Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- Ante el escenario de violencia ocasionado por los cárteles del narcotráfico, sacerdotes michoacanos han tomado el papel de activistas sociales en diferentes puntos de la entidad, donde lo mismo encabezan la ayuda para refugiados que emiten posturas abiertas en el púlpito contra la estrategia seguida por las diferentes órdenes de gobierno.
La intervención de algunos sacerdotes católicos no ha caído bien en el gobierno del estado e incluso el titular del Ejecutivo, Alfredo Ramírez Bedolla, insinuó en conferencia de prensa que los líderes espirituales se convierten en “voceros” del crimen organizado.
En contraste con esa postura, el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina afirma en un documento que los párrocos son aliados importantes para la construcción de comunidades y sociedades. Se subraya que pueden ostentar una fuerte legitimidad popular e influir en las actitudes y comportamientos de los miembros de sus comunidades “hasta convertirse en los únicos interlocutores entre la ciudadanía y el gobierno”.
En contextos de crisis o conflicto, el Observatorio apunta que de manera particular la Iglesia católica es considerada como una mediadora, “cuyos esfuerzos tienden a buscar puntos de encuentro a favor de la paz y justicia. Por tal motivo, en aquellas zonas con poca o nula presencia del Estado y controladas por grupos del crimen organizado, el liderazgo de la Iglesia es vista como una competencia directa a la autoridad criminal”.
En localidades cooptadas por grupos delictivos, los sacerdotes corren el riesgo a sufrir represalias ya sea por sicarios o incluso por autoridades coludidas, dice el informe del Observatorio, donde se añade que las amenazas e intimidación son las vías utilizadas para limitar las actividades de los sacerdotes.
Cristóbal Ascencio, el obispo contestatario
Con 68 años de edad y una década al frente de la Diócesis de Apatzingán, Cristóbal Asencio García reprobó el domingo 2 de julio que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya hecho un mitin en el Zócalo para festejar los cinco años de su triunfo. En vez de ello, sugirió en plena misa, habría que decretar un día de luto nacional por las víctimas de la violencia. En entrevista con este medio, el religioso reiteró que no se puede hacer un festejo en medio de la tragedia: “Es como si tu vecino se muere y tú organizas una fiesta en tu casa”.
El oriundo de una pequeña localidad de Jalisco acompañó al nuncio apostólico para México, Franco Coppola, en un recorrido por los pueblos más violentos de Aguililla en marzo de 2021, lo que incluyó su paso por El Aguaje y Naranjo de Chila, tierra natal de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En esa ocasión, Ascencio rechazó el ofrecimiento del gobierno del estado para blindar el recorrido con la máxima seguridad, argumentando que desde que llegó a la zona camina por cada pueblo solamente con la compañía de mujeres religiosas.
Al cuestionar el papel de los sacerdotes en tierras cooptadas por el crimen, señala que la misión “no es sólo para dar culto a Dios, sino para denunciar la injusticia y la mentira”. En ese contexto, dice que hay curas que sí tienen contacto con delincuentes porque conviven en un mismo pueblo, “están ahí como cualquier ciudadano, y ni modo de no contestarles el saludo; lo único que nos queda es invitarlos a la conversión, algo muy distinto a ser sus voceros”.
No es la primera vez que Ascencio alza la voz. Un mes después de la visita del nuncio, reiteró a los medios de comunicación que su pueblo estaba “secuestrado y estrangulado” por los grupos delictivos, lo que incluso ocasionó que se reuniera con la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, a quien le pidió acciones urgentes para bajar la ola de asesinatos, secuestros y tomas carreteras.
Jorge Armando Vázquez: ayuda con bajo perfil
Al padre Jorge Armando Vázquez Orozco no le gustan los reflectores. En plena crisis humanitaria por las 800 personas desplazadas en comunidades de Apatzingán, accede a dar entrevistas pero prefiere que no se le enfoque el rostro. Sus palabras son precisas, pero parcas, no quiere dar nombres propios aunque sí abunda en que su obligación moral es darle techo y comida a cientos de mujeres y hombres que han salido huyendo de la delincuencia organizada.
“Lo que me dicen es que tuvieron que salir por los enfrentamientos que se dan en sus pueblos, pues las balaceras prácticamente se dan al lado de sus casas, que son muy humildes, con techo de lámina, sin concreto”.
Se refiere a los refugiados que el 9 de junio llegaron a pedir auxilio a la parroquia Presa del Rosario, ubicada a 20 kilómetros de la cabecera municipal, gente oriunda de Las Bateas, El Tepetate y Llano Grande, tres de las rancherías donde el territorio es disputado entre el CJNG y el grupo de Los Viagras.
Para este padre, la clave para atender al fenómeno del desplazamiento forzado interno es la sociedad civil, pues es ahí donde encontró la respuesta inmediata para hacerse de donativos e incluso casas que recibieron a las víctimas. Sobre el temor a posibles represalias en su contra, dice: “No tengo miedo, porque lo que hacemos es una labor social, porque una fe sin obras es obsoleta, aunque trato de no ser un protagonista”.
Sin despreciar las conversaciones mediáticas, dio prioridad a la organización del refugio, donde llegaron decenas de despensas y nunca faltó comida, baño ni asesoría para los desplazados, algunos de los cuales llegaron del sur del país con la esperanza de trabajar en los campos de la Tierra Caliente, sin imaginar que sólo encontrarían brotes de violencia.
Gilberto Vergara y su activismo en Aguililla
Aunque se ordenó en 2001 como sacerdote en Apatzingán, años más tarde el padre Gilberto Vergara fue enviado primero a Tumbiscatío, cuando Los Caballeros Templarios dominaban el territorio, para después establecerse en Aguililla, una de las zonas más violentas de todo México. A partir de la visita de Franco Coppola cobró un papel preponderante, coordinando la recepción para funcionarios federales que anunciaron con bombo y platillo la implementación de un programa para rescatar al municipio, pero en vez de ello sufriría el asesinato de su amigo personal, el alcalde César Arturo Valencia Caballero, acribillado el 10 de marzo de 2022.
Vergara creó un grupo de WhatsApp con periodistas del estado a fin de informar sobre incidencias en la zona, pero jamás imaginó que por ese mismo canal le tocaría dar a conocer la trágica muerte de Valencia. “Asesinaron al presidente municipal. Estoy en la zona”, escribió ese día, poco después de las cinco de la tarde.
Recientemente ofició la misa para despedir a Hipólito Mora y dos de sus escoltas en La Ruana. Entrevistado al final de la ceremonia, señaló que pese a los esfuerzos institucionales “el gobierno está rebasado y no hace falta insultarlos, porque la misma realidad los está insultando ya”. Lamentó que el Estado no mejore sus estrategias, sino al contrario, pues al menos en Aguililla “el gobierno ya nos abandonó y de nada nos sirve la presencia del Ejército o la Guardia Nacional, porque a César lo mataron en sus narices”.
Recordó que en su visita a la cabecera municipal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla prometió la construcción de una carretera que conectará con la costa, pero se mostró incrédulo, pues “hay personas que tienen la boca más grande que su cuerpo”.
Sobre el papel de los sacerdotes en zonas de riesgo, el Padre Gil apunta que la Iglesia tiene que ser como esa casa de campaña en medio del campo de batalla; “no soluciona la guerra, pero sí atiende a los heridos. Nosotros no portamos las armas, tampoco enfrentamos a los criminales, solo pedimos que se haga justicia y no nos podemos quedar callados”.
Padre Goyo, el activista incómodo
A Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como “Padre Goyo”, la Iglesia católica lo expulsó desde 2020, prohibiéndole oficiar misas y cualquier ceremonia religiosa. Desde entonces, aparece con frecuencia en redes sociales para acusar al gobierno del estado de ser cómplice de los criminales. Luego del asesinato de Hipólito Mora, el ahora exsacerdote no se guardó nada y culpó a Ramírez Bedolla, a quien tildó de “tener pacto con los delincuentes”, por lo que le exigió su renuncia.
Aún como cura en activo, Goyo apoyó al movimiento de las autodefensas en 2013, aunque con el tiempo se desmarcó de los líderes y solo mantuvo una amistad precisamente con Hipólito Mora, a quien vio por última vez el 18 de junio en Chucándiro durante una comida donde también estuvo Jesús Alfredo Gallegos Lara, “El Padre Pistolas”, que también enfrenta una suspensión que se ha resistido a aceptar.
Asesinatos y agresiones
De acuerdo a los Datos de Incidentes Violentos (VID) del OLIRE, 38 sacerdotes fueron asesinados entre 2018 y 2022 en poblaciones dominadas por el narco. En agosto de 2018, el padre Miguel Gerardo Flores fue encontrado sin vida en Nueva Italia, luego de dirigir el Centro de Formación Familiar Infantil y Juvenil Nazaret, donde logró disuadir a los jóvenes de formar parte de grupos delictivos.
Además, los delincuentes han encontrado la forma de violentar lo que antes era intocable: los templos católicos. En marzo de 2020 una banda criminal usó como fortín el tejado y campanario de una iglesia en San José de Chila durante un enfrentamiento armado, generando graves daños a la infraestructura y causando pánico entre los vecinos.
En abril de 2022, presuntos miembros del narco ingresaron al templo de Cristo Rey en Sahuayo, forzando las rejas del acceso, para robarse el cáliz y vandalizar el tabernáculo e imágenes en su interior.
Otros religiosos han recibido amenazas explícitas, como el caso de un pastor cristiano en Zamora, a quien lo obligaron a cambiar su residencia en 2021; o el padre Ángel Espino, párroco de la Iglesia del Divino Niño Jesús de Zitácuaro, quien recibió mensajes anónimos para amedrentarlo por su activismo a favor del medio ambiente.
