Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- De acuerdo con un estudio de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), Michoacán se ubica entre los seis estados con un nivel de impunidad ambiental alto, compartiendo lugares con Zacatecas, Tlaxcala, Yucatán, Sinaloa y Colima.
El modelo se construye a partir de cuatro dimensiones: capacidad institucional, degradación ambiental, crimen contra el medio ambiente y estrategia intergeneracional.
En su conjunto, evalúa cómo se trabaja en los estados de la República para investigar y perseguir los delitos contra la naturaleza; revisa si se cumplen o no los objetivos de política ambiental y observa si existen políticas públicas de largo plazo que reduzcan el riesgo de sufrir daño entre la población y otras especies.
Mientras que Michoacán obtiene un puntaje de 1.76, el promedio nacional es de 1.93 y en el otro extremo está Durango, con 2.31, que sin embargo no es considerado como el ideal por los académicos de la UDLAP, pues el máximo posible es de cuatro puntos.
En el desglose, el estado michoacano ocupa la posición 26 en la tabla de capacidad institucional y 21 en la de crimen ambiental. Este último se refiere a la existencia de carpetas de investigación por delitos de ese tipo, pero el estudio indica que en prácticamente todas las entidades hay una cifra negra que no se registra.
La dimensión de Degradación ambiental deja al estado en la posición 18 con 0.56 puntos, cercano al 0.57 del promedio nacional. En contraparte, cae al lugar 26 cuando se evalúan sus estrategias a corto y mediano plazo.
En su análisis por estado, el documento ubica a Michoacán en la posición 27 entre las 32 entidades del país. Se reprueba en variables específicas como la cantidad de estaciones para el monitoreo del aire, la disponibilidad de agua renovable, las áreas con aprovechamiento maderable, la duración y atención a incendios forestales o los equipos instalados para medir contaminantes.
El presupuesto para la Secretaría del Medio Ambiente luce casi a la mitad del promedio nacional, mientras que la visitas de inspección son mínimas en el comparativo con todo el país. La degradación ambiental se refleja en un alto número de incendios forestales, daños a los bosques, cambio de uso de suelo y superficie reforestada.
También hay malas calificaciones en programas de ordenamiento territorial, ordenamientos ecológicos y áreas naturales protegidas.
Coinciden activistas
Aunque el estudio de la UDLAP contiene datos hasta 2020, su diagnóstico es compartido por algunos activistas de Michoacán. Tal es el caso de Vicente Estrada Torres, titular del Consejo Estatal de Ecología, quien señala que parte de esta impunidad se refleja en la indiferencia de las autoridades por los daños ocasionados en áreas como la Mintzita, el cerro del Águila, el cerro del Quinceo, Pico Azul en Altozano, el cerro del Punhuato y los Filtros Viejos.
En su crítica apunta al Ayuntamiento de Morelia, a quien responsabiliza autorizar fraccionamientos en zonas boscosas sin presentar documentos correspondientes. Asimismo, señala que no hay capacidad institucional para proteger los delitos de este tipo, tal como se señala en el estudio. Un ejemplo es la Mintzita, donde se extrae agua para fines empresariales y se registra quema inducida para fraccionar.
Consultado sobre el tema, el comisionado de Vinculación de la Comunidad Ecológica Jardines de la Mintzita, Jesús Ramírez, subraya que la impunidad se refleja en la concesión de la que goza la fábrica papelera Kimberly Clark, cuyo consumo de agua es de 500 litros por segundo, mientras que todo el manantial produce 1,041 litros. “Es casi la mitad para ese negocio que además descarga sus residuos al río grande”, apunta en entrevista.
Añade que otro ejemplo de impunidad son las huertas de aguacate que ya invaden la zona del Cerro del Águila, sobre todo en el área que conduce a Lagunillas. “Hay mucho de cierto en los crímenes ambientales; suceden y parece que nadie hace nada”.
Finalmente, el también activista Julio Santoyo, quien ha documentado la invasión aguacatera sobre todo en el municipio de Madero, reprocha que una de las estrategias legales para obtener impunidad es la apuesta a la prescripción del delito, pues en esta esfera bastan 12 años para que caduque una investigación. Por ello, cuando se talan árboles y se siembran aguacates, sus propietarios recurren a amparos u otras herramientas que les den tiempo, el cual valdrá oro al cabo de poco más de una década.
