Morelia, Michoacán (OEM Infomex).- Aunque la legislación en Michoacán está homologada con normativas internacionales y nacionales para brindar igualdad entre mujeres y hombres, aún faltan recursos para que las leyes cuenten con estructura que les permita ser aplicadas; lo anterior sumado con la falta de perspectiva y capacitación del personal, obstaculiza el acceso de la justicia para mujeres.
“Muchas veces nos enfrentamos a que las mujeres que llegan a interponer sus denuncias son canalizadas a otro lado, las tratan mal, las revictimizan. Hay ciertas limitativas que hemos visto en los centros de justicia que no garantizan que las mujeres se sientan seguras, mucho menos que puedan acceder a un juicio y que puedan tener acceso a la justicia de forma igualitaria”, indicó en entrevista a este medio Maricela Montero, abogada y feminista.
En Michoacán existen sólo dos instalaciones del Centro Integral de Justicia para las Mujeres (CJIM), uno en la capital, Morelia, y otro recientemente inaugurado en Uruapan, cuya principal función es apoyar a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia.
“Tendrían que existir más. La normativa dice que tienen que ir creando a partir de las fiscalías regionales (…) Debería de haber por lo menos en Zamora, en Lázaro Cárdenas y uno en la región purépecha como mínimo; y además de que existan que estén capacitados”, agrega Montero.
A inicios de enero el 2020 solo existían 40 de estos centros en todo México, luego de que en 2010 fueran creados por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Estos espacios deben garantizar el acceso a la justicia con atención legal, médica, psicológica, además de proyectos de empoderamiento económico. También tendrían que contar con espacios de ludoteca y refugio temporal.
“Los centros tienen que seguir activos. Aunque por ahora son una medida precautoria, desde los tratados internacionales que México ha firmado su finalidad es esa, pero más que nada es la prevención”, señaló por otra parte Fernanda Serrato López, abogada e integrante de Defensoras Digitales.
En Michoacán ambos están localizados en dos de las principales urbes de la entidad; sin embargo, tienen un universo de atención del 51.43 por ciento de la población de cuatro millones 748 mil 846 personas, es decir al menos a dos millones 442 mil 505 mujeres.
Si bien, hasta el momento los legisladores siguen trabajando en la creación de instrumentos en diversos ámbitos, con la intención de asegurar a la mujer una vida sin discriminación y con igualdad de derechos, estos siguen cortos para aplicarse en el día a día de las necesidades de este sector.
Avance, sólo de papel
El 14 de noviembre de 1974 se aprobó la reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) aunque fue hasta el 31 de diciembre de ese año que se decretó. Dicha reforma reconoció que “El varón y la mujer son iguales ante la ley” con lo cual concedió la igualdad de derechos y obligaciones para ambos géneros.
Además, los derechos políticos de las mujeres fueron reconocidos en 1953 debido a que la ONU le recomendó a México hacerlo pues mientras tanto no podía considerarse un país democrático si la mitad de su población no tenía derecho al voto.
Aun cuando legalmente la mujer cuenta con el reconocimiento y el apoyo legislativo, en la cotidianidad ellas luchan por romper los estereotipos y roles que la sociedad les impone desde la niñez.
“Si lo vemos en papel puede que suena muy bonito, pero en la práctica no es así. Una de las principales observaciones que le podemos hacer a las leyes es, por ejemplo, que el permiso de maternidad es para las mujeres solo de tres meses”, acusa Maricela Montero, lo que provoca que las tareas de la maternidad recaigan en las mujeres.
Serrato López puntualiza que las reformas a las leyes no son “más que una recompensa por los derechos que no se les han podido garantizar a las mujeres”, además sentencia que “no existe igualdad jurídica”.
“Muchas políticas que existen tampoco benefician a las mujeres indígenas, con discapacidad u otras minorías. Necesitamos que desde la misma ley ya esté estipulado como en materia constitucional como lo dice en el artículo 4”, explica la abogada.
