Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El Ayuntamiento de Paracho no envenenó a los perros señalados por el Colectivo de Animalistas de Michoacán, aseguró el edil del Pueblo Mágico, Érick René Padilla Andrés.
“Ya lo hemos aclarado, definitivamente no hay evidencia que hayan sido 16 perritos envenenados, hablan de 30, hablan de 20, lógicamente un animal que haya sido envenenado claro que nos preocupa, definitivamente no fue el gobierno municipal”, señaló durante una rueda de prensa realizada esta mañana en el Instituto del Artesano Michoacano (IAM).
El edil de Paracho manifestó que este tema, al que calificó como polémico, ha sido aprovechado por los medios para hacer nota cuando él ha creído que lo detienen los reporteros para preguntarle sobre la próxima XLVIII edición de la Feria Internacional de la Guitarra.
Padilla Andrés expresó que esta situación ha sido manipulada en las redes sociales, “si checan las redes sale una fotografía donde están aproximadamente seis animales tirados y ahí salió el dueño de unos de esos animales donde aclara que ellos están dormidos y que les da de comer, los cuida y están en su casa”.
Las pláticas y acercamiento con las organizaciones sociales de animalistas se mantienen, y a ellos les ha compartido las políticas públicas a favor de los animales, recordando el tema de sobrepoblación de perros callejeros en el Pueblo Mágico sí está presente y no ha sido fácil atender.
El pasado 27 de julio del año en curso cuando el Colectivo de Animalistas de Michoacán, representado por Rosario Herrera Guido y Carlos Maya Cordero, denunciaron y señalaron de manera pública a la administración municipal de Paracho de haber envenenado a decenas de perros previo a la edición de este año del Cantoya Fiesta y Color, por lo que ya estaba una carpeta de investigación en curso ante la Fiscalía Regional de Paracho para dar con los responsables.
En esa ocasión los animalistas recordaron que en Michoacán, la crueldad animal, es decir, envenenamiento, tortura, atormentar y otras acciones, ya está constituido como un delito tipificado en el Código Penal del Estado, que establece una pena de hasta cuatro años de cárcel.
