Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El miércoles 16 de febrero el Gobierno de Michoacán presentó las primeras 4 denuncias penales por el manejo irregular del gasto público por el orden de más de 5 mil millones de pesos, informó durante la conferencia matutina la titular de la Secretaría de la Contraloría, Azucena Marín.
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Las denuncias fueron presentadas ante Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Fueron en contra de cuatro exfuncionarios públicos, de la administración anterior, así como el representante legal de una empresa privada y los que resulten responsables”, agregó la secretaria.
La denuncia es en contra de exfuncionarios de dos secretarías: Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y Secretaria de Seguridad Pública (SSP). “Todas van vinculadas con las 4 que se presentaron anteriormente”, declaró.
La funcionaria indicó que los probables delitos cometidos en agravio del estado de Michoacán son: enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada, operaciones con recurso de procedencia ilícita, “que es lavado de dinero”.
De acuerdo a los hallazgos, se debió a que firmaron contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica para la prestación del servicio para su contratación, además se realizaron adjudicación de inmuebles pagados con cantidades excesivas por encima del valor comercial por más de 650 millones de pesos. “Encontramos documentos alterados”, puntualizó Azucena Marín.
Además, se presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán dos denuncias en contra de 7 ex funcionarios públicos, aunque la Contraloría se reservó el derecho de ampliarlas “porque seguimos haciendo hallazgos”.
Señaló que también localizaron un ejercicio indebido de funciones, “cohecho peculado”. “Nos estamos basando en documentos alterados, documentos económicos firmados en favor de servidores, con recursos públicos extraordinarios a sus percepciones salariales, transferencias a empresas calificadas como irregulares por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
“Creemos que todavía nos faltan por procesar para entregar a instancias penales, 18 denuncias (para) una sola dependencia”, aseveró la secretaria.
