Morelia, Mich; (OEM-Infomex). Como una alternativa que sustituya los nuevos impuestos ecológicos que pretende implementar el Ejecutivo del estado el próximo año, se presentará al Congreso local una iniciativa de reforma a la legislación en materia ambiental para crear un sistema de mitigación de emisiones contaminantes a la atmósfera donde el sector industrial contribuya con programas de autorregulación y auditoría ambiental.

La propuesta será llevada este miércoles a tribuna por el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Hernández Vázquez, a fin de considerar la adición de diversos artículos a la Ley de Cambio Climático del estado y a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable de Michoacán.

El proyecto de decreto se sustenta básicamente en implementar un Sistema Estatal de Mitigación de Emisiones para establecer acciones y promover la neutralización de contaminantes a la atmósfera a través de fuentes fijas de competencia estatal; al tiempo de facultar a las autoridades y que la iniciativa privada pueda contribuir con la suscripción de convenios para el fortalecimiento de programas ambientales, auditorías y autorregulación.

De acuerdo con el planteamiento, este sistema estatal estaría previsto como uno de los instrumentos de la política ambiental contenidos en la Ley de Cambio Climático del estado donde se establezca un inventario, un programa estatal de auditoría ambiental o programa equivalente, otro para la inspección basado en riesgos, así como para la reforestación, áreas verdes en los proyectos sujetos a autorización de impacto ambiental, un programa estatal de fortalecimiento de capacidades y un fondo privado ambiental.

De manera que a partir del inventario de emisiones se generen límites máximos permisibles y se propongan esquemas regulatorios para mitigar los efectos de las emisiones por actividades industriales.

Además de que la Iniciativa Privada, bajo un esquema de empresas socialmente responsables, cooperen con el gobierno del estado en la aportación de recursos económicos con beneficio a zonas urbanas y áreas naturales protegidas, así como destinar recursos de todo tipo para apoyar a las autoridades en la atención de emergencias ambientales.