Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- De acuerdo al estudio más reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y la Asociación Civil Tojil, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción en Michoacán es ineficiente por incumplir con varias de sus obligaciones, al igual que otros 10 estados del país.
Los temas en los que la Fiscalía de Michoacán falla son: la persecución criminal de los delitos de corrupción, los protocolos para seguirlos, la elaboración de sus manuales internos, la normatividad, la capacitación de su personal y la vinculación a procesos de los responsables de las investigaciones.
Sin embargo, su índice de casos judicializados por corrupción es del 13 por cientos que lo colocan entre las cinco fiscalías del país que mejor lo logra, pero a la hora de hacer vinculaciones judiciales para llevar un juicio el porcentaje baja hasta un 12 por ciento, que nuevamente lo ponen en el fondo de las mediciones, solo por encima del estado de Nuevo León.
Ambas organizaciones realizan esta evaluación a todas las fiscalías anticorrupción (FA) del país que tienen esta figura basada en peticiones de acceso a la información pública a través de las cuales se generan 64 variables integradas dentro de cinco ejes de análisis: marco jurídico, recursos, capital humano, procesos y resultados y en todos los casos, se comparan los parámetros del año en curso con 2020 y 2021, a fin de evidenciar cambios o tendencias.
En el caso de la FA de Michoacán, la cual forma parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), se observa que no opera con presupuesto independiente, como sí ocurre con Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco y Yucatán.
En 2021 tuvo un presupuesto de ocho millones 476 mil pesos y un año después el recurso se incrementó a nueve millones 475 mil pesos, una diferencia positiva de 11 por ciento.
En la evolución presupuestaria de los cuatro años más recientes, solo hubo una disminución en 2020, pero en todo el periodo ha incrementado 55 por ciento.
En el comparativo nacional, la FA del estado es de las que menos dinero recibe, solo superando a Tamaulipas, Aguascalientes, Guerrero, Zacatecas, Tabasco, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí.
El informe del IMCO refleja sin emabrgo que el hecho de tener más presupuesto en 2022 respecto al año anterior, no significó que lo usen bien.
Michoacán reprueba en todos los indicadores evaluados por el Imco: independencia presupuestaria, adquisición de inmuebles, adquisición de vehículos, adquisición de equipos de cómputo y mobiliario, así como el de un software de gestión.
La fiscalía local obtuvo una calificación “regular” en el nivel de cumplimiento de su marco jurídico. En dicho desglose, se observa que solo cumplió con las variables de fundamento legal, autonomía, catálogo de delitos anticorrupción, ley orgánica y organigrama.
En cambio, en las solicitudes de acceso a la información no hubo respuestas positivas para transparentar el reglamento interno, manual de procedimientos, así como los protocolos en diversas materias de investigación, audiencias, protección de testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, además de no informar sobre casos de corrupción al interior de la dependencia.
En todo el país, la única FA calificada con un nivel satisfactorio en su marco jurídico es Querétaro, mientras que una decena de estados reprueba la evaluación.
El Imco y Tojil señalan que en Michoacán y en el resto de las FA se carece de protocolos, manuales o normatividad para que su personal realice las audiencias del procedimiento penal, “aun cuando las distintas etapas involucran la actuación de servidores públicos en audiencias”.
En ese sentido, afirman que la falta de este tipo de instrumentos normativos “puede afectar el desempeño de los servidores públicos durante las audiencias y evitar la correcta resolución de los casos”.
En cuanto a la calidad y la cantidad de personal asignado a la Fiscalía Anticorrupción del estado, el informe da una calificación “deficiente” tomando en cuenta los perfiles de ministerios públicos, peritos, policías de investigación, analistas y oficiales ministeriales, de los cuales se evalúa el nivel de escolaridad, la capacitación y si son trabajadores de base o de confianza.
El análisis detallado da cuenta que en Michoacán no todos los peritos ni los analistas cuentan con licenciatura; hay oficiales ministeriales que no han concluido su bachillerato, mientras que a ministerios públicos, analistas y policías les falta capacitación.
En cuestión de números, la fiscalía local tiene siete MP y cuatro policías. En 2020, los primeros investigaron 13 casos y los policías tuvieron 34 casos.
El informe precisa que al analizar la carga laboral promedio, “es posible identificar que entre 2020 y 2022 seis FA disminuyeron la carga de trabajo de los policías: Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala.
En contraste, en las FA de Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca esta carga aumentó”.
Donde sí se cuenta con una calificación satisfactoria es en la integración de los procesos, donde se miden indicadores como el esquema organizacional, investigación, medios de denuncia, el carácter de la víctima y la plataforma informativa.
Resultados adversos
En el nivel de cumplimiento de resultados en 2022, la FA michoacana está en el grupo de las entidades deficientes, mientras que solo Coahuila tiene un índice calificado como satisfactorio.
Más aún, en la comparativa con lo presentado hace dos años, esta área (de resultados) reprueba junto a un pequeño grupo donde también están Colima, Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.
Las variables que se toman en cuenta son las investigaciones determinadas a través de acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad, no ejercicio de la acción penal o judicialización.
También se toman en cuenta los casos judicializados, la vinculación a proceso, causas penales con sentencias condenatorias, entre otras.
La relación de investigaciones judicializadas respecto a las iniciadas es de 13 por ciento en la entidad, lo que la coloca en la quinta posición nacional.
Sin embargo, de las carpetas judicializadas que se obtuvieron vinculación a proceso y que representan un 12 por ciento y solo el caso de Nuevo León es menor, con seis por ciento.
En Michoacán se obtuvieron 17 casos judicializados y solo en dos fue posible la de vinculación a proceso.
En las conclusiones del informe del IMCO y Tojil, se apunta que a nivel nacional las FA “no han logrado consolidarse para que puedan prevenir, investigar y, en su caso, sancionar penalmente a las y los responsables de cualquier hecho de corrupción”.
Para la presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) Elizabeth Vázquez Bernal, uno de los puntos más urgentes que se deben atender es el de la autonomía financiera de la FA, pues actualmente los recursos anuales son asignados de manera directa por la Fiscalía General del Estado, lo que le resta margen de maniobra y plena independencia.
En entrevista, detalla que son los integrantes del congreso del estado los que primero eligen una terna de candidatos derivada de una convocatoria abierta y finalmente palomean al fiscal en turno, tras un proceso de evaluación, como ocurrió con el actual titular del área, Alejandro Carrillo Ochoa.
“Uno de los principales retos de la Fiscalía Anticorrupción es lograr su autonomía presupuestal, es de los aspectos donde se debe poner atención porque en su más reciente informe reconocen que tienen muy poco personal: pocos ministerios públicos, pocos policías y pocos peritos en todo el estado”, apunta Vázquez Bernal, quien además hace hincapié en que hay dificultades para tener presencia en los 113 municipios.
La titular del Comité de Participación Ciudadana reconoce que a la Fiscalía Anticorrupción se le han dado pocas herramientas para que pueda cubrir las necesidades que existen, como la carencia de personal calificado. Sobre ese asunto en particular, subraya que no existen perfiles especializados en combatir la corrupción, sino que agentes, peritos o policías de otras áreas de la FGE son canalizados de manera temporal a esas tareas.
En contraparte, dice que Michoacán es de los pocos estados donde la ley permite la denuncia anónima, existe una cartilla anticorrupción y un sistema de denuncia electrónica, así como la posibilidad de la investigación de oficio, lo que por ejemplo permitiría abrir investigaciones basados en reportajes periodísticos sobre el tema.
La aspiración es que al menos se igualen los modelos de estados como Coahuila, Querétaro y Quintana Roo, “fiscalías que son reconocidas por las organizaciones de la sociedad civil porque entre otras cosas tienen mecanismos de difusión para que los ciudadanos sepan cómo se presenta una denuncia por corrupción”.
Finalmente, adelanta que a mediados de diciembre la FA en conjunto con el SEA y la Secretaría de la Contraloría lanzarán el Sistema Estatal de Denuncia Electrónica, lo que convertirá a Michoacán en el primer estado en todo el país que empalma esa plataforma con el Sistema Nacional Anticorrupción.
