Las denuncias por actos de corrupción por parte de servidores públicos se incrementaron en 20 por ciento en el último año, lo que ha originado que 173 funcionarios hayan sido investigados, 83 de los cuales son trabajadores del Poder Ejecutivo de la pasada administración.
Así lo detalló Alejandro Carrillo Ochoa, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en su cuarto informe de actividades, donde destacó que también recibieron denuncias contra tres servidores del Poder Legislativo, 14 del Poder Judicial, 17 pertenecientes a organismos autónomos y 56 de ayuntamientos.
Son siete las personas físicas que están siendo investigadas, mientras que el tipo de delitos cometidos son el uso ilícito de facultades, abuso de autoridad, cohecho, negación de servicios, peculado, entre otras.
En el periodo que va de abril de 2021 a marzo de 2022 se acumularon 235 carpetas de investigación, de las cuales en 52 no se llevó a cabo ejercicio de acción penal y en siete se optó por el mecanismo alternativo de control de controversia, mientras que son 19 las carpetas que ya están judicializadas.
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A través de dichos mecanismos de solución se han recuperado 410 mil pesos, mientras que la Policía de Investigación logró la devolución de 64 vehículos. En cuanto a la reparación del daño que se integra en el nuevo sistema penal, se han resarcido 25 millones de pesos en el último año.
El fiscal precisó que todas las investigaciones de funcionarios estatales son de pasadas administraciones y no tiene ninguna de la actual. Además, dejó ver que ya hay una denuncia contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo por ejercicio ilícito de atribuciones, pero no quiso dar más detalles para salvaguardar el debido proceso y la presunción de inocencia.
