Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Los diputados de Michoacán aprobaron con 23 votos a favor la procedencia del juicio político en contra del auditor superior, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, por lo cual la Comisión Jurisdiccional será la encargada de declarar que ha lugar a proceder penalmente en contra del ex servidor público.
Sin los votos de los dos diputados Ernesto Núñez del Verde Ecologista (PVEM), ni de los dos legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jesús Hernández Peña ni Daniela de los Santos, quienes sólo votaron el Dictamen de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, fue declarado procedente el juicio político contra Aguirre Avellaneda durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en una sede alterna al recinto Legislativo.
Luego de la aprobación con apenas 23 votos a favor del juicio político promovido por la contralora del estado, Azucena Marín Correa bajo el argumento de que el ex auditor por conflicto de intereses y enriquecimiento oculto, el Dictamen fue enviado a la Comisión Jurisdiccional encabezada por el panista, César Palafox Quintero e integrada por los diputados Margarita López del PVEM y la morenista, Anabeth Franco.
Ahora, les tocará a los diputados de la Comisión Jurisdiccional analizar también las pruebas entregadas por Marín Correa para elaborar el Dictamen correspondiente a fin de que vuelva a ser turnado al pleno del Congreso y volver a ser votado por los integrantes de la 75 Legislatura para que se proceda penalmente en contra de Aguirre Abellaneda.
El Dictamen aprobado este jueves, señaló que a Aguirre Abellaneda se le atribuyó la omisión del cumplimiento del pago de contribuciones de las prestaciones laborales, como es el pago del impuesto sobre la renta, y el pago del impuesto sobre las erogaciones por remuneración al trabajo personal.
Así como también, por no haber cumplido con las reglas de rendición de cuentas, toda vez que en la denuncia se señala que los informes de los estados financieros firmados por el auditor, no reflejan la realidad financiera, ya que no contempla como pasivo los adeudos de pago, ante lo cual, los diputados de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales consideraron que el ex auditor infringió de manera sistemática la normatividad emitida por la Comisión Nacional de Contabilidad Gubernamental.