Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Como parte del decreto de aislamiento obligatorio que emitió el gobernador Silvano Aureoles Conejo el pasado 20 de abril , se establecieron medidas para el control de la pandemia del Covid-19, entre ellas multas y trabajo comunitario obligatorio para las personas que transitarán por la vía pública sin demostrar la necesidad de su estadía en la calle.

En ese tenor, el titular del Poder Ejecutivo de la entidad, especificó mediante el decreto que se aplicarían sanciones de diez a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir de 868 pesos a 2 mil 606 pesos, las cuales se podrían permutar por trabajo comunitario durante máximo tres días, o arresto correspondiente, que no excedería en ningún caso de treinta y seis horas.

“El trabajo comunitario, será consistente en actividades vinculadas a la contingencia, como traslado de alimentos a grupos vulnerables, limpieza en centros de salud y hospitales que no atiendan casos Sars Cov-2 (Covid 19), elaboración de cubre bocas para su distribución en población vulnerable, y cualquier otra que determinarán las autoridades en materia de seguridad pública y salud y que no pusieran en riesgo la integridad de los infractores”, según se encuentra establecido en el decreto anunciado por el gobernador.

Para cumplir estas medidas el mandatario Aureoles Conejo anunció la habilitación de que 10 centros de retención a donde se llevarían precisamente a las personas que violaran flagrantemente dichas disposiciones.

Días antes del anuncio del decreto, el 16 de abril, el secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello había informado en entrevista exclusiva con El Sol de Morelia, que estaban habilitando 15 centros de confinamiento en igual número de ciudades en el estado, las que concentraban el mayor porcentaje de habitantes en Michoacán.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), estas ciudades son: Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Sahuayo, Ciudad Hidalgo, Jacona, Pátzcuaro, Zacapu, Los Reyes, Maravatío y Nueva Italia.

Herrera Tello explicó que en dichos centros a los detenidos se les revisaría médicamente para descartar que tuvieran la enfermedad del Covid-19, para posteriormente determinar si se les aplicaría multa o se les pondría a realizar el servicio comunitario.

Michoacán, es el cuarto estado a nivel nacional de mayor movilidad en el país, durante el periodo de encierro voluntario y uno de los que menos acata las medidas sanitarias, según un estudio de Conacyt y registros de Google Maps.

El Sol de Morelia se ha dado a la tarea de conocer la ubicación de esos 10 o 15 centros de retención, que anuncio el gobierno estatal.

De acuerdo a información oficial sobre la ubicación de estos en el municipio de Morelia, algunos de estos se ubicarían en las instalaciones de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público (UROP) y el resto en los 10 cuarteles regionales del estado, pero esta información fue imposible de corroborar así como su funcionamiento y las condiciones en las que deberían de estar operando.

Además elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dijeron desconocer a donde tendrían que llevar a un ciudadano que infringe el aislamiento obligatorio y las medidas sanitarias, y comentaron que sus superiores, no giraron instrucciones al respecto.

Ni el secretario de gobierno, ni el secretario de seguridad pública han respondido a la solicitud de El Sol de Morelia, sobre las direcciones concretas donde se encoentrarían los 10 o 15 centros de confinamiento, que tiene como objetivo dar seguimiento a la aplicación del decreto administrativo del Ejecutivo estatal.

De acuerdo a información obtenida de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) las detenciones comenzaron días antes del anuncio del decreto, ya que durante el lapso del 11 al 26 de abril se detuvieron 62 personas sin que se especificara donde cumplieron con sus horas de arresto.

Sin embargo, el 27 de abril la SSP mediante un comunicado de prensa dio a conocer la detención de siete personas entre ellas un menor de edad que fueron “remitidas a barandilla”, por desacato del aislamiento obligatorio de según la misiva.

Fue dos días después que SSP por la misma vía informó que hasta el corte de ese día un total de 166 personas habían sido “remitidas a barandilla” por no acatar las medidas sanitarias, pero a casi un mes después no se reportó ninguna nueva detención.

Cabe señalar que el 17 de mayo concluyó el Decreto de Aislamiento Obligatorio, sin embargo el gobernador anunció una extensión del mismo, hasta el 31 de mayo próximo, aunque formalmente no se ha publicado la modificación al mismo, en el Periódico Oficial del Estado.