Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- La Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (ProAm) no pudo clausurar el fraccionamiento Campestre Puerta del Bosque que se pretende edificar en la tenencia de Jesús del Monte, debido a que sus propietarios no se encontraban en el lugar al momento de que se pretendió suspender el desarrollo de la obra carente de la licencia de construcción que otorga el Ayuntamiento de Morelia.
El procurador de Protección al Medio Ambiente en Michoacán, Juan Carlos Vega Solórzano, informó que la suspensión de la obra sigue en pie; sin embargo, subrayó la necesidad de que los propietarios del predio sean notificados, previo a proceder a la clausura.
“La clausura sigue en pie, no hay ningún cambio, pero tenemos que notificar a los propietarios antes de establecer cualquier acción, en apego al procedimiento legal correspondiente”, subrayó.
Explicó que la clausura del fraccionamiento responde a que sus propietarios no cuentan con una manifestación de impacto ambiental vigente, ni tampoco con el permiso de construcción que debe girar el Ayuntamiento de Morelia, para poder ejecutar la obra proyectada en las faldas del cerro Pico Azul y las inmediaciones del manantial El Peral.
De existir dolo en la ausencia de los propietarios del predio, Vega Solórzano reconoció que se podría tratar de una “evasión a la justicia”. No obstante, reiteró que seguirán buscando sostener un acercamiento con los promotores de la obra que, a juicio de los habitantes de la Tenencia de Jesús del Monte, desencadenaría un nuevo “ecocidio” en Morelia.
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“Si no tienen la intención de acatar las notificaciones, se podría decir que no están dando la cara o que están evadiendo la justicia”, remarcó.
Dijo esto, tras señalar que hasta el momento la ProAm no ha podido establecer contacto con los propietarios del predio, entre los que se encuentra Alejandro Méndez López, ex candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En tanto, el procurador ambiental de Michoacán reconoció en entrevista previa que, además de la clausura de la obra, los promotores de ésta podrían ser acreedores a una sanción económica de hasta 3 millones de pesos, en caso de que exista alguna alteración en la capa forestal de Pico Azul, sin antes haber obtenido la licencia de construcción del ayuntamiento.
Ante la postura de la ProAm, los propietarios -quienes estuvieron ausentes en el intento fallido de clausura aquí descrito- advirtieron, en voz de Alejandro Méndez, que podrían recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa para mantener vigentes sus intenciones de construir una “ecoaldea” en las inmediaciones del cerro de Pico Azul.
