Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Menos del 50 por ciento de personas desaparecidas son localizada por la Fiscalía General del Estado (FGE). En promedio, la institución recibe 5.1 denuncias por estos hechos. En 22 municipios michoacanos se localizaron 47 fosas clandestinas, de los que se inhumaron 73 cuerpos, 11 corresponden a mujeres, 57 a hombres y cinco están en calidad de indeterminados.
Durante el 2021, mil 884 personas fueron reportadas como desaparecidas, por lo que se abrieron un total de mil 715 carpetas al respecto. Del total de desaparecidos, 573 son mujeres, 98 de estas fueron localizadas sin vida.
El Informe que entregó el Fiscal Adrián López Solís el pasado 23 de febrero al Congreso del Estado no refiere en qué porcentaje del total de desaparecidos corresponde a menores de edad y si éstos han sido localizados con o sin vida.
Solo se asienta que el 69.6 por ciento son hombres, es decir mil 311, mientras que el 30.4% son mujeres, significando 573 personas. Del total, solo 805 personas fueron localizadas durante el 2021, lo que significa que menos del 50 por ciento logra ubicarse.
López Solís señala que el problema para la investigación de este delito radica en la capacidad institucional. Es un “problema enorme el contar con capacidad para dar respuesta a este fenómeno y esto es porque cada delito tiene sus caracteríscas, su fenomenología que requiere también cierto tipo de habilidades de investigación”.
Del rezago que presenta la Fiscalía se tiene a mil 046 personas pendientes por localizar, 160 mujeres y 886 hombres, tan solo del 2021.
Durante los operativos de búsqueda emprendidos por la dependencia fueron localizadas 47 fosas clandestinas en los municipios de Taretan, Chucándiro, Salvador Escalante, José Sixto Verduzco, Zamora, Angamacutiro, Venustiano Carranza, Tiquicheo, Tarímbaro, Jacona, Puruándiro, Panindícuaro, Morelia, Tangancícuaro, Uruapan, Pátzcuaro, Coalcomán, Purépero, Yurécuaro, Paracho, Chilchota, Cuitzeo y Santa Ana Maya, obteniendo como resultado 73 cuerpos exhumados. De los cadáveres localizados, 57 corresponden a hombres, 11 a mujeres y cinco indeterminados.
De estos indicios, 28 cuerpos fueron entregados a sus familiares, 26 fueron inhumados en el panteón municipal y 19 se encuentran a resguardo del Servicio Médico Forense de la institución.
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De acuerdo al Plan de Persecución de Delitos, se obtuvieron los perfiles genéticos de 644 cadáveres, mil 520 muestras de referencia y mil 93 indicios.
En octubre y noviembre del 2021, se puso en marcha en los municipios de Zamora y Uruapan, las Unidades regionales especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
El municipio de Venustiano Carranza es el que presenta mayor demanda, según el informe, al recabarse en diversos momentos 32 muestras de ADN, atenderse a 23 familias, aplicarse 45 cuestionarios y darse 51 atenciones personalizadas Post Mortem.
En la localidad de Las Palmas, municipio de Sahuayo se realizaron 21 muestras de ADN; en Yurécuaro se levantaron 17 muestras del perfil genético y en Apatzingán se obtuvieron seis tomas de ADN.
A decir de López Solís el número de desaparecidos mantiene desde su arribo a la dependencia, hace tres años, un ritmo similar, distinto a la ligera alza que como tendencia tiene el homicidio doloso. Sin embargo en el informe se asienta que “el fenómeno de desaparición forzada un problema creciente y de amplitud estructural que demanda acciones de Estado y que representa además, la más grave violación a los derechos humanos”.
Para el presidente de la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez, el número de personas desaparecidas en la entidad se aproxima a los 12 mil ciudadanos.
Por cada persona reportada como desparecida, hay tres o cuatro que no entran en los registros oficiales, indicó en entrevista.
El dato que oficialmente se maneja es de tres mil michoacanos desaparecidos, no obstante considera que ese número se debe multiplicar por cuatro, por aquellos que no se denuncian.
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Tinoco Álvarez afirmó que el fenómeno no es privativo del estado, sino una constante en todo el país, por lo que considera como prioritario que los tres niveles de gobierno integren una estrategia inmediata y efectiva que limite este tipo de delito por ser una violación grave a los derechos humanos.
Entre 2006 y julio de 2019 la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado habría reportado tres mil 404 personas desaparecidas, de las cuales, mil 522 aparecieron con vida; 126 sin vida, del resto, mil 756 se desconocia su paradero.