Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El “muestreo” de comunicaciones a elementos de la Policía Michoacán por parte del Gobierno del estado es ilegal y violatorio de los derechos de los uniformados, así lo aseguró Óscar Lemus de la Torre, integrante del Comité Estatal del Movimiento Nacional por la Seguridad en Pro de la Justicia.
En entrevista exclusiva para El Sol de Morelia, el especialista en temas de seguridad y justicia subrayó que si bien es conocida por los uniformados la intervención de sus conversaciones privadas, se trata de una acción al margen de la ley que viola el derecho a la privacidad y que puede convertirse en una violación al debido proceso, en caso de que efectivamente se encuentre algo ilícito, pues se trataría de una prueba obtenida de forma ilegal que haría que se cayera cualquier acusación.
“Evidentemente eso es ilegal, pues no puedes investigar conversaciones privadas desde un carácter preventivo. Se supone que si están en el puesto de policías es porque pasaron sus exámenes de confianza, no pueden justificarse con que los municipios los contratan sin hacer evaluaciones porque no tienen efectivos. No puedes violar la ley en aras de proteger la ley, no lo puede presumir el gobernador”, apuntó.
Puntualizó que para realizar intervención a comunicaciones es necesaria una orden judicial, y en casos como investigaciones de crimen organizado existe una causal de excepción, pero se debe tener bien ubicado el objetivo, explicar para qué se quiere la intervención y por cuánto tiempo.
“Tienes que tener el objetivo bien ubicado, saber a quién investigas, y no hacer un muestreo, como lo han estado manejando, para adivinar. Si ya tienen un objetivo específico y tienen una red de vínculos, es muestra de que esa información salió de trabajo de inteligencia. Una red de vínculos es una rama de conversaciones, con que frecuencia se marcan, amistades en común, políticos, abogados; pero si no tienes una red de vínculos, es decir, una causa probable, no puedes hacer un muestreo”.
Enfatizó que el mandatario estatal confesó abiertamente tres cosas: que espía a sus elementos, que no confía en ellos, ni tampoco en el control de confianza. Ligó la situación con los sueldos de 32 mil pesos que presumió el gobernador, pero señaló que sólo son para jefes regionales, escoltas o gente cercana al poder, y subrayó que si los sueldos realmente fueran por ese monto para los policías de a pie, difícilmente serían cooptados por la delincuencia.
Sobre la vía que tienen los uniformados para proteger su privacidad, señaló que no es la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la que puede solucionar, incluso la calificó como “un elefante blanco que no sirve para nada”.
Indicó que la ruta correcta si un policía se da cuenta de alguna intervención telefónica, sería por la vía penal o de responsabilidades, recurriendo a una orden de amparo en el caso de una orden de aprehensión, por ejemplo, sin embargo hacerlo sería aventar o ir delante la presunción, pues por qué tendría que ampararse el espiado si no ha hecho nada.
Añadió que si bien la intervención de llamadas y comunicaciones no es legal, es una práctica común en todo el mundo al interior de las corporaciones policiacas con el objeto de detectar infiltraciones del crimen organizado. Explicó que si bien anteriormente sólo instituciones como el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) realizaban ese tipo de prácticas, los avances tecnológicos permiten que ahora instituciones estatales puedan hacerlo.
Cabe recordar que el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, declaró en rueda de prensa que realizaba un muestreo de llamadas telefónicas de policías para evitar que el crimen organizado se inmiscuya con efectivos de las corporaciones policiacas.