MORELIA, Michoacán.- (OEM-Infomex).- Con el aval de varias organizaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres, aglutinadas en el movimiento “Marea Verde”, ante el Pleno legislativo se presentó la iniciativa de ley con la que de nueva cuenta se busca despenalizar el aborto en Michoacán hasta la décimo segunda semana de gestación, propuesta que en la pasada Legislatura no prosperó y quedó en la congeladora.
La enmienda que plantea la modificación de cinco artículos del Código Penal del Estado (141 al 145) fue presentada por el diputado local perredista, Antonio Martínez Soto, con la finalidad de ampliar la base de los derechos humanos de las mujeres, enfocados principalmente a decidir sobre su cuerpo y que por ello no sea sujeto de responsabilidad penal y criminalizada.
En conferencia de prensa, Martínez Soto advirtió respecto de los riesgos mortales que representa la clandestinidad de que alguna mujer se practicase un aborto y argumentó que su propuesta no obliga ni induce a que la población femenina tome una decisión contraria a su voluntad o deliberación personal, pues el espíritu de su iniciativa es fomentar y promover una maternidad libre y responsable, aunado a contrarrestar el número de legrados clandestinos que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
De acuerdo con Circe López Riofrío, presidenta de la Asociación Civil “Humanas Sin Violencia”, afirmó que, de aprobarse la mencionada iniciativa, permitiría garantizar la interrupción del embarazo no punible y sumarse a las causales ya contempladas en la ley, en casos por violación, pobreza, inseminación artificial no consentida, peligro de afectación grave a la salud, malformación o conducta imprudente de la mujer embarazada. Además que Michoacán se convertiría en la segunda entidad federativa del país en legislar sobre la materia.
“Michoacán ha sido de alguna u otra manera progresista, y se convertiría en un estado que no criminaliza a las mujeres y les brinda una oportunidad porque lo merecen y es su derecho. Hay un sector que nos importa, las niñas agredidas sexualmente”, señaló, al recordar el llamado no atendido por ninguno de los legisladores locales actuales para trabajar en la materia.
En ese tenor, Circe López ejemplificó el caso de una jovencita menor de edad a quien un médico del Hospital Civil de Morelia le realizó un aborto clandestino por la cantidad de ocho mil pesos sin utilizar las mínimas medidas de higiene y sanidad, y quien de cierta manera torturó a la adolescente para que le prometiera no volverse a embarazar. Sin embargo, y ante el temor a ser criminalizada decidió no denunciar.
“No quisieron proceder porque recordemos que hay una situación de mucho miedo y de mucha exposición, principalmente porque ella era menor de edad, todo este estigma es lo que genera que no quieran enfrentarse a una situación denunciable”, agregó.
Michoacán, con mayor número de casos por criminalización
En ese marco, Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, informó que del periodo comprendido del año 2000 al 2017, autoridades de justicia en la entidad abrieron 117 carpetas de investigación contra mujeres que decidieron abortar, afirmando que Michoacán está dentro de los diez estados con mayor número de criminalización, denuncias que principalmente provienen del sector salud.
Cruz Sánchez culpó al Estado de discriminar entre hombres y mujeres, ya que todos los casos de mujeres criminalizadas por aborto casualmente son mujeres pobres que provienen del área rural e indígena. Y aunque no detalló cuántos abortos se realizan en la clandestinidad en Michoacán, afirmó que en todo el país la cifra oscila entre los 800 mil a un millón por año.
Retrasan aprobación de la objeción de conciencia
Por otra parte y aunque se esperaba que en la sesión del pasado martes se sometiera a discusión y votación el dictamen que contenía el contemplar en la Ley de Salud del Estado de Michoacán el término de objeción de conciencia, pero que de manera “sorpresiva” se retiró del orden del día, la representante del colectivo “Las Libres” afirmó que bajo esa creencia se ha salvaguardado a los médicos que, a título personal sí pueden objetar, pero las instituciones no.
“Tienen que garantizar los servicios a las mujeres y médicos no objetores, eso es muy importante de no irnos con la ‘finta’ y colocar en el mismo la objeción de conciencia y los derechos de las mujeres, eso es fundamental”.
Finalmente, el legislador perredista afirmó que dicha legislación no tendría un sentido republicano, sino una losa de filias y fobias, opinando que “el Congreso le debe mucho a las mujeres pues no tiene un visión progresista sino de clausura”.
