se posponga hasta el próximo proceso electoral de 2021.
Admitió que a su salida del órgano electoral local sí tendrá que ser liquidado, tal como lo contempla la ley, pero esto con base a los cinco años -a partir de su designación en septiembre de 2014- que estuvo en el cargo como consejero presidente, y no de los 18 años en que ha laborado para la institución, toda vez que en dicha anualidad se hizo un corte de caja al renovarse todo el consejero general.