Morelia, Michoacán, (OEM-Infomex).- Cerca de 100 funcionarios en Michoacán han sido inhabilitados en un periodo de siete años que abarca 2008 a 2015, por delitos que van desde negligencia administrativa hasta responsabilidad administrativa.
Estos funcionarios no podrán participar en ningún cargo de la administración pública por un periodo de uno hasta 20 años.
El titular de la Secretaría de la Contraloría de Michoacán (Secoem), Francisco Huergo Maurín, señaló que los funcionarios investigados y sancionados corresponden a administraciones del ex gobernador Leonel Godoy Rangel (2008-2012) hasta el gobierno interino de Salvador Jara Guerrero (2014-2015).
Huergo Maurín señaló que los exfuncionarios inhabilitados son servidores públicos de primer nivel en la estructura del gobierno estatal de acuerdo al “Reporte de Servidores Públicos Sancionados en el Estado de Michoacán”, publicado en la página oficial de la Secoem, con actualización al 15 de enero de este año.
Dentro de los ex servidores públicos se encuentra la ex secretaria de Finanzas y Administración en la gestión del exgobernador, Marcela Figueroa Aguilar, del periodo en que gobernó el priista, Fausto Vallejo Figueroa, que cuenta con tres expedientes emitidos por la Secoem.
En el listado resalta el también exsecretario de Finanzas y Administración en la gestión del ex gobernador, Salvador Jara Guerrero, Miguel López Miranda quien fue inhabilitado por un periodo de ocho años que inició en noviembre del año pasado y concluirá en noviembre del 2027.
Los delitos que se le imputan son negligencia administrativa, violacion de diversas leyes administrativas y a la ley de normatividad presupuestal.
La titular de Finanzas y Administración, Mirella Gúzman Rosas, de la gestión del exgobernador Leonel Godoy Rangel, fue inhabilitada por un periodo de seis años que iniciaron a partir de septiembre del año pasado y concluirán en mayo de 2025.
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El secretario de Comunicaciones y Obras públicas, Desiderio Camacho Garibo, igualmente de este periodo gobernado por el ex perredista, fue inhabilitado por negligencia administrativa y violación de leyes y normativa presupuestal, por un periodo de seis años que inició en febrero de 2017 y concluye en febrero de 2023.
En entrevista para El Sol de Morelia, Huergo Maurin precisó que hasta el momento se tiene que resarcir el daño a las finanzas públicas estatales por un monto superior a los 800 millones de pesos, pero dijo que tienen la proyección de superar los mil millones de pesos.
Precisó que del total de inhabilitados alrededor de 15 casos se encuentran en la Fiscalía Estatal Anticorrupción y será esta instancia quien tendrá que determinar la situación jurídica de estos casos.
Finalmente, indicó que han realizado 400 procedimientos -observaciones- a funcionarios públicos de la actual administración estatal encabezada por el gobernador, Silvano Aureoles Conejo, por información faltante, sin embargo, apuntó que “no serán omisos en dichas observaciones”.
