Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Aunque el objetivo principal del programa federal Sembrando Vida es atender la pobreza rural y la degradación ambiental, para expertos en la materia esa meta está lejos de cumplirse por un diseño mal ejecutado, el cual privilegia la dispersión de recursos económicos que no reducen las desigualdades sociales ni mucho menos coadyuvan en una emergencia para la entidad: recuperar sus bosques.
Además, algunos sembradores ubicados en la Tierra Caliente han sido extorsionados por miembros de la delincuencia organizada, tal como lo aceptó la coordinadora territorial Neyra Sosa Gutiérrez, quien en noviembre pasado dijo ante medios de comunicación que tenían reportes de gente amenazada y de otras a quienes les quitan los recursos a los que acceden.
De acuerdo a sus reglas de operación, el programa se propone el objetivo de contribuir al bienestar de personas que se encuentran en municipios con rezago social mediante la producción de 2.5 hectáreas sembradas con sistemas agro forestales y milpa intercalada entre árboles frutales, a fin de cubrir sus necesidades alimenticias básicas. Cada uno de estos productores, que en todo el país son 449 mil 800 al corte del 31 de diciembre de 2022, recibe un apoyo de 5 mil pesos mensuales, depositados en tarjetas del Banco del Bienestar, pero aumentará a 6 mil para este año.
En Michoacán el número de inscritos es de 11 mil 707 en 30 municipios, abarcando cerca de 30 mil hectáreas, en las cuales se sembraron 15 millones de plantas en viveros el año pasado
Su presupuesto en la entidad entre 2020 y 2022 fue de 1,796 millones de pesos, mientras que para el 2023 se aprobó en 37 mil millones de pesos para todo el país.
Los municipios principales que concentran estos apoyos son Aquila, Carácuaro, Cherán, Coahuayana, Erongarícuaro, Gabriel Zamora, Huetamo, Los Reyes, Morelia, Múgica, Nahuatzen, Nocupétaro, Paracho, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante, San Lucas, Tingambato, Tiquicheo, Turicato, Tzitzio y Uruapan.
Sonaba bien en la teoría
El empresario hotelero y de la industria forestal, Roberto Molina Garduño, apunta en entrevista que en los últimos 40 años se ha perdido un 68 por ciento de la masa boscosa en el estado, lo que se traduce en que, de 5 millones 800 mil hectáreas de inventarios en bosques y selvas, pasamos a tan solo un millón 200 mil. En ese sentido, señala que los factores que han contribuido a este “desastre ecológico” son diversos y no solo se concentra en el cambio de uso de suelo para huertas de aguacate, que por sí solas han impactado en 300 mil de las 4 millones de hectáreas perdidas, apenas un 8 por ciento.
Michoacán es el tercer estado productor forestal en México, por lo que Sembrando Vida “nos iba a caer como anillo al dedo”, dice Molina, ya que se necesitan miles de árboles de este tipo, solo que el programa no es manejado por la Comisión Nacional Forestal, la cual dejó de ser una dependencia ejecutora para convertirse en “una ventanilla de trámite”.
De acuerdo con Molina Garduño, con la entrada del programa se dejaron de comprar árboles a los viveros locales, lo que produjo la disminución de las plantaciones nacionales dado que es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “El Ejército concentró las plantas en sus propios viveros; esto es importante decirlo, pues para que la planta sea exitosa, debe ser endémica, y en este caso no lo es”.
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El también impulsor de la reserva de la Mariposa Monarca subraya el hecho de que un programa de naturaleza forestal sea en los hechos otro subsidio incluido en la etiqueta del Bienestar, como los bancos, las becas para estudiantes o para adultos mayores. “Al final solo se concentraron en la paga de jornales, pero se olvidaron de los aspectos técnicos, de la asesoría de verdaderos expertos como ingenieros forestales o investigadores universitarios que les indiquen qué planta es adecuada para cada región”.
Pone como ejemplo que, al ser parte de la Sierra Madre, la vocación de Michoacán es la conífera, de la cual se derivan las especies de pino, oyamel y encinos. En las zonas templadas hay árboles forestales, “pero resulta que, al aplicarse el programa, lo que mandan son aguacate, guayaba y cacao… árboles frutales que aplican a zonas tropicales, pero no para Michoacán”.
No soluciona pobreza: Julio Santoyo
Julio Santoyo, integrante del Consejo Estatal de Ecología, coincide en que Sembrando Vida no es un programa que sirva como remedio a las principales problemáticas ambientales que enfrenta el estado, pues no fue diseñado para la restauración forestal, la reforestación, la recuperación de ecosistemas o el cuidado del agua. “Es una estrategia que les hace llegar dinero a algunas personas, no muchas, que tienen en su haber dos hectáreas y media de tierra para que ahora trabajen en la agroforestería”.
Subraya que incluso los beneficiarios pueden registrar hectáreas de bosques que no han tenido cambio de uso de suelo, pero ahora añadiendo cultivos como maguey o milpa, lo que implica una modificación respecto a la constitución ecosistémica del espacio.
En materia social, los cinco mil pesos mensuales no son suficientes para resarcir la pobreza de las personas ni tampoco se genera un arraigo a la tierra, pues los indicadores de migración son los mismos desde hace décadas, lo que se ve reflejado en el aumento de las remesas que tan solo el año pasado aumentaron 13 por ciento, recuerda Santoyo.
Los alcances del programa son muy reducidos, apunta el especialista, toda vez que sus 11 mil 700 beneficiarios son muy pocos comparados con los más de 350 mil que trabajan en huertas aguacateras, la mitad de las cuales son ilegales, pues se han asentado donde había bosques. “Es un impacto marginal, tanto en lo ecológico como en lo social”, insiste Santoyo, quien coincide con Molina en que Sembrando Vida está desvinculado de instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Forestal del Estado (Cofom) o la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio).
En términos presupuestales, recuerda que la Cofom ya no tiene recursos para dotar de árboles a las comunidades, como ocurre en el municipio de Madero, donde “con dificultades te dan 20 mil pinos, cuando antes se accedía a 150 mil sin problemas. La razón es que no tienen dinero, porque se fue a Sembrando Vida, con lo cual se deja descubierto el cuidado ambiental y claro que le pega mucho a Michoacán”.
Lamenta que las reglas de operación no distingan las necesidades específicas que tiene cada estado ni se hayan hecho mediciones particulares de impacto al medio ambiente. Además, sus criterios de selección son confusos, pues por ejemplo el mismo municipio de Madero no forma parte de Sembrando Vida, cuando es una zona ideal para trabajos de agroforestería en cultivo de maguey.
Retenciones opacas
Hasta el año pasado el pago a cada persona sembradora fue de cinco mil pesos al mes, pero de esa cantidad se retuvieron 500 pesos, de los cuales 250 ingresarían a una caja de ahorro forzosa de la que no podían disponer en los primeros tres años. Asimismo, 250 pesos serían destinados a un “Fondo del Bienestar”, fideicomiso privado “cuyo fin servirá para apoyar a los productores a consolidar sus medios de producción y de vida familiar”, de acuerdo al propio blog de Sembrando Vida.
Al respecto, la organización Connectas publicó una investigación en la que se subrayaba que la Secretaría del Bienestar federal guardaba más de 4 mil 200 millones de pesos de esos ahorros obligatorios, sin detallar cómo usaron el dinero de casi 430 mil campesinos.
Luego de estas y otras críticas, se informó que el fideicomiso nunca se logró conformar y que todos los productores deberían tener de regreso sus 500 pesos mensuales, pero solo ha sucedido con los beneficiarios de 2019 en el sureste del país. En Michoacán, que se integró en 2020, existe la promesa de devolverlos este año, pero no hay una fecha certera, pues depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Bajo observación del Coneval y la ASF
En su informe titulado Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo del Programa Sembrando Vida 2019-2020, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) apunta que el diagnóstico de este proyecto dicta que “los campesinos en localidades rurales cuentan con ingresos insuficientes para hacer productiva la tierra”. Sin embargo, tan solo en ese marco teórico ya encuentran fallas, al sostener que no está claro cómo el problema de ingreso resuelve la falta de productividad en la tierra. “Se presta a confusión si el problema que se quiere atender es el ingreso de los campesinos o la productividad de la tierra”, señala el Coneval.
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Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha observado por dos años consecutivos (2019 y 2020) inconsistencias como la dispersión en efectivo por 243.8 millones de pesos a más de 18 mil 500 personas que no entregaron documentación completa, mientras que hubo 12 casos de beneficiarios que tenían 97 años de edad, considerados fuera del rango en sus propias reglas de operación.
Finalmente, la herramienta conocida como Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP) a cargo de la asociación civil Gestión Social y Cooperación, evalúa a Sembrando Vida como un programa con nivel de desempeño escaso, obteniendo una calificación de 41.2, en una escala del 1 al 100. El punto más débil es su cobertura, calificada con apenas 19 puntos, mientras que su fortaleza es el cumplimiento de metas, con 76 puntos.
Pese a observaciones de especialistas e instancias auditoras, Neyra Sosa defiende la viabilidad de Sembrando Vida y revira que sí tienen apoyo de instancias a modo de consejos consultivos, como el Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán (CIDAM), además de que para los productores representa no solo un alivio económico, sino un sistema de aprendizaje que incluye los procesos de producción de planta y bioinsumos o fertilizantes.
Detalla que cada zona del estado trabaja de acuerdo a la vocación de su propia tierra y reta a visitar los viveros, donde se podrá comprobar el sentido social del proyecto. Sobre los problemas de inseguridad y las extorsiones, ratifica que existen casos, pero no son la norma, pues de lo contrario no estarían operando todos los días.