Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- De acuerdo con el último informe del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán (COEPREDV) emitido en el año 2018, el 16.5 por ciento de la población en Michoacán declaró haber sido discriminada por alguna característica o condición personal.
Según el documento y las personas encuestadas, los motivos pueden ir desde el tono de piel, manera de hablar, peso, estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual.
Asimismo, el 23 por ciento de la población señaló que en los últimos cinco años se le negó injustificadamente algún derecho, entre los que destacan no haber recibido apoyos de programas sociales, la atención médica o medicamentos y la atención o servicios en alguna oficina de gobierno.
Discriminación desde las instituciones
Hace 17 años se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación con el objetivo de generar una convivencia en la que todos los habitantes de este país se consideren y sean tratados como iguales.
En ella se establece que “… se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades”.
Dentro de las acciones que la ley contempla como discriminatorias, se encuentra el impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, prohibir la libre elección de empleo, establecer diferencias en la remuneración, negar o condicionar los servicios de atención médica, promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación, explotar o dar un trato abusivo degradante, entre otras.
No obstante, para Marianela Baltazar, integrante de la Red de Abogadas Indígenas del estado de Michoacán, la ley se ha quedado corta, pues en el caso de las mujeres indígenas, expuso que ni siquiera se tienen cifras o estadísticas que proyecten qué tanta discriminación o violencia sufren.
Las mujeres de las comunidades están invisibles ante el Estado, no se lleva una estadística de cuántas acuden a la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar la resolución de su conflicto por violencia o discriminación
De la misma forma, consideró que otro manifiesto claro de la discriminación hacia este sector es la reducción presupuestal a la Casa de las Mujeres Indígenas, pues aseveró que con esta decisión se está minimizando los problemas que viven.
Ser discriminada, una cosa de siempre
Cuando a Alberta García Mercado se le pregunta cuántas veces ha sido discriminada, se desborda en una serie de relatos y anécdotas incontables para exhibir lo que le ha tocado vivir desde muy joven.
De origen mazahua, la mujer de 42 años de edad dice que le cuesta trabajo citar una temporalidad en la que la discriminación comenzó a formar parte de su vida. “Desde que me casé, fui rechazada por la familia de mi esposo por ser humilde y de comunidad indígena”.
Pero la cosa no acaba ahí. Relata que el rechazo se ha expandido a cualquier ámbito de su vida, como cuando fue elegida para ser presidenta del comité de padres de familia en el kínder de su hija. “Había señores que decían que las mujeres no pueden tener un cargo de esos, no pueden andar revueltas con hombres para ir a gestionar al Ayuntamiento”.
En la calle la discriminación también se hizo presente. Cuando trabajaba en una empresa que le implicaba viajar a distintos estados de la República, le tocó ser protagonista de varios actos discriminatorios.
Alguna vez en Cuernavaca, llegué y yo ya tenía mi reservación en un hotel lujoso, al pedir al taxista que me llevara a ese lugar, éste no podía creer que le estuviera pidiendo eso, me decía que se trataba de un lugar que era caro y no podía dar crédito al ver que efectivamente ya me estaban esperando
Alberta García expone que el hecho de usar vestimenta típica mazahua, ha significado un obstáculo hasta en los aspectos más cotidianos, como cuando el banco se negaba a cambiarle un cheque de 13 mil pesos por su aspecto.
Cuando incursionó en la vida política de Zitácuaro como regidora, también se encontró con compañeros que no desaprovechaban la oportunidad para emitir comentarios discriminatorios. Expresiones como “A pesar de que vienes de una comunidad indígena tienes muchos conocimientos” y “Ya no te sientas de una comunidad indígena, siéntete como nosotros de la ciudad” fueron una constante.
Juventud, motivo de señalamientos
Elvia Franco Valadez estudiaba la maestría cuando le surgió la oportunidad de dar clases en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Al aceptar, nunca se imaginó que esto le significaría enfrentarse a estudiantes desafiantes que no la tomaban en serio por su edad.
“A todos les tomó por sorpresa, pero había unos que inclusive buscaban intimidarme, yo tenía que imponerme como su maestra y tenía que establecer reglas de disciplina, era un método estricto, pero era la única manera de que los chicos no se sobrepasaran”.
Sumado a esto, tenía que soportar a aquellos alumnos que se querían hacer los graciosos, a los que se atrevían a invitarla a salir y los que la veían sin ningún tipo de autoridad, al grado de querer integrarla a las fiestas como una compañera más.
Yo en mi postura de maestra no cedía ante esas actitudes, el querer faltarme al respeto por mi edad, todo esto lo tomé como un reto, sé que si me habían elegido mis profesores de posgrado es porque estaba preparada para sumir ese puesto de profesora y al final logré salir bien librada
