Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El control y erradicación de las hoyas de agua debe pasar por iniciativas desde el Congreso local que sean llevadas a lo federal, con el objetivo de que su construcción se tipifique como un posible delito en la Ley de Aguas Nacionales. Así lo estableció en entrevista el titular de la Procuraduría Ambiental del Estado de Michoacán (Proam), Arturo Chávez Carmona, luego de que El Sol de Morelia publicara un reportaje donde se da cuenta de los daños a la naturaleza que ocasionan estos contenedores que regularmente se usan para regar huertas ilegales de aguacate.
Aunque es un problema que se tiene presente en los más recientes años, no hay ninguna ley que prohíba su existencia, por lo que urge que en la entidad los diputados de la actual legislatura elaboren un punto de acuerdo con miras a aplicarse en lo federal, pues solo así se podría combatir, aseveró el biólogo.
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“Para combatirlas debería haber un tipo de norma, es algo que le corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pero no tienen los elementos legales; por eso necesitan que se legisle a nivel federal”, explica, al tiempo de aceptar que no se trata de simples captadores de lluvia, sino que se apropian de manantiales que originalmente eran para riego extensivo o consumo humano, obstruyendo la marcha de la red geohidrológica que tienen las cuencas.
Para Chávez Carmona, “ante el problema tan extendido que ya tenemos en el estado, se necesita que el Congreso local eleve un punto de acuerdo a la Cámara de Diputados para que se genere una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales”, pues de lo contrario se mantendrá la paradoja de insistir en una actividad irregular y dañina, pero que no se contempla en las normas ambientales.
El posible punto de acuerdo que tiene que hacer la legislatura actual ya se ha conversado con las autoridades del estado, dice Chávez Carmona, quien espera que no pase mucho tiempo para que se lleve a cabo.
No hay un registro oficial de cuántas hoyas de agua hay en el estado, pero activistas ambientales como Julio Santoyo calculan que podrían ser más de 20 mil, mientras que el investigador nicolaita averiguó en 2011 que tan solo en la franja de municipios aguacateros se contabilizaban más de siete mil 600.