Morelia, Michoacán (OEM- Infomex).- Indígenas que permanecen recluidos en el penal de Mil Cumbres reconocen que han sufrido vejaciones desde que fueron detenidos por la autoridad judicial. En su mayoría, desconocen los protocolos de los derechos humanos y cuando los hacen valer son torturados sólo por no responder en español a las indagaciones que hacen los elementos de seguridad al detenerlos.
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Eliseo N., preso en el penal de Mil Cumbres hace cuatro años, narra que él, como muchos de sus compañeros, fueron torturados en su detención. “Siempre pasa así porque no podemos responder a los policías en español”. En su caso, el juez segundo acreditó tortura al momento de su detención, a pesar de ello no se le ha dictado sentencia y sigue preso por no encontrar traductores que lo auxilien.
De acuerdo con su testimonio, hay problemas de discriminación en los juzgados porque les exigen que renuncien a sus derechos, ya que los operadores del sistema solo hablan español. “Nos piden que firmemos un documento donde desistamos de esa diligencia para poder seguir con nuestro proceso, por eso no nos han juzgado a muchos indígenas”.
También se encuentran con situaciones donde el sistema judicial les dice que no hay presupuesto para contratar a un intérprete, que tienen que venir desde otros estados o regiones. Legalmente les ofrecen 3 mil pesos, aunque hay casos donde vienen desde lejos, así que tienen que pagar pasaje, alimentos y hospedaje a razón de que lo proporcionado no les alcanza para cubrir sus gastos.
Pide que el Estado cumpla con su calidad de garante para los indígenas recluidos y así evitar esta secuela procesal, ya que se necesitan más traductores para ejercer el debido proceso, pero se niega a integrar averiguaciones previas donde se constata que hay violaciones a las garantías individuales.
La misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) omite estos casos porque no tienen los documentos pertinentes. Según la declaración de Eliseo, la Fiscalía niega el papeleo donde se constatan las detenciones y no hay forma de acreditar los abusos y la culpabilidad forzada.
“El trato que nos hacen vivir es un infierno, no lo merece vivir ninguna persona. Vamos a luchar contra este problema, porque no sólo es una situación para nosotros, también la gente que está afuera tiene riesgos de sufrir estos abusos de autoridad”.
El penal de Mil Cumbres recibe indígenas de todo el país y actualmente tiene 180 personas de ocho culturas lingüísticas diferentes; sin embargo, no hay opción para contratar traductores de otros estados y trasladarlos a la entidad.
Ignacio Mendoza, coordinador de los Centros Penitenciarios en Michoacán, refirió que dará las facilidades para que los presos de los pueblos originarios cuenten con todas las condiciones de comunicación adecuadas.
Según sus estadísticas, el 50 por ciento de esta población es purépecha, 24 por ciento mazahuas, 12 por ciento nahuas, 10 por ciento otomíes, dos por ciento mixteco, uno por ciento tepehuan y en menor número prisioneros amuzgos o tzincues.
En entrevista, el comisionado de los Pueblos Indígenas en Michoacán, Miguel Ángel Cuin, detalló que esta institución promueve el desarrollo de las comunidades con programas y proyectos destinados al desarrollo integral y familiar, pero no están relacionados con los procesos judiciales.
De acuerdo con José Rodríguez Hilario, defensor público en Uruapan, cuando un indígena es detenido o está bajo proceso de una investigación judicial, el Instituto de Defensoría Pública les proporciona todas las ventajas para que sean asistidos en todo el procedimiento.
“De todos los asuntos legales que llevamos, apenas el uno por ciento corresponde al sector indígena, especialmente de los purépechas. Yo tengo una certificación por el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana, pero cuando llega un preso que proviene de otro estado o de otro pueblo que no sea indígena, es difícil que tenga un acompañamiento cercano, es el INALI el que debe buscar cómo asistirlos”, aclaró.
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En este contexto, el pasado 11 de enero se dio a conocer que Eliseo Hernández Ramírez y Roberto Adrián Colina Martínez, internos del Centro Penitenciario para Delitos de Alto Impacto, realizaron el trabajo de traducción del primer diccionario jurídico Náhuatl, el cual será publicado por primera vez por el gobierno de Michoacán.
Se trata de un glosario que promete dar a personas indígenas privadas de la libertad herramientas para conocer en su lengua el estatus del proceso que enfrentan y evitar que se violenten sus derechos.
