Michoacán es el estado “más opaco de todo el país”, reveló la presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Rosmi Bonilla Ureña, con base en datos ofrecidos por el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).
El nivel de opacidad y corrupción que impera en Michoacán es tal, que Bonilla Ureña remarcó que de acuerdo con la asociación civil no lucrativa World Justice Project, la entidad resalta como el décimo estado más corrupto de México.
La presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción remarcó que World Justice Proyect es una asociación civil de procedencia estadounidense, a través de la cual se miden los niveles de corrupción registrados en los diferentes países, así como en las entidades federativas que los conforman.
“Los cuatro factores que te mide son básicamente el no abuso de los tres poderes y de las fuerzas de seguridad pública, y mide también el índice de participación ciudadana”, comentó al señalar que los focos rojos de Michoacán se concentran en actos de corruptela detectados en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en los bajos niveles de participación ciudadana.
De cara a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, a celebrarse este 9 de diciembre, Bonilla Ureña dijo además que, según la Encuesta de Impacto y Calidad Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Michoacán se ubica en el doceavo lugar entre las entidades donde sus habitantes reflejan mayor inconformidad por la atención que reciben de sus respectivas autoridades.
Captan solo 19 denuncias en dos años
Pese a los altos niveles de corrupción que presenta el estado, Rosmi Bonilla remarcó que la instancia a su mando ha recibido un total de 19 denuncias no vinculantes de 2019 a la fecha, de manera que el nivel de denuncia sigue siendo muy bajo.
En este sentido, reconoció que la “cifra negra” que gira en torno a los delitos que son denunciados en Michoacán, que nos indica que el 95 por ciento de los ilícitos cometidos en la entidad no son denunciados.
Rosmi Bonilla confesó que la pasada legislatura del Congreso de Michoacán no respondió a ninguna de las solicitudes de información que emanaron de la instancia a su cargo. “El Congreso simplemente no quiso reportar su gasto durante la pasada legislatura, que fue la 74, lo cual es alarmante, porque quienes hacen las leyes no están respetando las mismas”, comentó.
Bajo el alto índice de corrupción que se reporta en Michoacán, Bonilla Ureña reconoció que sigue existiendo resistencia en la función pública al momento en que el sistema acciona en contra de denuncias por actos de corruptela, luego de reconocer que el buen manejo de los recursos públicos en la entidad sigue estando sujeto a la “buena voluntad” de quienes llevan la batuta en la vida pública de la entidad.
En ese escenario, el SEA sufrirá un recorte presupuestal por medio millón de pesos para 2022 conforme a lo proyectado por el presupuesto de egresos del gobierno estatal. Además, la presidenta denunció que desde hace dos años al organismo no se le deposita el total del recurso que le es destinado. En 2020, por ejemplo, ejerció 17 millones de los 20.5 millones que le fueron asignados.
