Morelia Michoacán (OEM-Infomex).- Cerca de mil millones de pesos han sido obligados a pagar, seis exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración, incluidos tres exsecretarios de la dependencia que fueron sancionados, de acuerdo al Reporte de Servidores Públicos Sancionados en el Estado de Michoacán, actualizado este año por la Contraloría estatal.
Por desvíos de recursos, malos manejos financieros u omisiones, quienes fueran servidores públicos de los gobiernos de Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Salvador Jara Guerrero y Silvano Aureoles se encuentran multados y también están inhabilitados para ejercer otro cargo público.
Son 992 millones 664 mil pesos los que han reintegrado al erario público, lo que representa más del 90 por ciento del recurso de sanciones económicas emitidas en la presente administración estatal.
Miguel López Miranda, Marcela Figueroa Aguilar, Stefany Berenice Carreón Reyes, Ramón Gustavo Ramos Díaz, Mirella Guzmán Rosas y Gerardo Campos Valencia son los exfuncionarios cuyas multas suman casi mil millones de pesos.
López Miranda fue inhabilitado por ocho años y su sanción fue de 572 millones 15 mil pesos. Él era secretario de Finanzas de Michoacán mientras Salvador Jara Guerrero se desempeñó como gobernador interino, tras los problemas de salud de Fausto Vallejo Figueroa en el periodo 2014-2015.
Su multa fue por negligencia administrativa y por violación de leyes y normatividad presupuestal, de acuerdo al Reporte de Servidores Públicos Sancionados en el Estado de Michoacán, actualizado este año por la Contraloría estatal. El extesorero del gobierno interino de Jara Guerrero fue inhabilitado de 2019 a 2027, tras ser notificado en noviembre de 2019.
Marcela Figueroa Aguilar también fue titular de la dependencia que administra el recurso del gobierno del estado; en este caso, fue asignada por el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa. En la Secretaría de Finanzas previamente se desempeñó como directora de Administración de Fondos y Valores, y en ambos cargos hubo señalamientos de manejos irregulares del recurso.
La exfuncionaria fue obligada a reintegrar 234 millones 98 mil pesos por malos manejos señalados en la auditoría y por negligencia administrativa. Ello también le costó ser inhabilitada de 2019 al 2024.
Otra multa, pero de 100 millones 175 mil pesos, fue para Stefany Berenice Carreón Reyes, quien se desempeñó como directora de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas de mayo a noviembre de 2015, con el aún gobernador Silvano Aureoles Conejo. Fue notificada en junio de 2016 y su inhabilitación es por dos años, de 2020 a 2022.
Ramón Gustavo Ramos Díaz, quien también fuera director de Administración de Fondos en la dependencia estatal, pero con Fausto Vallejo, fue sancionado por 37 millones 353 mil pesos, mismos que reintegró tras ser notificado en enero de 2017. Adicionalmente fue inhabilitado de desempeñar cualquier cargo público de 2019 al 2024.
La exsecretaria de Finanzas durante el gobierno de Leonel Godoy Rangel (2008-2012), Mirella Guzmán Rosas, fue obligada a reintegrar 29 millones 246 mil pesos y se encuentra inhabilitada de 2019 a 2025. La extesorera por quien el ahora morenista llegó a declarar que “metía las manos al fuego”, fue notificada por la Contraloría en diciembre de 2016.
Para Gerardo Campos Valencia la sanción fue de 19 millones 775 mil pesos y la inhabilitación de 2019 a 2022. Él ocupó el cargo de director de Administración de Fondos en la Secretaría durante el gobierno de Fausto Vallejo, y tras las auditorías se encontró que hubo negligencia administrativa y violación a las normas y leyes presupuestales.
El contralor estatal, Francisco Huergo Maurín, prefirió no ahondar en los casos de los exfuncionarios que aparecen en el reporte público de las inhabilitaciones y sanciones en Michoacán, considerando que lo importante es que se aplique la ley, se sancione sin dinstingos partidistas y sin un afán de perjudicar personalmente a nadie.
Destacó que en su enconmienda ha tenido la libertad de aplicar las sanciones e inhabilitaciones sin ninguna amenaza ni presión política de nadie, lo que ha permitido que se hayan resuelto mil 316 expedientes, de 2018 a la fecha; mientras que en años pasados se atendían 50 por año.
“Cuando llegué a la Contraloría había casos de 2010, 2011, que no tenían una resolución, estaban arrumbados (…) Había 3 mil expedientes inactivos”, compartió en entrevista.
Tras desempolvar los expedientes y emitir resoluciones se han recuperado mil 50 millones de pesos y hay 450 millones más que están en camino de ser reintegrados a las arcas públicas.
Dicho recurso deviene de sanciones a 32 servidores públicos de distintas administraciones estatales, de diferentes dependencias y con distintos cargos, siendo la Secretaría de Finanzas la que acapara la gran mayoría de multas e inhabilitaciones.
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