Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Michoacán presenta un déficit de peritos bien capacitados para la traducción de lenguas indígenas en los procesos penales. En ello coinciden los propios intérpretes, quienes denuncian magros esfuerzos de la autoridad para enriquecer la formación especializada y dar retribuciones justas por este servicio.

En términos judiciales, se le llama perito intérprete en lenguas indígenas a aquella persona que pueda ayudar a un hablante de lenguas originarias a entender y hacerse entender en un procedimiento jurisdiccional. Con su intervención, se puede garantizar que una persona comprenda lo que ocurre durante el proceso.

Hasta finales del año pasado, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en todo México había unas 6 mil personas de pueblos originarios que permanecían presas sin haber tenido acceso a un traductor. De ellas, el 99 por ciento pasaron su proceso en prisión y seguían sin sentencia. En el caso de la entidad, ni el Poder Judicial ni la Coordinación del Sistema Penitenciario tienen la estadística de indígenas que hayan carecido de un intérprete entre los 150 que permanecen privados de su libertad.

Cuatro facilitadores para todo el estado

En el caso del Poder Judicial, hay cuatro facilitadores para asistir en este tipo de casos, adscritos a la Dirección de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. En entrevista, su presidente, Jorge Reséndiz García, dice que son un número suficiente, pues no se dan demasiados casos.

Si bien renuevan su certificación cada año, el magistrado acepta que no hay una capacitación porque esos cuatro servidores públicos ya tienen el conocimiento adquirido, “es gente oriunda de las comunidades, la capacitación la reciben directamente por el contacto que tienen”.

De forma paralela, el Poder Judicial muestra en su página de Internet una lista de otros cuatro intérpretes acreditados para la justicia tradicional y en el nuevo sistema de justicia penal: Israel Serafín Sebastián, Isidro Molina Joaquín, Omar Escamilla Villalobos y Vicky Hernández Hernández.

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Sin embargo, dos de ellos ya no están disponibles. En el caso de Israel Serafín, no ofrece sus servicios de traducción desde hace tres años. “Fue con el cambio del gobierno federal que ya no nos han vuelto a hablar, ignoro por qué, pues antes nos llamaban del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)”, dice.

A diferencia de Reséndiz García, subraya que el sistema judicial en el estado sí enfrenta un déficit de traductores, toda vez que, según su conocimiento, sólo hay un intérprete en el distrito de Uruapan y otro en Zamora, “pero no alcanzan, porque los jueces le piden auxilio al INPI y a veces no hay quien pueda acudir”.

Pagos de 300 pesos por diligencia

Los honorarios que el también abogado recibía por el servicio de traducción eran de 800 pesos por audiencia, sin importar las horas de duración o incluso si se alargaba hasta la madrugada o se reanudaba un día después.

Reconoce que falta mucha capacitación para los intérpretes, pues el propio Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) no exige a sus traductores que tengan una carrera en Derecho, pero cuando se acude a una audiencia es indispensable entender términos jurídicos para hacérselo saber al imputado. “¿Cómo adecúas una palabra muy especializada del Derecho al purépecha?”, se pregunta, al tiempo de subrayar que en Michoacán no se suelen ofrecer cursos especializados “con el pretexto de que nunca hay dinero”.

Vicky Hernández Hernández es abogada y profesora en la Universidad Intercultural de Veracruz y su paso como perita traductora fue efímero, mientras estudiaba los grados de licenciatura y posgrado en Michoacán. Hablante de la lengua náhuatl, en 2019 la solicitaron para acudir al Penal David Franco Rodríguez y auxiliar en diligencias a una persona privada de la libertad, también originaria de Veracruz, que al momento de su proceso nunca accedió al derecho de la traducción.

Recuerda que el pago por cada diligencia era de 300 pesos, una cantidad insuficiente para cualquier profesionista, por mucho que quiera ayudar a personas de su comunidad o que compartan su lengua.

Se concentran en población purépecha

Gerardo Sánchez Cayetano es director de la radio XETUMI “La Voz de la Sierra Oriente”, que pertenece al INPI, con base en Tuxpan, Michoacán. Acepta que tras las reformas al Sistema de Justicia Penal han aumentado las peticiones para los intérpretes, pues anteriormente varios de ellos eran procesados sin entender de qué se les acusaba.

Actualmente, si el INPI es requerido para brindar esos servicios, es a través de esta radiodifusora que encuentran a los traductores sobre todo en lenguas mazahua y otomí. No hay una retribución, pues se les toma como parte de su trabajo cotidiano.

Sin embargo, “hacen falta traductores de estas lenguas, pues si nosotros no podemos brindar el servicio, tendrían que recurrir a los adultos mayores, pero casi ninguno podrá trasladarse a un juzgado de Uruapan o Zamora, no están en esas condiciones”. Coincide en que el INALI ha certificado a pocos peritos de este tipo, y casi todos en purépecha, haciendo de lado las demás lenguas que se hablan en el estado.

Añade que no hay cursos de capacitación, que faltan talleres y diplomados para que crezcan los traductores en número y en calidad. En esa tarea, apunta Sánchez Cayetano, no solo se deben sumar INPI e INALI, sino también instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM.

“No hay una base de datos de intérpretes en Michoacán, no sabemos ni cuántos somos ni dónde estamos, pero lo que sí sabemos es que los pocos esfuerzos solo se canalizan para la población purépecha, dejando de lado a mazahuas y otomíes”, concluye.

La CNDH exige cumplir con derechos fundamentales

En 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) subrayó que el Estado tiene la responsabilidad de brindar una protección especial y específica a las personas indígenas privadas de la libertad. En esa materia, exigen que se faciliten intérpretes que expliquen el reglamento y derechos en el centro penitenciario, que se brinden traductores durante el procedimiento penal y que se incremente el número de personas adscritas a la Defensoría Pública Federal y de las entidades federativas que hablen su lengua. Asimismo, este personal debe entender las especificidades culturales, a fin de brindar una defensa adecuada y con pertinencia cultural.

En ese sentido, el coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, Ignacio Mendoza, destaca que apenas en la administración que encabeza se han hecho esfuerzos por integrar a los indígenas presos a dinámicas de integración social, creando un área exclusiva de atención que además aglutina a otros 400 internos que provienen de alguna comunidad originaria.

A la edición ya concluida de un diccionario jurídico en náhuatl se sumará otro en purépecha, además de que esta lengua ya se enseña al interior de los penales. “La idea es que esas clases incluso se puedan dar a distancia, por Zoom, para que toda la gente pueda aprender”.

Otro paso fundamental ha sido el de los filtros para el día de visitas sobre todo en el penal de Uruapan, donde se concentran más presos indígenas. El problema era la revisión de prendas tradicionales, lo que molestaba a los familiares que no entendían el requisito por falta de traductores, lo que ya se subsanó.

Añade que la meta a corto plazo es que en el penal de Uruapan haya un médico, un trabajador social, un perito criminólogo y un enfermero con origen purépecha, lo que ayudaría al mejor entendimiento con los internos. “Dinero y tiempo es lo que necesitamos para cumplirlo”, sentencia Mendoza.

Traductores de lenguas indígenas en el país y en Michoacán

En el Poder Judicial, sólo hay cuatro facilitadores para asistir en este tipo de casos

En Uruapan, donde se concentran más presos indígenas, sólo hay un intérprete.

DATO:

En 2021 en México había 6 mil personas de pueblos originarios que permanecían presas sin haber tenido acceso a un traductor

En Michoacán, ni el Poder Judicial ni la Coordinación del Sistema Penitenciario tienen la estadística de indígenas que hayan carecido de un intérprete entre los 150 que permanecen privados de su libertad.

Perito intérprete en lenguas indígenas es aquella persona que puede ayudar a un hablante de lenguas originarias a entender y hacerse entender en un procedimiento jurisdiccional.

CITA:

“No hay una base de datos de intérpretes en Michoacán, no sabemos ni cuántos somos ni dónde estamos” Gerardo Sánchez Cayetano, director de la radio XETUMI perteneciente al INPI