Morelia Mich (OEM/ Infomex).- Con un nivel de violencia que llega casi al 70 por ciento de las mujeres, autoridades en Michoacán han recurrido a diferentes acciones para tratar de frenar los hechos que ponen en riesgo la integridad de su población femenina.
La alerta de género, con toda una gama de actividades; la creación de nuevas instancias de denuncia, legislaciones que aumentan penas y el tendido de redes de apoyo y cobijo son algunos de los intentos puestos en marcha desde hace algunos años sin que al momento hayan generado resultados contundentes.
De hecho, lejos de bajar, las autoridades advierten un aumento de casos.
De acuerdo con datos oficiales proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE), las denuncias por delitos cometidos contra mujeres en Michoacán han ido al alza en el último año.
Entre enero y octubre del año pasado se registraron 417 casos de abuso sexual contra 466 en el mismo periodo de 2022.
En esa misma comparativa, las denuncias de acoso sexual pasaron de 149 a 158; las de violación de 420 a 432; la violencia digital a la intimidad sexual se disparó de 142 a 171, mientras que las denuncias por violencia familiar pasaron de 830 a mil 38.
En total, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar y de Género ha consignado dos mil 265 denuncias en los primeros 10 meses del año, contra mil 958 del 2021.
En entrevista, la titular de esta área en la región Morelia, Ireri Moreno Cruz, precisó que los casos de violencia al interior de las familias aumentaron en el periodo de la pandemia, debido a que la convivencia obligada para evitar contagios evidenció la presencia de agresores en los hogares.
Al revisar las estadísticas, destaca que la FGE de esta región recibió 104 denuncias por violación cometida en una casa en el año 2020; de ahí pasó a 127 en 2021 y se redujo a 100 en los primeros 10 meses de este 2022.
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Esa misma tendencia se observa en los abusos sexuales contra menores de 16 años, los cuales pasaron de 301 en 2020 a 351 en el año posterior, considerado el más grave en cuanto a medidas restrictivas por coronavirus.
“La propia situación económica dejó a mucha gente desempleada, y ahí es que observamos el aumento de violencia familiar y sexual”, añade Moreno Cruz.
Llama la atención que pese a los esfuerzos legislativos como la Ley Olimpia, aprobada en 2019 para castigar la publicación de imágenes íntimas, esta clase de delitos no cede, y por el contrario, va en aumento.
En cuanto a los agresores en temas de violación sexual, las cifras marcan que de cada 10 casos, dos son cometidos por los padres de la víctima; tres por los abuelos, cuatro por el padastro o pareja sentimental de la madre, y en el 10 por ciento se acusa a un maestro.
Solo en el 30 por ciento de las demandas el victimario resulta ser un desconocido, lo que deja claro que el enemigo está en la propia casa o escuela.
Las cifras según INEGI
La realidad plasmada por las autoridades lo corrobora la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) la cual señala que casi siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años en Michoacán han sido víctimas de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial a lo largo de su vida; de éstas, el 42.7 por ciento la han sufrido durante los últimos doce meses.
La encuesta contempla el maltrato ejercido por la pareja o ex pareja, familiares u otras personas ajenas a su entorno. También, contempla discriminación por razones de embarazo o discriminación laboral.
En este contexto, la ENDIREH señala además del hogar, el ámbito escolar como uno de los espacios que mayor violencia generan.
Muestra de ello es que el 17.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más han vivido situaciones de violencia física a lo largo de su vida escolar. Mientras que 15.5% ha experimentado violencia de tipo psicológica en los últimos 12 meses.
Desde el 27 de junio del 2016, Michoacán mantiene activa la Alerta de género en un total de 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.
En estos seis años, las autoridades han impulsado como parte de esta Alerta: La creación de una agrupación estatal especializada en Seguridad Pública para atender de manera exclusiva a las mujeres a través de las llamadas del 911.
Además, protocolos específicos de actuación en materia policial y judicial para atender los casos de violencia contra las mujeres; capacitado a los transportistas del Estado y realizado campañas permanentes de sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres.
Igualmente, se ha reforzado la difusión de líneas de atención a través de las cuales las mujeres pueden contactarnos ante una situación de violencia.
Fortalecido el Refugio Estatal para resguardar a las mujeres víctimas de violencia junto con sus familias y creado la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución del Homicidio Doloso y el Feminicidio, entre otras cosas.
El botón naranja y la puerta violeta
Adicionalmente y en municipios donde incluso no aplica esta alerta, se han iniciado esfuerzos de apoyo a las mujeres, tal es el caso de Puruandiro en donde hace tres años arrancó el proyecto denominado “Puerta Violeta”.
Mediante esta herramienta se ayuda a las mujeres que están en riesgo, debido a la violencia de las que son víctimas, por lo cual reciben atención integral que consiste en: asesorías legales; psicológicas; de trabajo social, médica y de albergue temporal.
Puerta Violeta de Puruándiro es la segunda que se abrió en el país y después de ésta fueron instalándose otras nueve en México.
Desde el 8 de noviembre del 2019 que se abrió se han atendido en promedio unas 300 mujeres.
Por otra parte, autoridades municipales de Morelia en el 2020 pusieron en marcha una aplicación digital denominada “Botón Naranja”, con la que una mujer puede usar su teléfono móvil para emitir una alerta a la policía cuando se siente en peligro.
Esta clase de aplicaciones móviles han sido criticadas porque dependen de que el usuario o usuaria cuente con una red de internet, de la cual pueden carecer en la vía pública o espacios con poca señal.
Además de que el llamado de alerta también requiere de que la personas pueda manipular su teléfono celular, pero éste es el primer elemento del que suelen ser despojadas al ser víctimas de una agresión.
Las insuficientes penas por los feminicidios
En una revisión a 39 juicios por feminicidios en Michoacán desde el año 2017, se da cuenta que apenas en tres casos se han dictado sentencias de 40 años, con reparaciones económicas para las víctimas indirectas que rebasan los 370 mil pesos.
En contraparte, son cinco los feminicidas que han logrado una sentencia por 20 años de prisión, mientras que otros siete recibieron entre 21 y 25.
Además, hay 11 hombres que obtuvieron un castigo de entre 15 y 19 años de cárcel, pese a que en prácticamente todos los casos se acreditaron acciones de crueldad y alevosía en los crímenes.
Entre todo ese historial de feminicidios, destaca el clasificado en la causa penal 102/2020, desahogado en la sala penal de Zitácuaro, en el que se acusó a un hombre identificado como N. Urbano de matar a quien fuera su pareja sentimental, María N.
De acuerdo a las pruebas aportadas por el Ministerio Público, el varón maltrató física y psicológicamente a su esposa desde el año 2007. En una ocasión le cortó la mano con un cuchillo, en otra la golpeó en la cabeza con un celular y en otra más con el puño en el pecho.
A esa ola de agresiones se sumó la del 20 de marzo de 2020, cuando le pegó en la cara provocando una lesión en la ceja y el pómulo izquierdo, además de gritarle que “era una puta” y lo engañaba con otro hombre.
La violencia encontró su punto más álgido cinco días después, cuando el hombre llegó a casa armado con un revólver, sacó a su esposa hacia un camino de terracería y frente a uno de sus dos hijos le disparó en la cabeza, ocasionándole la muerte de inmediato.
Con todo y que no había duda del crimen y su autor material, el juez a cargo del caso decidió establecer una pena de 13 años y ocho meses de cárcel, así como una reparación del daño por 439 mil 612 pesos, que sin embargo el acusado dijo no tener al momento de ser sentenciado.
En las audiencias testificaron familiares que confirmaron la crueldad con que el hombre se conducía cotidianamente e incluso rindió declaración el hijo que atestiguó el hecho, lo mismo que un sujeto que le proporcionó el arma al feminicida.
