Morelia, Michoacán-(OEM-Infomex).- Organizaciones de la sociedad civil de todo el país, incluido Michoacán, hacen un llamado a los gobiernos estatales y federal para frenar la violencia sexual infantil, ya que por cada 100 mil niños, mil 764 son violados de acuerdo al INEGI.
La petición formal va dirigida a la Secretaría de Educación, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, las procuradurías estatales, así como a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Al hacer su llamado, las organizaciones destacan que además de la alta tasa de violaciones, cinco mil de cada 100 mil pequeños sufren tocamientos, sin olvidar que México ocupa uno de los primeros lugares en violencia y explotación infantil, así como el primer lugar en consumo de pornografía infantil, y el segundo lugar en turismo sexual infantil.
Adivac, Fundación Juconi, Mexicanos Primero A.C; Junior Archivement Save the Children, Plan International, World Vision, México Juega A.C. y Mejores Familias A.C. son las que inicialmente plantearon la petición, en la que piden enérgicamente a las autoridades educativas crear estrategias de prevención, intervención, protección, vigilancia, y denuncia inmediata al ministerio público en todos los casos de delitos sexuales dentro de las escuelas.
Con el fin de que las niñas, niños y adolescentes se desarrollen en espacios seguros, y bajo el argumento de que abordar el tema de la violencia sexual a los menores debe hacerse de manera multidisciplinaria e interinstitucional, las organizaciones civiles elaboraron un documento dirigido a las autoridades, con un posicionamiento y propuestas.
El llamado se hace tras darse a conocer el informe de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) llamado: “Es un secreto. La explotación sexual infantil en las escuelas”, en el cual se documentan casos de explotación sexual organizada al interior de las escuelas del país, durante los últimos 10 años.
Dicho trabajo de investigación visibiliza la impunidad tanto del gobierno como de las propias instancias educativas, desde el año 2011, cuando se interpuso la primera denuncia de violencia sexual infantil en contra de alrededor de 30 niñas y niños menores de 6 años.
Esta denuncia exponía que los pequeños habían sido utilizados sexualmente por personal de una escuela pública preescolar en Iztapalapa.
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Las organizaciones civiles enfatizan en el llamado, que la problemática es una realidad “urgente” de atender, y señalan que se tienen contabilizados 37 actos de violencia sexual infantil en escuelas, relacionados con explotación sexual.
De dichos casos sólo ha sido posible conocer a mayor detalle lo referido por las víctimas en 18 escuelas de siete estados: Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Estado de México, San Luis Potosí y en Baja California.
Proponen estrategias de prevención, de intervención y de protección. Respecto a las primeras, sugieren que se haga pública la trayectoria y designación del personal escolar, es decir, directivos, maestras, maestros, así como toda persona que trabaje en las escuelas.
También plantean fortalecer los espacios de escucha de los pequeños e involucrar a la ciudadanía para la prevención y denuncia de redes de explotación sexual infantil.
Que no haya espacios ocultos, casas privadas dentro de las escuelas, cuartos obscuros o salones escondidos, es otra de las propuestas preventivas.
Respecto a las estrategias de intervención, las organizaciones plantean establecer mecanismos expeditos de denuncia y de seguimiento con la comunidad educativa.
Cambiar el protocolo de los procedimientos administrativos de la SEP para que se avise inmediatamente a las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que trabajen conjuntamente con la policía y Ministerio Público ante cualquier denuncia de violencia sexual contra menores.
También ponen sobre la mesa, que ante un caso, trabaje de la mano la Unidad de Atención al Maltrato y al Abuso (UAMASI) de la SEP con los Sistemas de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Mientras que, como estrategias de protección, piden que se investigue debidamente y que se reconozca a los codenunciantes de estos casos como víctimas con derechos para participar en la indagatoria, así como asegurar el derecho de los niños a la no repetición de la historia.
Evitar la revictimización de los menores, con puntos como la necesidad de la prueba anticipada, es otro de los ajustes que consideran se deben hacer, es garantizar la coordinación entre la Fiscalía General de la República con cuerpos policiales y ministeriales realmente especializados en la investigación de delitos contra infantes.
El documento, con las firmas de las organizaciones mencionadas y otras más que se están sumando, se hará llegar en próximos días a las autoridades federales y estatales involucradas.
