El hasta ayer titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Martín Godoy Castro, llegó al estado de la mano del excomisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.
Fue designado como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado por el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa el 17 de enero de 2014 en un primer periodo, y ratificado por Silvano Aureoles Conejo al iniciar su administración pese a los reclamos desde distintos frentes por frenar el poder que acumuló la gente de Alfredo Castillo.
Godoy Castro trascendió dos administraciones estatales y tres gobernadores pese a las constantes críticas que recibía por su desempeño y reiterados señalamientos de violaciones a derechos humanos, algunos traducidos en recomendaciones que no fueron atendidas.
El grupo que llegó con el extitular de la SSP es conocido como “Los chilangos”, mote que los mismos elementos de la Policía Michoacán les dieron a los subalternos de Martín Godoy, en alusión a haber sido colocados por Alfredo Castillo, y a quienes los mismos policías estatales acusaron de abusos e impunidad en reiteradas ocasiones.
Las matanzas de La Ruana, el 16 de diciembre de 2014 donde fallecieron 11 personas; la de Apatzingán, el 6 de enero de 2015, donde murieron nueve y la de Tanhuato, el 22 de mayo también de 2015 que tuvo un saldo de 43 muertos, 11 de ellos con signos de tortura, dejaron la duda de si su trabajo era procurar justicia o encubrir abusos de autoridad, tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas no sólo por sus subalternos sino por otras corporaciones tanto estatales como federales.
De acuerdo con los informes anuales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, la PGJE registró 677 quejas, siendo la puntera entre las instituciones con quejas por violaciones a derechos humanos, muy por encima de las 454 que tuvo la SSP. De septiembre 2016 a agosto de 2017, la PGJE tuvo 493 quejas, apenas por debajo de las 458 que obtuvo la SSP. De septiembre de 2017 a agosto de 2018, las quejas de la PGJE bajaron a 402.
EL FANTASMA DE LA TORTURA
Las denuncias por tortura se dispararon en sus primeros dos años al frente de la PGJE en un 140%. Entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, la CEDH recibió 64 denuncias por presuntos hechos de tortura cometidos por funcionarios de la PGJE, principalmente policías ministeriales.
Pasó un periodo de reposo para Godoy Castro cuando presentó su renuncia a la PGJE para dar paso a la designación de Adrián López Solís como primer fiscal general del estado; sin embargo, volvió a la administración silvanista el 1 de abril pasado, pero ahora para hacerse cargo de la SSP.
Apenas hace un mes el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, se separó del cargo para facilitar las averiguaciones sobre presuntos actos de tortura cometidos en contra de uno de los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Godoy Castro nombró a Ricardo Delgado Castellanos como subsecretario de Seguridad Pública luego de la dimisión de Gómez Arrieta, esto a pesar de que la recomendación 004/2019 le involucraba en un caso de presuntos tratos crueles, inhumanos y degradantes, situación que Godoy Castro desestimó y salió a defender el nombramiento.
“NUNCA APOYÓ A LAS VÍCTIMAS”: FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
La noticia de la muerte de Godoy Castro se confirmó mientras familiares de desaparecidos se manifestaban frente a Palacio de Gobierno. El Sol de Morelia pidió su opinión del trabajo que realizó el ahora occiso cuando estuvo al frente de la Procuraduría y la respuesta fue que, si bien lamentan su muerte como ser humano, como funcionario no lo extrañarán, pues nunca se sentó a escuchar a las víctimas de este fenómeno.
“Para nosotros su actuación fue deficiente en todo momento, nunca apoyó a las víctimas, nunca se sentó a revisar los casos, a ver que hubiera investigaciones diligentes, a seguir líneas de investigación. Como seres humanos lamentamos su deceso, pero como funcionario creo que no nos va a hacer falta. Es triste que alguien muera sin trascender”, declaró Laura María Orozco, de Familiares Caminando por Justicia.
Señaló la activista que Godoy Castro nunca buscó un acercamiento y cuando los familiares de desaparecidos lo buscaron no le interesó tener un diálogo para resolver la situación de los desaparecidos.
“Todos los casos que Familiares Caminando por Justicia tiene son carpetas que han sido archivadas, suspendidas, que no se sigue línea de investigación. Nosotros haremos acciones para presionar que se abran esas investigaciones y que salgan adelante”, añadió.
Agregó que Familiares Caminando por Justicia atienden al menos 200 casos de desapariciones, pero subrayó que hay una cifra negra de casos que no se denuncian por temor, y se espera que disminuyan las denuncias luego del asesinato de Zenaida Pulido, hecho que toman como un claro mensaje para inhibir la denuncia.
