Antes de enero de 2014, Héctor Zepeda era mecánico en Coahuayana, un municipio michoacano de unos 7,000 habitantes en la frontera con Colima. Los Caballeros Templarios asesinaron a su hermano Julio. Entonces agarró un fusil. Hoy todos lo conocen como Teto, el comandante de la policía comunitaria.
Entre 2008 y 2014 a Hugo González, el presidente de la asociación de productores de plátano local, el mismo grupo criminal lo secuestró dos veces para pedirle “cuota”. “Siempre tiene uno que negociar, porque tú estás en manos de ellos y, de todas maneras, si sales mal, tú te proteges, pero no estás protegiendo a tus hijos, no estás protegiendo a tus hermanos, no estás protegiendo a tus papás”, dice.
Rafael Bravo trabajaba en una empacadora de plátano. La primera vez que lo secuestraron aceptó pagar la extorsión. Cuando el monto que le pedían subió, se negó a seguir pagando. Lo intentaron secuestrar una segunda vez. Huyó a Colima. Allí lo mataron. “También secuestraron a otros dos hijos míos y me pidieron medio millón de pesos y los tuve que conseguir”, dice Mateo Bravo García, el padre de Rafael, un señor de unos 70 años que ha logrado recuperar la casa que en 2008 le habían arrebatado los Caballeros Templarios.
Un día de junio de 2021 , los habitantes de Coahuayana recuerdan aquella época en la que no se celebraban las festividades religiosas, apenas salían de la casa hacia el trabajo o la escuela. Muchos huyeron y los chicos del pueblo eran reclutados por el crimen. Lo hacen entre unas tierras hoy cubiertas por una enorme alfombra de campos de plátano de 5,000 hectáreas. El 90% de la población vive de esta fruta, en su mayoría de la variedad que se conoce como Tabasco, Chiapas o corriente, aquella con la que se hacen ensaladas de frutas y licuados, chocobananas o Banana Split. Casi el 70% se exporta a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.
La diferencia entre estos dos escenarios, dice Hugo González, ha sido la organización comunitaria y la creación de su propia policía. “Tuvimos que unirnos como pueblo y enfrentarnos, pero el gobierno nunca ha hecho nada para detener la inseguridad. Ni un machete, ni una pala. Nada”.
En México, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas de 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad es de 226 mil millones de pesos, un 1.25% del PIB. “Todo esto [la economía] ha crecido gracias a la seguridad”, continúa González. “En una región, en un pueblo, en un municipio, si no hay seguridad no crece nada. Tenemos ya tiempo que hay seguridad. Al haber seguridad, hay inversión”.
Todos los días, la policía comunitaria comandada por Héctor Zepeda hace rondines de vigilancia en cada rincón del municipio. Ahora enfrenta una nueva amenaza. Al fondo de los plantíos de plátano, el Cerro de Ortega representa una frontera natural y, hasta el momento, un muro que mantiene a raya a grupos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Ya los de las 4 letras, los del señor de los gallos, han intentado entrar, andan repartiendo camas y despensas por el lado del cerro, dicen que han hablado con el comandante, ‘nomás déjenos pasar’. Pero si los dejas pasar es asumir que le entras”, comenta un productor platanero que prefiere mantenerse anónimo. El 21 de julio pasado los comunitarios se enfrentaron durante varios minutos a un grupo del CJNG. Consiguieron repelerlos. En la balacera murió uno de los compañeros de Teto.
Vivir del trabajo de todos
La historia reciente de Coahuayana, como la de otros municipios de Michoacán, no se puede explicar sin la dinámica de violencia que comenzó hace más de una década entre la sucesión de grupos armados que prometían la liberación de los pueblos para acabar oprimiéndolos y extrayendo la riqueza del territorio. E
El gobierno criminal de La Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios, siempre en contubernio con las autoridades, llegó al punto de construir carreteras en una región que conecta dos puertos fundamentales, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, para actividades ilegales como el tráfico de drogas y armas o el trasiego de precursores químicos.
Entre 2013 y 2014 surgieron diversos grupos de personas armadas originarias de las poblaciones controladas por el crimen organizado para enfrentarlo.
Se comenzaron a llamar así mismas autodefensas, policías comunitarias o simplemente comunitarios. Con el paso de los años la gran mayoría se integraron a nuevas organizaciones criminales, otras se han desmovilizado. En la sierra-costa michoacana todavía quedan algunos bastiones que continúan sus labores de seguridad con el apoyo de la mayoría de los habitantes. La gente en Coahuayana se armó para proteger los plantíos de plátano.
“Tiene que haber otra opción, la vía tiene que ser la colaboración e intervención, la toma de responsabilidad por parte de las autoridades públicas. Ellas se tienen que encargar de la situación de seguridad”, analiza Roman Lecour, coordinador del Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia en México Evalúa y especialista en temas de seguridad. “Es necesario que las autoridades vuelvan a sentarse en la mesa de diálogo con los grupos que están asegurando la seguridad en el municipio para que la tarea sea pública y no privada.
A pesar del éxito, del sacrificio, del vínculo que pueda existir entre la sociedad civil de Coahuayana y la policía comunitaria, la solución tiene que ser pública, no puede ser a largo plazo una solución privada y nadie de los actores locales pide otra cosa que el regreso de las instituciones civiles de confianza”.
Hasta 2014, la extorsión en el ejido se extendió desde los trabajadores a los propietarios de las principales empresas de plátano. “A los plataneros les cobraban entre 300 y 500 pesos por cada tráiler de plátanos y después subieron la cuota a 800”, dice Rufino Valencia, productor de plátano desde hace 30 años y dueño de una huerta de 30 hectáreas. Él fue uno de los plataneros que decidió quedarse en la peor época para defender su patrimonio.
“Cuando me levantan”, recuerda Hugo González, el presidente de los plataneros, “me preguntan, ‘¿cómo ves?’, yo les dije, ‘están mal, porque ustedes quieren vivir de los productores, no quieren vivir de un negocio suyo, quieren vivir del negocio de todos”. “Ustedes trabajen libremente —asegura que les dijo a sus captores—, pero no perjudiquen a la clase trabajadora que son los que hacen crecer el pueblo. Cuando empiezan a pedir cuota empiezan a cerrar el cuello de botella”.
De esos años, a los dos se les han quedado grabadas las desapariciones, que cifran en alrededor de 35, y los asesinatos por no pagar “cuotas” de 20,000 o 30,000 pesos.
En el caso de la familia González García, dedicada al ganado, a la crianza de caballos y a los cultivos de plátanos y papayas, Los Caballeros Templarios le arrebataron un rancho de 100 hectáreas. Cinco años después, los comunitarios bajo el mando de Teto recuperaron la propiedad y detuvieron al principal cabecilla de este despojo, Antonio Mendoza. “A muchos les quitaban vehículos, casas, les cobraban cuotas, hasta que nos tocó a nosotros”, dice Gregorio González, uno de los hermanos, secuestrado para obligar a la familia a entregar la propiedad.
"Nos exigían cuotas de casi un millón de pesos —continúa Gregorio— y me secuestraron junto con mi cuñado, el esposo de mi hermana María Elena, para que ella firmara una carta poder donde cediera la propiedad del rancho frente a un notario, así podrían operar legalmente”. Varios miembros de la familia huyeron de Coahuayana hacia Jalisco o Colima.
El mal negocio de la corrupción
“En el estado de Colima y en los municipios vecinos hay de todas las autoridades y todos los días amanecen personas muertas, hay secuestros y ahí hay del gobierno que busquen, del que sea, y nadie hace nada”, dice el comandante de la policía comunitaria, Héctor Zepeda. “Tiene que levantarse la gente de su propio pueblo para tener esta tranquilidad y después de tenerla, ya todos se quieren hacer cargo de la seguridad, ojalá lo hicieran”.
Bajo el mando de civiles armados, hoy los enfrentamientos continúan en los límites de Coahuayana con otros municipios como Aquila o Chinicuila, en veredas y caminos alejados, sobre todo por la presencia del CJNG. En estas balaceras han muerto alrededor de 30 comunitarios. Pero a diferencia de Coalcomán, Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán y Aguililla el ejido no es un símbolo de la violencia en Michoacán.
La colusión de las autoridades fue uno de los detonantes para que el pueblo desconociera a los cuerpos de seguridad del estado y decidieran que se cuidarían ellos mismos con las armas. La extorsión es el delito menos denunciado en México —cerca del 98% de los casos. Los habitantes de Coahuayana dicen que los pocos que lo han hecho se han chocado con la impunidad.
Mateo Bravo García se atrevió a denunciar ante el Ministerio Público el asesinato de un hijo, los secuestros de los otros dos y el despojo de su casa. Dice que las autoridades siempre le pusieron trabas a pesar de que entregó información sobre el que siempre consideró el responsable: Gerardo Covarrubias Landín, apodado El Negro, quien estuvo bajo las órdenes de El Siete, Carmelo Núñez Vargas, uno de los encargados templarios del municipio.
Desde comienzos de 2014 un grupo de jóvenes —la mayoría hombres, pero también unas 20 mujeres— junto al comandante Teto lograron que se llevaran a cabo investigaciones, arrestos y órdenes de aprehensión por las denuncias por asesinato, desaparición y extorsión que no pudieron levantarse ante el Ministerio Público. Antes, a quien lo hacía, según varios entrevistados, se le amenazaba de muerte. “Traté de poner una denuncia por el arrebato de mi rancho y cuando estuve en el MP me dijeron que me fuera, si no me iban a matar”, confiesa María Elena González García.
“El riesgo”, dice Romain Lecour, de México Evalúa, “es que se nos olviden los ciudadanos de a pie y que se cree una forma de solución muy militarizada. Al final, el ciudadano termina viviendo en un contexto en que lo importante son las armas. Es fundamental el regreso a una solución pública, civil e institucional”.
Según la Asociación de Productores de Plátano local, fue a partir de 2015 que el plátano despuntó y se consolidó como el fruto cultivado por excelencia. Su presidente, Hugo González, dice que “a veces se apoya a los elementos que dan la seguridad, porque a veces no tienen los recursos, lo hacemos porque pensamos que era hora de hacer algo que le diera seguridad a la región. Mis trabajadores libremente van a pescar al río, mis trabajadores libremente van a trabajar, mis hijos van libremente a estudiar.
El trabajo de los comunitarios cuesta a la semana, más o menos, 130.000 pesos, y nosotros como productores plataneros aportamos voluntariamente una parte, pero lo otro son donaciones de la gente”. “Hay que ser agradecidos con la gente que nos cuida, ellos podrían irse, pero nos cuidan a todos”, dice.
“Antes con el negocio de los plátanos no podíamos hacer nada, no podíamos poner empaque porque si pasaban y veían que esa persona tenía infraestructura pensaban que esa persona tenía dinero, porque ya hizo algo en su predio. Cuando ya no hay eso, cuando ya hay seguridad, libremente trabajas, libremente haces infraestructura”, explica el presidente de la asociación. “Cuando el gobierno dice que estamos mal yo les invito y les digo, vénganse, dense una vuelta y vean el derrame económico, esto no es de los sicarios, no es de la gente mala, es de la gente que trabaja”.
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