Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), autorizó en abril de este año una modificación a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), permiso que la desarrolladora de Altozano obtuvo desde 2007 y que incluye tala de bosque y cambio de uso de suelo. Sin embargo, la modificación está sujeta a una serie de condicionantes que de no cumplirse impedirán que se continúe con trabajos de excavación para construir caminos urbanos.
En una doceava etapa, los empresarios de esta zona ubicada al sur de Morelia pretenden urbanizar 45 hectáreas de bosque, de las cuales unas 15 serán accesos que implican el derribo inmediato de árboles.
Luego de que en redes sociales se dieran a conocer videos en los que se observan maquinarias pesadas que derrumban árboles de pino y encino a la altura de Jesús del Monte, el presidente del Consejo Estatal de Ecología (Coeeco), Vicente Estrada Torres, envió una carta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para alertar que se están abriendo caminos de 15 y 20 metros de ancho sin la marca correspondiente de un prestador de servicios forestales.
En la misiva, de la cual este medio posee una copia, se añade que dichas labores podrían constituirse en tala ilegal, además de que la maquinaria utilizada daña los alrededores sin la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en los límites del fraccionamiento Altozano y los ejidos de Jesús del Monte y San Miguel del Monte.
Denuncian que se están abriendo zanjas para meter tuberías para luz y agua bajo la inacción del ayuntamiento municipal, de quien exigen investigar si autorizó cambio de uso de suelo, lo cual no es su atribución según la Ley Forestal Sustentable.
La misiva también fue enviada al secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López; al procurador ambiental Arturo Chávez Carmona; al titular de la Comisión Forestal, Rosendo Caro Gómez y a la Fiscalía General del Estado (FGE) en su división de delitos ambientales.
Se sabe que la empresa a cargo del desarrollo habitacional en Altozano cuenta con una MIA otorgada en 2007 y que justo ahora cumple su última etapa. Sin embargo, Estrada Torres argumenta que no hay transparencia en los trabajos realizados, pues hasta el día de hoy nadie conoce los términos del permiso otorgado hace 15 años. Al recibir denuncias ciudadanas y de organizaciones medioambientales, los integrantes de Coeeco recorrieron la zona donde constataron que unas 15 máquinas excavadoras abren caminos en medio del bosque, donde terminan las viviendas.
“Aquí lo relevante es saber si la Semarnat tiene la MIA y el cambio de uso de suelo de forestal a urbano, porque eso es solo atribución federal. El secretario del Medio Ambiente dice que el fraccionamiento está en su última etapa, que cuentan con los permisos, pero repito, eso no es atribución del estado”.
El presidente del Coeeco exige que alguien “detenga las ambiciones de los dueños de Altozano, pues ya se habla que abrirán otros mil 200 lotes, con lo que se van a devastar más de 100 hectáreas. Dicen que están cambiando los pinos que se encuentran en la zona a otras áreas, pero yo quisiera que nos demuestre cómo hace eso y con permiso de quién”.
Lamenta que, en el sur de la capital, donde se ubican las recargas de los mantos freáticos, haya tala sin control, lo mismo que en otros puntos similares como el Cerro del Águila, el Punhuato y el Quinceo, donde abiertamente se venden lotes fraccionados.
Solicitaron modificar la MIA
El titular de la Secma, Alejandro Méndez López, aceptó que la desarrolladora de Altozano les presentó el año pasado una solicitud de modificación a la MIA, la cual fue aprobada con algunas condicionantes, sobre todo a la obtención de permisos para remover el arbolado con el propósito de preservar especies en peligro de extinción contempladas en la Norma 059.
Méndez coincide en que sí hay un daño al medio ambiente en tanto que se talarán hectáreas para la venta de 900 lotes, pues se trata de un desarrollo habitacional de densidad media. Señala que técnicamente sí es posible remover árboles a otra zona para que las especies animales no pierdan por completo su hábitat, pero es una acción que la empresa anunció la semana pasada ya de forma extemporánea, sin tener el permiso de la Semarnat.
“Estamos en el terreno de los permisos, los cuales están dados desde 2007, lo que incluye el cambio de uso de suelo, pero nos corresponde revisar que no haya daños mayores al equilibrio ecológico”, dijo el funcionario, quien está a la espera de las resoluciones de las procuradurías a nivel federal y estatal.
Proam ya hizo primera revisión
El procurador del Medio Ambiente en el estado, Arturo Chávez Carmona, señaló en entrevista que la semana pasada se realizó una visita a la zona y se pidió a la empresa que entregue las evidencias que cumplan con las condicionantes que impuso la Secma. Si del 100 por ciento de ellas no se cumple al menos con el 80, entonces procederán a clausurar los trabajos, lo cual podría ocurrir este mismo lunes.
El proyecto en la zona de Altozano ha incluido desarrollos como el campus del Tec de Monterrey y el campo de golf, así como el centro comercial y desde luego los fraccionamientos de vivienda. Ahora están por cumplir su etapa número 12 que, a decir de Chávez Carmona, impactará a 45 hectáreas y no a 100 como lo afirma Coeeco. “Las evidencias nos las hicieron llegar en un disco compacto y será este lunes cuando definamos si hay algún motivo para la clausura de las obras, pero todo será conforme a derecho”.
Por último, negó que los trabajos ya emprendidos lleguen a las zonas de la Loma de Santa María y Pico Azul, pues son polígonos que están muy retirados.
Independientemente de la documentación con la que cuente la desarrolladora de Altozano, es un hecho que 45 hectáreas de bosque serán vendidas en lotes a particulares, para lo cual de inicio se van a derribar 15 hectáreas de árboles para la construcción de caminos y eventualmente los dueños de esos predios tendrán la opción de retirar el arbolado para levantar sus casas.
