Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Para la doctora en economía Armonía Borrego Estrada, el programa Sembrando Vida (SV) carece de un diseño apegado al desarrollo sustentable, pese a que en sus documentos oficiales intenta “venderse” como tal.
El Sol de Morelia publicó en su edición impresa de esta semana la opinión de expertos en materia ambiental, quienes reconocieron un alcance limitado de este proyecto que subsidia con cinco mil pesos mensuales a campesinos que siembran plantas en terrenos propios de dos hectáreas y media.
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Ante la pregunta si un programa como éste es el que se requiere en Michoacán, donde el 60 por ciento de la masa boscosa se ha perdido en las últimas décadas, la integrante del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM recuerda que Sembrando Vida persigue dos objetivos fundamentales: reducir la pobreza y combatir la degradación ambiental, al que se puede añadir un pretendido freno a reducir la migración.
“En sus documentos se puede leer que hay un enfoque de sustentabilidad, pero pareciera que como está de moda, quisieron poner este agregado, solo que se ve forzado, hecho para que encaje en el discurso ambientalista global”.
Cita a la investigadora Helena Cotler Ávalos, del Centro GEO, quien concluyó que la focalización del programa es clara a nivel estatal, “pero se va difuminando cuando pasa a escalas menores, especialmente a nivel de localidades”.
Aunque el padrón de beneficiarios sí cumple en su mayoría con la condición de estar en una situación de pobreza, no hay correspondencia con zonas prioritarias para la conservación en entidades como Tabasco o Veracruz.
Uno de los principales problemas, dice Borrego Estrada, es que SV se planeó de manera uniforme en todo el país, sin tomar en cuenta las características de cada entidad. “Es un programa más inclinado a la asistencia social, en detrimento de las zonas más degradadas”.
La doctora egresada de la Universidad Autónoma de Barcelona afirma que en programas como éste el ambientalismo se simplifica a planes de reforestación.
“Para combatir la degradación ambiental, como dictan las objetivos de Sembrando Vida, no basta con plantar árboles, y no se ven tampoco las condiciones de darle seguimiento en el largo plazo”, subraya, poniendo como ejemplo investigaciones de Cuauhtémoc Sáenz, de la Universidad Michoacana, quien elaboró un documento donde se precisa cómo trabajar en los ecosistemas de la región, pero que no tuvo eco en las políticas públicas.
Una segunda debilidad de SV, señala la académica, es su carácter “idealista”, pues se plantea como un ambicioso proyecto que genera economías locales, sin que haya en sus documentos las líneas de seguimiento en el mediano plazo.
El hecho de que sea encabezado por la Secretaría del Bienestar y no por una institución como la Comisión Nacional Forestal, hace que su visión sea solo asistencialista, pero deja fuera a quienes por año han diseñado las políticas de medio ambiente, a quienes además les recortan presupuesto.
En términos económicos, el subsidio de cinco mil pesos es un alivio para los casi 450 mil sembradores en el país, pero no reducirá su condición de pobreza, afirma la investigadora, mucho menos cuando se trata de un programa que podría desaparecer en cuanto se termine el actual sexenio y que no presenta un plan de comercialización para el futuro cercano.
El aspecto más positivo que ve en el programa es la posible creación de pequeñas organizaciones en localidades del país; incluso no ve mal el esquema de autoconsumo y desarrollo de mercados comunitarios, solo que para saber si esto será posible se requieren varios años de monitoreo y Sembrando Vida no tiene la certeza de sobrevivir más allá de 2024.
Por ello, la probabilidad de que los sembradores sigan trabajando en este proyecto si llegara a desaparecer el subsidio es mínimo, pues de acuerdo con Armonía Borrego está demostrado en diversos estudios que después de que desaparece un incentivo económico, los beneficiarios se olvidan de los programas, como ella misma lo comprobó en sondeos en regiones forestales.
Para finalizar, señala que la lamentable situación medioambiental que priva en el estado no tendría por qué existir si se cumplieran con las normas existentes.
“Todo está previsto en la ley, pero el problema es que no se cumple y no hay los recursos suficientes que garanticen una adecuada supervisión de los delitos ambientales”, puntualizó.
