Morelia, Michoacán (OEM-infomex).- El millonario fraude perpetrado por dos cajas de ahorro en la población de San José de Gracia comienza a tener alguna esperanza de ser solucionado, toda vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a proceso a seis responsables de este desfalco. Se trata de Carlos N, Jaime N, Rafael N, Rosaura N, María Amelia N y Flora Teresa N, quienes son señalados como presuntos responsables de fraude específico y tendrán su primera audiencia este jueves en Sahuayo.
Cabe aclarar que dicha acción penal solo obedece a la denuncia presentada por 13 familias y dos menores de edad, quienes reclaman un monto global de 11 millones 396 mil 323 pesos.
En marzo pasado, El Sol de Morelia documentó que las empresas denominadas “Institución de Crédito, Ahorro e Inversión San Nicolás de Bari”, así como “Cooperativa Marcos Castellanos, A.C” se negaron a devolver una cantidad calculada en mil millones de pesos en perjuicio de más de 14 mil habitantes no solo de Marcos Castellanos, sino de otros municipios aledaños como Sahuayo, Jiquilpan e incluso Mazamitla, perteneciente al estado de Jalisco.
Aunque la mayoría de defraudados presentaron denuncias, solo ha procedido la de estas 13 familias y los menores, sin que los responsables hayan sido detenidos como medida precautoria, por lo que enfrentan el proceso en libertad.
Entrevistado por este medio, uno de los abogados de los pobladores, Arnulfo Sánchez Novoa, lamentó que la FGE no haya dado trámite a una demanda colectiva que se interpuso, por lo que el proceso ha sido mucho más largo. “Hemos pedido medidas precautorias que hasta el momento no han derivado en detenciones, pero este jueves hay audiencia y esperamos que ocurra algo más”, sentenció.
La retención del dinero en ambas cajas de ahorro comenzó desde marzo de 2020, tras la llegada de la pandemia, lo cual fue el pretexto para informar que no había servicios como medida de precaución. Sin embargo, a partir de entonces ya nunca les fue devuelta su inversión, pese a diversas protestas y hasta una marcha en el centro de San José de Gracia.
Arnulfo Sánchez precisó que la primera audiencia para definir la vinculación a proceso se postergó diez veces, lo que considera una táctica dilatoria que favoreció a los inculpados. “Son ya cuatro ocasiones en que se les vincula a proceso, pero sin prisión preventiva, pues el juez consideró que no había forma de que se den a la fuga. Este jueves haremos la misma solicitud, aunque ya sabemos que la justicia apoya a los delincuentes”.
Ha sido tanto el desgaste que los recursos económicos para enfrentar el proceso se han ido terminando, acepta el abogado. “Quienes tenían más ahorros han aportado más dinero, pero desde hace siete meses se acabó el dinero, estamos en una crisis tremenda y no sabemos cómo vamos a resistir, pero lo vamos a hacer”.
Por parte de la FGE, el caso ha sido llevado por Jorge Alberto Camacho Delgado, titular de la Unidad de Asuntos Especiales, pero no goza de la confianza de los representantes legales de los afectados: “Ya se lo dije al fiscal (Adrián López Solís): Camacho le está fallando, le pide dinero a ambas partes, está engañando a su jefe y a la gente, pero al parecer es inamovible”.