Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Por considerar que las medidas cautelares no son suficientes para evitar los homicidios dolosos cometidos en contra de las mujeres, este jueves será presentada ante el pleno del Congreso la iniciativa que propone castigar a quien cometa el delito de homicidio a pesar de tener el mecanismo de protección impuesto por delito diverso cometido en contra de la víctima.
La propuesta de la diputada panista, Andrea Villanueva Cano, a la que solamente se le dará lectura en sesión para posteriormente enviarla a su análisis en las Comisiones, indica que debe adicionarse un segundo párrafo al artículo 120 del Código Penal del Estado de Michoacán para quedar como sigue:
Artículo 120. Feminicidio. “El homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias: a quien cometa el delito de homicidio a pesar de tener una medida cautelar impuesta por delito diverso cometido en contra de la víctima, se le aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo.
Lo anterior, de acuerdo a la legisladora del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), porque cerca del 27 por ciento de los casos a quienes se les imponen las medidas cautelares, principalmente a agresores de violencia familiar, las incumplen, como por ejemplo, someterse a la vigilancia que determine la autoridad judicial, someterse a tratamiento médico o psicológico y residir en un lugar determinado.
En la exposición de motivos, la legisladora local recordó un caso sobre la ineficacia de las medidas cautelares en la joven panista, Marisela Delgado, quien fue encontrada sin vida en 2013 en la presa de Umécuaro, luego de haber sido levantada por sujetos armados, quiénes más tarde se comunicaron con los familiares de la víctima para pedir una suma importante de dinero como rescate
La militante del PAN, ya había denunciado a su agresor, el cual era su ex pareja y contaba con una medida cautelar de no acercarse a la víctima por ya poseer indicios de violencia hacía ella y, que a pesar de esa medida impuesta, su agresor decidió privarla de la vida. “Este caso nos muestra un punto débil a nuestro sistema judicial, siendo el estado el que incumple en proteger a las mujeres víctimas de la violencia, constituyendo no solo un acto discriminatorio si no también una violación al derecho a la vida”, resaltó la legisladora.
