Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Por no cumplir con los requisitos, fueron desechados siete juicios políticos en contra del titular de Comisión Estagal de Derechos Humanos (CEDH) Marco Antonio Tinoco Álvarez y uno contra la revocación de mandato de los integrantes del Cabildo de Aguililla, promovido por la alcaldesa María Jesús Montes Mendoza.
En entrevista colectiva, la presidenta de la Comisión de Gobernación en el Congreso, Larisa Pérez Campos, confirmó que los siete juicios políticos que en meses pasados fueron remitidos al órgano legislativo que preside en contra el ombudsperson, una vez analizados por los diputados integrantes, decidieron que eran improcedentes.
Una de las principales fallas detectadas por quienes presentaron los juicios políticos para el titular de la CEDH, tiene que ver con que el recurso es firmado para su aprobación por una persona moral, en lugar de que sea una persona física, por ello inmediatamente es desechado por los diputados de la Comisión.
"Nosotros somos el primer filtro de la revisión de la documentación que nos envían para después enviarlo a lo jurisdiccional, pero éstos no han pasado, porque no cumplen con el requisito mínimo", insistió la diputada del Partido Acción Nacional (PAN).
Sin embargo, la panista dió cuenta de que hay un juicio ciudadano de Eréndira Castellanos Valladares contra Tinoco Álvarez que está siendo analizado y posiblemente pueda ser aprobado.
Recientemente han salido a relucir una serie de escándalos en los que ha estado envuelto el presidente de la CEDH por supuestas violaciones a los derechos humanos, el archivo de quejas, así como supuesto acoso a trabajadores.
La coordinadora del grupo parlamentario del PAN, Pérez Campos, también expuso que la revocación de mandato solicitado por la alcaldesa de Aguililla en contra de los integrantes del Cabildo, también fue desechado por no cumplir con documentación suficiente que acreditara la petición.
En Aguililla existe un conflicto entre los integrantes del Cabildo con la edil Montes Mendoza, a raíz del hackeo de tres millones de pesos de las cuentas municipales, así como la supuesta falsificación de credenciales.