Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Después de más de una semana, el Congreso de Michoacán finalmente aprobó la Ley 3 de 3 contra la violencia que prohíbe ocupar cargos en el servicio público, ser postulado y ocupar cargos de representación popular a toda persona que haya ejercido violencia política o sexual contra mujeres, o bien, que se trate de un deudor alimentario.
Recordar que ésta fue una demanda sentida por diversos colectivos feministas, quienes la semana pasada, incluso se manifestaron a las afueras del Congreso local para exigir a los diputados la aprobación de la Ley 3 de 3 contra la violencia.
En tribuna, la diputada del Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Iñiguez, lamentó que Michoacán no entró en los 17 estados que se requerían para que la Ley 3 de 3 contra la violencia fuera remitida al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación, a fin de poder aplicarse en los comicios federales del 2024, ya que dicha limita mandada por el Senado de la República no fue turnada al pleno con oportunidad.
Aunque Michoacán se tardó en aprobar dicha Ley, la diputada del PRI, celebró que por fin la minuta fue aprobada por la 75 Legislatura, ya que la violencia en todas las expresiones es una constante que viven todas las mujeres, y es también una realidad que las agresiones son ejercidas por personas que se encuentran en un cargo público.
Agregó que ahora en la entidad se prohibirá a los deudores alimentarios a todos los agresores sexuales a participar en una contienda electoral o a desempeñar algún cargo público garantizando que los espacios sean ocupados por personas íntegras que no tolerarán alguna forma de violencia contra las mujeres.
En la sesión de este miércoles, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Brenda Fraga Gutiérrez, calificó como un paso histórico que se suspendan los derechos para ocupar un cargo público a todos los agresores sexuales y deudores alimentarios.
Recordó que el pasado 28 de abril, los senadores aprobaron la minuta de la Ley 3 de 3, misma que fue enviada a los Congresos locales, ya que aborda los tres Poderes, el Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
“Es avance el que se eleva a rango constitucional la ley para prohibir el registro como candidato a algún cargo de acción popular, pues esto otorga certeza para erradicar la lucha contra la violencia de género”, resaltó.
También, la diputada de Acción Nacional (PAN), Laura Ivonne Pantoja, subrayó que en Michoacán se pondrá un alto a los violentadores, quienes desde el poder violentan a las mujeres. Indicó que ya no se permitirá que abusadores sean candidatos ni tampoco puedan trabajar en espacios públicos. “Por todas las michoacanas que exigen justicia, ni un violentador más”, manifestó la legisladora panista.
