Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- En Michoacán, el Registro Civil estará obligado por ley a entregar la primera copia certificada del acta a las niñas y niños, inmediatamente después de su nacimiento, mientras estén en los centros de salud, éstas serán tanto en formato físico como digital, ya que así fue aprobado este miércoles en sesión del Congreso local.
El Dictamen de la propuesta presentada por la diputada del Revolucionario Institucional (PRI), Daniela de los Santos Torres fue avalada en el pleno del Congreso para que se reforme la fracción I del artículo 14 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán a fin de que tanto el Ejecutivo como el Registro Civil deberán garantizar la inscripción de manera inmediata para que los menores obtengan la copia certificada del acta de nacimiento en un mismo acto administrativo, que se realiza durante la estancia en el hospital público o privado en el que nació la niña o el niño.
También se indica en la propuesta de ley recién aprobada, que las autoridades responsables impulsarán los convenios necesarios a efecto de prestar el servicio de registro de nacimiento y expedición de las actas respectivas en todos los establecimientos de salud públicos y privados que operen en la entidad.
Además, de que será el Registro Civil de Michoacán el que prestará el servicio de registro y entrega de actas de nacimiento utilizando los medios electrónicos disponibles.
Los diputados de las Comisiones Unidas que elaboraron el Dictamen, señalaron que dicha reforma se traduce en la inmediatez de garantizar desde el minuto uno de su vida el ser reconocido con un nombre, una nacionalidad y una familia, la protección de este derecho trasciende a lo largo de la vida de las personas, salvaguardando otros derechos como por ejemplo el Derecho a la educación o el Derecho a la salud.
De acuerdo al último estudio publicado por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), solamente 38.3 por ciento de las niñas y niños de Michoacán son registrados durante los dos primeros meses de vida, con lo que más del 60 por ciento estarían fuera de la protección que marca la ley vigente.